Condenaron a un empresario que aplastó con una topadora a pingüinos en Punta Tombo

El empresario Ricardo La Regina fue condenado este miércoles a tres años de prisión en suspenso tras ser hallado culpable de delitos de daño agravado y crueldad animal en el entorno natural protegido de Punta Tombo. La decisión fue tomada por mayoría en el tribunal conformado por los jueces Carlos Richieri, Eve Ponce y Laura Martin, quienes determinaron la condena en el marco de un caso que generó amplio interés público y destacó por el impacto ambiental de los hechos juzgados.

La Regina fue procesado por una serie de acciones ocurridas entre agosto y diciembre de 2021. Según se probó durante el juicio, utilizó una retroexcavadora para abrir un camino desde su estancia Punta Clara, ubicada en terrenos linderos al área protegida Punta Tombo, hacia el mar. En el proceso, desmontó vegetación autóctona y colocó un cerco electrificado, afectando la fauna local y destruyendo nidos de pingüinos de Magallanes, una especie emblemática de la región.

El tribunal lo declaró culpable la semana pasada, en una audiencia en la que se determinó su responsabilidad en los hechos, pero dejó pendiente la fijación de la pena. En paralelo, el empresario fue absuelto por unanimidad del delito de crueldad animal en relación con acciones atribuidas entre el 10 y el 14 de septiembre de ese mismo año.

Masacre de Pingüinos en Punta Tombo: detalles de la sentencia

La pena de tres años de prisión en suspenso implica que La Regina no cumplirá tiempo en prisión efectiva, pero deberá acatar una serie de restricciones y obligaciones impuestas por el tribunal. Estas incluyen:

• Fijar y mantener actualizado su domicilio.
• Prohibición de transitar con vehículos de gran porte por caminos cercanos a la zona afectada o en áreas sensibles del ecosistema protegido.
• Prohibición de realizar obras o mejoras en su propiedad sin contar con autorización provincial y sin un informe de impacto ambiental que garantice la preservación del ecosistema.

Además, el fallo ordenó el secuestro de la retroexcavadora utilizada por La Regina, una medida que busca evitar la repetición de acciones similares en el futuro.

Obligación de restauración ambiental

Otra de las disposiciones clave de la sentencia establece que el empresario deberá colaborar activamente en tareas de restauración y conservación ambiental. Esto incluye permitir el ingreso de organismos estatales a su estancia Punta Clara para ejecutar medidas destinadas a recomponer el ecosistema afectado.

El tribunal también encomendó al Estado provincial la inmediata intervención para determinar las medidas necesarias para proteger las áreas dañadas. Esta evaluación deberá identificar las zonas específicas a preservar, las hectáreas afectadas y las acciones concretas que garanticen la custodia del medioambiente.

El Estado provincial tendrá un plazo inicial de 60 días para informar al tribunal sobre las medidas adoptadas y los avances en la restauración ambiental. Posteriormente, deberá presentar informes cuatrimestrales durante un período de tres años. La Regina, por su parte, deberá facilitar el acceso a los organismos designados y prestar la colaboración requerida.