La Corte Suprema de Justicia instó a la empresa Tabacalera Sarandí a cumplir con el pago del impuesto al cigarrillo, que había logrado esquivar durante años mediante presentaciones judiciales. El máximo tribunal hizo lugar a un planteo del Estado Nacional a través de la AFIP para dejar sin efecto la ejecución de una sentencia que favorecía a la firma.

Tabacalera Sarandí, propietaria de marcas como Red Point, West, Master y Kiel, viene desde hace años cuestionando en tribunales una reforma a la ley 24.674 de impuestos internos dispuesta durante el gobierno de Mauricio Macri, que estableció un aumento del 70% en esos tributos. La compañía alegó que la medida significaba un incremento en el precio al público de sus productos que la ponía en desventaja frente a empresas internacionales.

En respuesta, Tabacalera Sarandí obtuvo una serie de medidas cautelares que le permitieron no abonar el impuesto en cuestión.

Sin embargo, estas medidas fueron revocadas por la Corte Suprema en 2021 y nuevamente hace dos semanas.

Revés judicial para el "Señor del Tabaco": la decisión de la Corte Suprema

A pesar de las revocaciones de las cautelares, Tabacalera Sarandí aún no había comenzado a pagar el impuesto debido a que un juez de primera instancia y la Sala IV de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal declararon la inconstitucionalidad de los artículos 103, 104 y 106 de la Ley 27.430, que imponían el pago de montos mínimos para distintos tipos de productos relacionados con el tabaco.

Ante esta situación, la Corte Suprema decidió suspender la ejecución de la sentencia que declaraba la inconstitucionalidad de la ley. Los jueces fundamentaron su decisión en que el recurso extraordinario presentado por el Estado Nacional podría traer aparejado el análisis de cuestiones federales, y que la suspensión era necesaria para evitar que la empresa se beneficiara de una situación excepcionalmente gravosa en caso de que la Corte revirtiera la sentencia de inconstitucionalidad.

La Corte ordenó que Tabacalera Sarandí pague el impuesto a los cigarrillos

Con la suspensión de la ejecución de la sentencia, la AFIP queda habilitada para determinar y percibir el impuesto al cigarrillo a Tabacalera Sarandí S.A.

En paralelo, la Corte Suprema ha conferido vista a la Procuración General de la Nación para que emita su dictamen sobre la constitucionalidad o no de la normativa que regula el impuesto interno al tabaco. A partir del dictamen de la Procuración, el máximo tribunal comenzará a analizar el fondo de la cuestión.

El impacto de la decisión de la Corte

La decisión de la Corte Suprema es un duro revés para Tabacalera Sarandí, que deberá afrontar un pago millonario en concepto de impuestos atrasados. Además, la empresa podría enfrentar sanciones por no haber cumplido con sus obligaciones fiscales.

La resolución también tiene importantes implicancias para el Estado Nacional, ya que le permitirá recaudar una importante cantidad de dinero en impuestos.

Cristian Ritondo, el gran aliado del "Señor del Tabaco" para retocar la Ley Bases y que la tabacalera no pague impuestos

Hace dos meses, cuadno la Ley Bases se discutía en la Cámara Baja, hubo reuniones a "cara de perro", entre Cristian Ritondo, y Guillemo Francos, entre los diputados salteños relacionados a Alfredo Olmedo y los funcionarios políticos de Jefatura de Gabinete y del ministerio del Interior que buscan un mínimo consenso para avanzar. En ese contexto, el hoy jefe de Gabinete arrojó la toalla y el gobierno de Milei decidió retirar en bloque todo el capítulo tabacalero que proponía la Casa Rosada.

Para el entonces titular de la cartera del Interior y parte del equipo político del Presidente era vital quedar bien con Massalin Particulares S.A. pero en la negociación se toparon con un "veterano" de mil batallas políticas.

Pablo Otero es el principal beneficiado por las regulaciones del sector tabacalero hoy por hoy.

En realidad, Francos intentó ser el rostro amable de la facción pro Massalin que tiene en los despachos que ocupan los asesores de Federico Sturzenegger a un cruzado contra Tabacalera Sarandí, como es Javier Ortiz Batalla.

Un viejo conocido de Sturzenegger, que fue economista jefe del Banco Ciudad cuando el alma mater de la ley Bases dirigía la entidad pública bancaria de la CABA, y que, previamente, había sido vicepresidente de Massalin. Problemas de conflictos de intereses, lo llaman en algunas democracias más avanzadas. Pero no en Argentina, donde el lobby, que está prohibido de manera formal para el sector privado, toma cuerpo entre funcionarios y legisladores cada vez que un gobierno audaz decide tocar intereses mega millonarios y porciones de mercado significativas.

Tabacalera Sarandí y Pablo Otero podrán continuar sonriendo, mientras observa como la crisis económica y los precios más económicos que ofrece, por los efectos de un impuesto distorsivo, le proporciona una mayor presencia en el mercado argentino.

Los facilitadores de esta distorsión en el mercado, como seguramente evaluaría la situación el presidente, Javier Milei, se debe a la persistencia de Cristian Ritondo, Diego Santilli, Carlos Zapata y otros diputados nacionales que lograron torcerles el brazo en esta pulseada a Guillermo Francos y a Federico Sturzenegger.

Como decíamos, al menos, por ahora, ni Milei puede contra algunos privilegios heredados de los malos gobiernos que sufrieron los argentinos.