Divorcio exprés: todo lo que tenés que saber sobre el proyecto que el Gobierno envió al Congreso

El Ministerio de Desregulación presentó un proyecto de ley en el Congreso que propone reformas significativas en los procedimientos de divorcio, con el objetivo de acelerar los trámites y permitir que, en ciertas situaciones, se realicen sin la intervención judicial. La iniciativa, encabezada por el ministro Federico Sturzenegger, busca modificar aspectos clave del Código Civil y Comercial de la Nación en lo que respecta a la disolución del matrimonio.

El artículo 1 del proyecto establece la sustitución del artículo 435 del Código Civil y Comercial. Hasta la fecha, las causas de disolución del matrimonio que contempla la ley incluyen:

1. la muerte de uno de los cónyuges,
2. una sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento,  y
3. el divorcio declarado judicialmente.

La propuesta de Sturzenegger añade a esta lista una cuarta posibilidad, que es el "divorcio en sede administrativa", equiparándolo en cuanto a sus efectos al divorcio declarado judicialmente.

Este nuevo mecanismo permitiría a los cónyuges optar por un procedimiento simplificado y más económico, gestionado directamente ante el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, sin necesidad de recurrir a un tribunal. El proceso, que solo podría ser solicitado de manera conjunta por ambas partes, sería llevado adelante por el oficial público del Registro correspondiente al último domicilio conyugal, replicando el mecanismo de mutuo acuerdo que suele regir el matrimonio.

Entre los cambios más notables se encuentra la modificación del artículo 437 del Código Civil y Comercial. En su versión actual, dicho artículo establece que el divorcio debe decretarse judicialmente, ya sea a petición de ambos cónyuges o de uno solo. Sin embargo, la nueva propuesta permitiría que, en casos de mutuo acuerdo, los cónyuges soliciten el divorcio de forma administrativa ante el Registro Civil, eliminando la necesidad de una sentencia judicial.

Las claves del "divorcio exprés" impulsado por el Gobierno

Este proyecto de ley introduce la figura del "divorcio simplificado" o "divorcio exprés", que está diseñado para agilizar el proceso de disolución matrimonial. El principal cambio radica en que ya no sería necesario pasar por el Poder Judicial, lo que reduciría significativamente los tiempos y costos asociados con los divorcios. En lugar de un juicio, los cónyuges que decidan finalizar su vínculo podrán hacerlo directamente en el Registro Civil, siempre que ambas partes estén de acuerdo.

Este enfoque sigue el modelo de varios países que ya han implementado mecanismos similares. El Ministerio de Justicia destacó que países como Brasil, Portugal, Colombia, México, Ecuador, Bolivia, Noruega, Italia, Rumania, Estonia, Letonia y Japón han adoptado procedimientos de divorcio administrativo o notarial, dependiendo del caso. Estas experiencias internacionales son citadas en el proyecto como referencia de cómo un sistema simplificado puede funcionar sin comprometer los derechos de las partes involucradas.

El proyecto también aborda uno de los temores históricos en torno a la flexibilización del divorcio: la idea de que facilitar el acceso al mismo podría debilitar la estructura familiar. Según el Gobierno, si bien la implementación de la Ley 26.994 generó un aumento temporal en el número de divorcios, esto se debió principalmente a que muchas parejas ya separadas formalizaron su situación bajo el nuevo marco legal. Desde esta perspectiva, el divorcio no es la causa de la disolución familiar, sino una solución a situaciones que, de no resolverse, pueden generar conflictos mayores.

Cuál sería el impacto del divorcio exprés en los hijos y en la familia

Uno de los aspectos más controvertidos del divorcio siempre ha sido su impacto en los hijos. Según estudios citados por el Ministerio, los efectos negativos que suelen atribuirse al divorcio no provienen de la separación en sí, sino de la tensión y el deterioro de las relaciones familiares que ya se encontraban en crisis antes de la disolución legal. En este sentido, el proyecto argumenta que facilitar el acceso al divorcio podría, en realidad, reducir el impacto negativo en los hijos al evitar convivencias forzadas en matrimonios disfuncionales.

El Gobierno sostiene que el divorcio simplificado, al permitir una separación más rápida y menos conflictiva, podría mitigar los efectos negativos que suelen darse en procesos de divorcio largos y judicializados. Además, se señala que muchos de los problemas que enfrentan los niños en familias en crisis provienen del conflicto persistente entre los padres, y no necesariamente del hecho de que se formalice la disolución del matrimonio.

A pesar de sus aparentes beneficios, el proyecto no ha estado exento de críticas. Algunos sectores argumentan que un procedimiento administrativo para el divorcio podría banalizar una decisión que, en muchos casos, es de gran trascendencia. Además, la eliminación de la intervención judicial en todos los casos de divorcio podría generar preocupaciones sobre la adecuada protección de los derechos de las partes involucradas, especialmente en situaciones donde no exista un acuerdo mutuo.

El Ministerio de Justicia, por su parte, ha enfatizado que el procedimiento propuesto solo se aplicaría en casos donde ambos cónyuges estén de acuerdo en solicitar el divorcio de manera conjunta. En situaciones donde no haya consenso, seguiría siendo necesaria la intervención judicial.