• 28/12/2024

Causa Seguros: reprograman la declaración indagatoria de Alberto Fernández

La declaración se pospuso una semana. Lo decidió el juez Julián Ercolini ante un pedido de postergación de la fiscalía. Los motivos de la solicitud
11/11/2024 - 14:57hs
Alberto Fernández

La declaración indagatoria al expresidente Alberto Fernández en la causa Seguros se reprogramó para el próximo miércoles 27 de noviembre a las 10, según resolvió el juez federal Julián Ercolini, ante un pedido de postergación de la fiscalía por razones de agenda.

De esta manera la citación inicial para el 20 de noviembre quedó sin efecto y la ronda de indagatorias comenzará una semana más tarde.

Para el 28 de noviembre quedaron citados el imputado "broker" de seguros Héctor Martínez Sosa y su esposa y ex secretaria privada del ex presidente María Cantero.

Fernández tendrá que presentarse el próximo miércoles 27 de noviembre a las 10 en los tribunales federales de Retiro, por primera vez en calidad de indagado desde que dejó la Presidencia.

A los acusados se les imputa "haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en ´NACIÓN SEGUROS S.A.´".

Para ello, "una parte de los nombrados, con la connivencia de Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora ´NACIÓN SEGUROS S.A.´", detalla la imputación.

También, "en la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de ésta. La maniobra habría requerido de la intervención intencional de funcionarios públicos de ´NACIÓN SEGUROS S.A.´ y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión".

"Según los casos, de modo impuesto o acordado, directa o indirectamente o por actos simulados, habrían mostrado interés para un propio beneficio o de terceros, en la designación irregular o informal de productores, organizadores y másters e, incluso, de coaseguradoras privadas, con la consecuente incorporación en las pólizas y liquidación de dividendos en favor de dichos particulares por parte de ´NACIÓN SEGUROS S.A.´", agregó.

Toda esta operación "habría dado lugar a que gran parte de aquellas contrataciones, fuera necesario o no, contasen con la intervención de personas físicas o jurídicas que actuaron como intermediarios bajo las figuras de productores, organizadores y másters, destacando que muchos de ellos no habrían cumplido función alguna como contraprestación por las elevadas comisiones que les eran liquidadas".

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Entre ellos están los también citados a indagatoria Héctor Martínez Sosa, Pablo Torres García y Oscar Castello y en todos los casos las citaciones se postergaron.

El primero de ellos es esposo de la ex secretaria privada de Fernández, María Cantero, "quien poseía un lugar de privilegio" porque era "la secretaria histórica" del ex presidente, "luego devenida en secretaria presidencial y sin que existieran procesos de selección alguno", puntualizó el juez.

"Corresponde señalar que a Martínez Sosa lo uniría una íntima y añeja amistad con Fernández, además de su relación con la secretaria presidencial Cantero, y habrían existido numerosos obsequios y préstamos de los miembros de la pareja para con el entonces presidente de la Nación, entre ellos dinero, joyas y el uso de inmuebles por parte de empleados de ambas partes", advirtió el juez.

La investigación está a cargo del fiscal federal Carlos Rívolo y Fernández está imputado además en la causa por violencia de género que le inició la ex primera dama Fabiola Yañez, en el marco de la cual sumó la semana pasada un pedido de citación a declaración indagatoria de la fiscalía, que también tiene que resolver el juez Ercolini.

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Los hechos por los que el juez Julián Ercolini citó a Fernández girarían en torno a la corrupción y administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Con la reglamentación que firmó en 2021, el entonces presidente le exigió a los ministerios, secretarías y organismos que contraten a la aseguradora de su amigo; es decir, que habría propiciado una serie de contrataciones discrecionales con la finalidad de beneficiar a Martínez Sosa.

Pero, ¿cuántos fondos habría sustraído esta aseguradora con estos acuerdos? ¿Fernández se quedó con un porcentaje de ello? Esas son las dudas de las que el juez pretende deshacerse, según precisó en un documento al que tuvo acceso TN: "Se investiga la posible existencia de una organización delictiva que habría operado en la contratación de seguros por parte de diversos entes estatales, en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre la aseguradora Nación Seguros S.A., como así también a la inclusión de empresas coaseguradoras".

En ese sentido, hay dos sumas que se dieron a conocer en los últimos meses de investigación. La primera tiene que ver con las maniobras que destapó el director general del organismo, Osvaldo Giordano, quien fue despedido tras la asunción del presidente Javier Milei; donde únicamente la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) le giraba 20 mil millones de pesos a Nación Seguros de manera anual.

De esta suma, una parte se dirigió a empresas intermediarias como Bachellier, San Ignacio, TG Broker y San Germano. Puntualmente, la investigación develó que se tratan de unos 1.665 millones de pesos en comisiones que se habrían cobrado unas 4 cuatro veces más costosas que su valor real en el mercado.

Entonces, pese a que se dio con varias sumas que habrían sido sustraídas a través de estos contratos, por el momento, no hay un monto final exacto de las pérdidas para el Estado hasta que se realice un seguimiento de todos los ministerios, secretarías y organismos que hayan contratado a Nación Seguros. En ese caso, si es que todos esos acuerdos se dieron en contextos inescrupulosos y sin obtener realmente una contraprestación, la suma ascendería a miles de millones de pesos.

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