EE.UU. rechaza pedido de embargo de activos de YPF realizado por un fondo buitre
El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó ayer a la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que rechace la petición de los fondos de inversión Burford Capital y Eton Park para embargar activos de la empresa argentina YPF como medio de asegurar el cobro de una sentencia de u$s16.000 millones en contra de Argentina. La solicitud del Departamento de Justicia señala que esta medida violaría las leyes de inmunidad soberana de Estados Unidos.
Los fondos Burford Capital y Eton Park demandaron a Argentina en 2015 en relación con la nacionalización de YPF, ocurrida en 2012, por la cual sostienen que el gobierno argentino incumplió con sus obligaciones al no realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de las acciones restantes, conforme a lo estipulado en el estatuto de la compañía.
Luego de que la demanda avanzara en primera instancia, los fondos solicitaron el embargo de aproximadamente un tercio de las acciones de YPF como forma de garantía de pago, en tanto la causa continúa en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. La defensa argentina se opuso a este pedido, lo que impulsó a los demandantes a investigar activos en el extranjero que podrían ser objeto de embargos.
YPF fue expropiada en 2012, en una operación en la que el gobierno de la entonces presidenta Cristina Kirchner adquirió la mayoría accionaria. En ese momento, el gobierno argentino no cumplió con la OPA que exigía el artículo 7º del estatuto de YPF, el cual estipula que cualquier comprador de más del 15% de la empresa debe extender una oferta de compra por el resto de las acciones. Esta disposición se incluyó en 1993, cuando YPF salió a cotizar en la Bolsa de Nueva York. Sin embargo, las autoridades argentinas consideraron que la normativa local de expropiación, que cuenta con estatus constitucional, primaba sobre el estatuto de una empresa, argumentación que fue defendida por el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, en una comparecencia ante el Congreso.
Juicio por YPF: el rol de Burford Capital y Eton Park en la demanda
Burford Capital, un fondo especializado en financiamiento de litigios, compró en 2015 el derecho a reclamar indemnizaciones en el marco del concurso de acreedores de las empresas Petersen, propiedad de la familia Eskenazi, las cuales eran accionistas de YPF.
Estas empresas habían financiado la compra de acciones mediante préstamos, con las acciones de YPF como garantía, y luego cayeron en quiebra al no poder hacer frente a sus obligaciones tras la nacionalización. Por su parte, Eton Park, que era también accionista de YPF en el momento de la expropiación, se sumó al proceso judicial.
Ambos fondos alegan que el gobierno argentino incumplió con el estatuto de YPF y que la falta de una OPA generó un perjuicio a los accionistas.
Postura de Estados Unidos sobre la inmunidad soberana
El escrito del Departamento de Justicia de Estados Unidos se centra en el principio de inmunidad soberana, argumentando que el pedido de embargo de las acciones de YPF registradas en Argentina violaría esta norma.
Las acciones de YPF pertenecientes a Argentina están custodiadas en la Caja de Valores de Buenos Aires, y no en una entidad estadounidense, lo que refuerza el argumento de que el embargo de activos sería inaplicable bajo la legislación de Estados Unidos.
Fuentes oficiales en Argentina revelaron que, antes de la presentación del escrito, la Procuración del Tesoro había contactado al gobierno de Joe Biden para explicar las implicaciones que tendría un embargo de activos en otra jurisdicción.
Impacto de las declaraciones y fallo de primera instancia
En la primera sentencia, la jueza Preska destacó declaraciones de Kicillof en el Congreso en 2012, donde afirmó que el Estado no estaba obligado a cumplir con los estatutos de una empresa privada en el contexto de la expropiación.
La jueza argumentó que esta declaración era una muestra de la falta de intención de Argentina de respetar el marco corporativo bajo el cual YPF fue constituida en Estados Unidos.
En el fallo se hace mención a la frase de Kicillof, donde calificaba de "estúpido" cumplir con las normas que exigían la OPA, lo cual, según el fallo, generó un perjuicio a los accionistas.
Próximos pasos y perspectivas legales
Con la presentación del Departamento de Justicia, el caso pasa ahora a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, donde Argentina buscará revertir el fallo adverso. Desde la defensa argentina, se argumenta que el proceso de expropiación fue realizado en conformidad con la Ley de Expropiación y la Constitución, y que no corresponde aplicar el estatuto de YPF al tratarse de una cuestión de interés nacional. La jueza Preska deberá analizar si el principio de inmunidad soberana prevalece sobre el reclamo de los fondos.
El resultado del proceso de apelación en el Segundo Circuito podría tener implicancias relevantes en la relación entre los principios de inmunidad soberana y el cumplimiento de normas empresariales en casos de expropiación. Si bien el fallo de primera instancia favorece a los fondos demandantes, el apoyo del Departamento de Justicia estadounidense a la postura de Argentina en torno a la inmunidad soberana introduce una perspectiva favorable para el país sudamericano.
Los demandantes consideran que el fallo debería mantenerse en virtud de los principios de seguridad jurídica y cumplimiento del estatuto. En contraste, Argentina sostiene que el interés público que fundamentó la expropiación prevalece sobre los derechos de los accionistas y que la obligación de extender una OPA a los accionistas minoritarios no es aplicable en un contexto de expropiación.
Un fallo definitivo en contra de Argentina implicaría una carga significativa en términos de deuda y podría afectar su relación con los mercados internacionales. La eventual obligación de pago de u$s16.000 millones constituye una presión financiera importante para el país, que ya enfrenta desafíos económicos. Además, este caso podría sentar un precedente para futuras disputas sobre la soberanía de los estados en decisiones de política económica frente a normas corporativas.
En resumen, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado que se respete el principio de inmunidad soberana en el caso de Argentina, una decisión que introduce una nueva perspectiva en el complejo proceso judicial iniciado por Burford y Eton Park. La Corte de Apelaciones tendrá la tarea de balancear los argumentos de ambos lados y definir si la postura soberana prevalece sobre las normativas empresariales en situaciones de expropiación.