Los juicios por riesgos de trabajo le costaron al sector privado unos u$s400 millones en 2023

El Gobierno nacional estimó que la litigiosidad laboral por riesgos de trabajo tuvo para el sector privado un costo en 2023 de unos 400 millones de dólares y agregó que existe una "litigiosidad creciente" en los fueros laborales desde los 40 mil casos que hubo como piso por efecto del Covid hasta los cerca de 120 mil juicios actuales.

Son proyecciones de la Superintendencia de Servicios de Riesgo de Trabajo que fueron presentadas en el marco del coloquio organizado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (CIDES), a cargo de Alejandro Simón –también CEO del Grupo Sancor Seguros–.

Simón cuestionó la falta de "uniformidad de criterios jurisprudenciales para la determinación del daño, los mecanismos de actualización de los pasivos judiciales que afectan la solvencia y estabilidad financiera, los incentivos que fomentan la disposición a iniciar acciones legales muchas veces injustificables (cuyos costos incluso no recaen en la parte que realiza reclamos finalmente rechazados en su procedencia o magnitud). Esquemas de honorarios periciales que generan conflictos de interés y distorsionan la realidad de los daños sufridos".

Además, anticipó que esperan que el Gobierno, a través del Banco Central, establezca una tasa de referencia para actualización de los intereses de los juicios de este tipo.

Sobre la tasa que determinaría el BCRA, detalló, "ha habido cada vez más casos en que se aplica CER pero hubo casos en que se aplican intereses sobre interés y sobre inflación y la idea es que en lugar de que cada juzgado establezca tasas, que haya un valor de referencia. Cómo va a surgir se nos escapa pero va a buscar un equilibrio entre las partes".

¿Cuánto le costaron al sector privado los juicios por accidentes de trabajo en 2023?

El gerente general de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), Fernando Pérez, señaló que los datos muestran que existe una "litigiosidad creciente" desde los 40 mil casos que hubo como piso por efecto del Covid hasta los cerca de 120 mil juicios actuales.

"El ahorro para todo el sistema equivaldría a la contratación de 100 mil trabajadores al año. En 2023 fueron casi 400 millones de dólares. Y desde 2017 hasta hoy se calcula en 3.275 millones de dólares", indicó Pérez.

El superintendente de Riesgos del Trabajo, Gustavo Morón, expresó que "la Ley 27.348 tuvo por objeto ordenar la litigiosidad" cuando se sancionó en los años 90′. En ese sentido, recordó que se había logrado reducir de 120.000 juicios laborales anuales a solo 40.000. "Hoy lamentablemente volveremos a estar con un saldo de 120.000 juicios. La solución es cumplir con la ley", dijo Morón.

El ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona propuso aumentar las penas contra aquellos que realizan fraudes contra las compañías de seguros e ir por los beneficios patrimoniales que, eventualmente, consiguen los implicados a través de esas "estafas". Las denuncias de falsos siniestros contra las compañías de seguro representan "un tremendo ataque a la propiedad y al mercado, que daña al sistema de seguros, pero va a más allá, porque afecta a la economía en general".

La opinión del Gobierno sobre los juicios laborales

Javier Milei ha expresado en varias ocasiones una postura crítica hacia los juicios laborales en Argentina. Sostiene que las leyes laborales del país, y en particular los juicios laborales, son excesivamente rígidos y proteccionistas, lo que, según él, desalienta la inversión y la creación de empleo formal. En ese sentido, explicó que la reforma laboral que se impulsó a través de la Ley Bases ayudará a reducir la cantidad de juicios laborales.

El presidente argumenta que el marco legal laboral argentino genera una gran incertidumbre para los empleadores, quienes temen enfrentar demandas laborales costosas y prolongadas. Esto, desde su punto de vista, contribuye al desempleo y a la informalidad, ya que las empresas podrían optar por no contratar o contratar en negro para evitar posibles litigios.

En su visión, una flexibilización de las leyes laborales, reduciendo la carga que suponen los juicios laborales para las empresas, fomentaría un mercado laboral más dinámico y eficiente.