La Reforma Laboral y su reglamentación: ¿cómo impactan las nuevas reglas en las empresas?

El 25 de septiembre de 2024 se promulgó el Decreto 847/2024, reglamentando los Títulos IV y V de la Ley 27.742, conocida como la Ley de Modernización Laboral. Esta reglamentación introduce cambios fundamentales en el mercado laboral argentino, con el objetivo de incentivar la formalización del empleo y reducir los costos asociados a la terminación de contratos laborales. A continuación, se ofrece un primer análisis de las disposiciones más relevantes de este Decreto y su impacto en el mundo laboral.

Promoción del empleo registrado

Uno de los principales objetivos del Título IV de la Ley 27.742 es la promoción del empleo registrado. En un país donde la informalidad laboral afecta a más del 40% de los trabajadores, este título es una herramienta crucial para reducir la precarización laboral. El Decreto 847/2024 permite a los empleadores regularizar relaciones laborales no registradas o deficientemente registradas en el sector privado, siempre que estas hayan comenzado antes de la promulgación de la Ley.

El decreto condona las deudas relacionadas con aportes y contribuciones no pagadas al sistema de Seguridad Social. Esto incluye tanto el capital como los intereses acumulados por esas deudas. Sin embargo, esta condonación no es total; será parcial y su porcentaje será determinado por la reglamentación. El objetivo es proporcionar un incentivo real para que los empleadores regularicen a sus trabajadores sin enfrentar una carga económica insoportable que podría desincentivar el proceso de formalización.

La AFIP será el organismo encargado de implementar un Plan de Facilidades de Pago para las deudas que no sean condonadas. Esto permitirá que las empresas puedan abonar en cuotas los montos pendientes, reduciendo el impacto financiero a corto plazo. Es importante subrayar que este mecanismo no solo beneficia a los empleadores, sino que garantiza a los trabajadores el acceso a los derechos sociales y de seguridad que brinda la formalización de su empleo, como jubilaciones, obra social y aportes al sistema previsional.

Además, se prevé que la regularización no implique sanciones penales ni multas retroactivas, un punto crucial para facilitar la formalización sin generar litigios masivos.

El Título V de la Ley 27.742 es el corazón de las reformas orientadas a actualizar el marco normativo laboral, con el propósito de adaptarse a las nuevas realidades económicas. Uno de los aspectos más relevantes de esta modernización es la creación del Fondo de Cese Laboral, un régimen alternativo a las indemnizaciones tradicionales por despido.

De indemnizaciones por despido a aportes regulares a un fondo especial

Este sistema ofrece la posibilidad de que empleadores y trabajadores acuerden, a través de las convenciones colectivas, la sustitución de las indemnizaciones por despido mediante aportes regulares a un fondo especial. De esta manera, en lugar de recibir una suma única al momento del despido, el trabajador podrá acceder a una compensación garantizada a través del fondo. Este cambio responde a la alta incertidumbre que genera el actual esquema de indemnización, tanto para las empresas como para los trabajadores. La acumulación de fondos en este sistema permitirá una mayor estabilidad, mitigando el riesgo que los despidos masivos pueden representar para las empresas.

Para los empleadores, este fondo reduce los costos e incertidumbres asociados al despido, que en Argentina son tradicionalmente altos, dificultando la contratación. Para los trabajadores, proporciona una fuente de financiamiento asegurada en caso de cese, sin depender de la viabilidad económica de la empresa en ese momento.

El Decreto también introduce modificaciones y derogaciones a normativas previas que han quedado obsoletas o que no son compatibles con la nueva realidad laboral. Entre las principales derogaciones están los artículos 2° a 6° del Decreto 2725/91, que regulaban aspectos del contrato de trabajo ya superados por las nuevas disposiciones. Asimismo, se deroga el Decreto 146/01, eliminando regulaciones desactualizadas que impedían una mayor flexibilidad en las relaciones laborales.

Estas modificaciones son fundamentales para actualizar la normativa laboral argentina, que en muchos casos estaba desfasada respecto de las necesidades contemporáneas del mercado. La globalización, las nuevas tecnologías y los cambios en las dinámicas de empleo exigen un marco legal más flexible que fomente tanto la competitividad de las empresas como la estabilidad y seguridad de los trabajadores.

Reforma Laboral: en busca de un mercado más moderno, inclusivo y dinámico

La promulgación de este Decreto y la implementación de la Ley 27.742 tienen como objetivo central la creación de un mercado laboral más moderno, inclusivo y dinámico. El enfoque dual del Decreto —regularizar el empleo no registrado y modernizar las indemnizaciones por despido— busca generar un entorno más favorable tanto para empleadores como para empleados, con reglas más claras y previsibles.

Es importante destacar que, aunque estos cambios representan un avance significativo, la implementación efectiva de las nuevas normativas será clave para su éxito. Las empresas deben adaptarse a estos cambios, y los trabajadores deben ser conscientes de sus nuevos derechos y responsabilidades. Por su parte, los organismos públicos, como la AFIP y la Secretaría de Trabajo, tendrán la responsabilidad de garantizar que estos cambios se implementen de manera eficiente y transparente.

El Decreto 847/2024 representa un paso adelante en la consolidación de un mercado laboral formal y competitivo en Argentina. Con la condonación parcial de deudas para empleadores que regularicen la situación de sus trabajadores y la introducción del Fondo de Cese Laboral, se busca un equilibrio entre la necesidad de competitividad y la protección de los derechos laborales.

Si bien los desafíos son considerables, la reglamentación de la Ley 27.742 ofrece una oportunidad para que Argentina avance hacia un modelo de relaciones laborales más justo y equitativo, acorde a las demandas del siglo XXI. Sin embargo, el éxito de estas reformas dependerá de su correcta implementación y del compromiso tanto del sector privado como del sector público.