Prisión para los piqueteros: el proyecto que el PRO presentó en Diputados

En el marco del paro de transporte del día de hoy, se reflotó la problemática de los piquetes y bloqueos a las empresas. En este sentido, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados se reunió este martes para discutir un proyecto que busca desincentivar los piquetes.

Prisión a piqueteros: ¿en qué consiste el proyecto antibloqueo?

Verónica Razzini, diputada del PRO, es la autora del proyecto y plantea agravar las consecuencias para quienes sean partícipes de tomas o bloqueos de las empresas. En este sentido, se busca tipificar al bloqueo y las protestas extorsivas contra las empresas como delito penal.

La propuesta incluye penas de entre seis meses y tres años y seis meses de prisión. Según está detallado, abarca a quien impidiere, estorbare o entorpeciere el acceso a un comercio, industria o establecimiento de cualquier tipo con el fin de obtener un beneficio para sí o para terceros o causar un perjuicio. También sanciona al sindicato que fomente esta práctica.

La iniciativa contempla que, una vez que se manifieste el bloqueo, la autoridad nacional o provincial más cercana deberá presentarse en el lugar. Luego, deberán presentarse en el lugar, identificar a los participantes e intimarlos hasta dos veces a que retrotraigan sus acciones, dejando cierto tiempo entre cada intimación.

Ante una negativa, si los participantes no se retiran de inmediato luego de la segunda intimación, la autoridad podrá hacer uso de la fuerza para disolverlos. A su vez, las personas afectadas podrán solicitar como medida cautelar un perímetro de exclusión contra los participantes si sospechan que la acción podría repetirse.

Según palabras de la diputada, este problema argentino se ha vuelto muy habitual por parte de los grandes sindicatos, proyectando efectos negativos tanto en los trabajadores como en los empresarios que se ven privados de su medio de subsistencia.

Además, consideró que también perjudican al conjunto de la comunidad, desincentivan la inversión y el empleo en el país. "La ausencia de sancionables legales refuerza la convicción de quienes cometen estas prácticas ilegítimas y tienen impunidad para dañar a terceros, que imponen su voluntad por la fuerza", recalcó.

En esta línea, también consideró que la violencia es un medio inaceptable por el cual estas organizaciones obtienen beneficios ante la inacción de las autoridades constitucionales.

Si bien el proyecto deberá debatirse, de momento, se encuentra vigente el artículo de la Ley Bases que incorpora estas actitudes como despido con justa causa, estipuladas en el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Cabe recordar que, en estos casos, los empleadores pueden presentar una denuncia y gestionar el cese de un empleado que toma estas medidas, sin pagar indemnización. Sin embargo, dicha decisión debe ser resuelta por un juez.

¿Cuáles son los motivos detrás del proyecto del PRO?

Los motivos detrás del proyecto se basan en la experiencia personal de Razzini. La diputada es propietaria de una PyME familiar en Rosario y en 2020 sufrió el bloqueo de dos de sus sedes.

La medida estuvo a manos del Sindicato de Camioneros de Santa Fe y duró tres meses. En ese lapso, según la empresaria, ella y su familia enfrentaron amenazas, agresiones físicas, insultos, intimidaciones (incluso con armas de fuego), entre otras.

Dos años luego del incidente, recibió varios disparos en la fachada de su empresa antes del juicio oral en el que estaban involucrados varios dirigentes que participaron del mencionado bloqueo.

Con base a su mala experiencia, decidió fundar el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) junto a otros empresarios de pymes y en 2023 logró una banca en la Cámara de Diputados. De aprobarse el mencionado proyecto, los sindicalistas que efectúen prácticas extorsivas podrán ser condenados a prisión.