Investigan a Worldcoin por tratamiento de datos sensibles en Argentina

Luego de la polémica suscitada por el accionar de Worldcoin en distintos puntos del país, la Agencia de Acceso a la Información Pública inició una investigación a fin de esclarecer los hechos.

Worldcoin es otro proyecto perteneciente al creador de ChatGPT,: Sam Altman. A cambio de entregar sus datos biométricos, los usuarios de la plataforma son recompensados con criptomonedas. 

Vale recordar que los datos biométricos pueden ser definidos como aquellos datos biológicos que permiten identificar a una persona. Los rasgos físicos o conductuales de cada individuo, únicos por definición, solos o en combinación generan la posibilidad de identificar al sujeto.

Claramente estos datos son caracterizados como sensibles definidos por el art 2. De la ley 25.326 como  "Datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual".

El proyecto de reforma de la ley de protección de datos personales amplia la definición precedente adicionando los datos genéticos y biométricos.

El pasado 08 de agosto La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), informó que lleva adelante una investigación sobre el tratamiento de datos personales que realizó la Fundación Worldcoin en Argentina. El objetivo radica en verificar las medidas de seguridad adoptadas en el marco de la protección de la privacidad de las y los usuarios de la aplicación digital. En días posteriores, la empresa había colocado puntos de escaneo de rostros e iris en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Río Negro.

El proceso era simple: el usuario baja la app de Worldcoin, se registra con un número de teléfono y recibe un código QR. Finalizados esos pasos, solo debe dirigirse a los "orbes" y someterse al escaneo ocular. Posteriormente a través de la app, que hace las veces de billetera virtual recibe 50 dólares en compensación. Alrededor de 200.000 ciudadanos argentinos se registraron.

Ahora bien, sin perjuicio de la necesidad de iniciar las acciones correspondientes, entendemos que se actúa de forma tardía. Es necesario desplegar el accionar de los organismos de control con anterioridad al hecho, de lo contrario se transforman en un mero ente punitivo que corre con desventaja: los datos ya fueron recabados, procesados y por lo tanto la posibilidad de concretarse un evento dañoso se encuentra latente.

Por otra parte, no debe pasarse por alto la siguiente cuestión: ¿Qué motiva a una persona a "regalar" el activo más valioso de la economía digital por una suma ínfima, colocándose en riesgo ante un eventual incidente de fuga de datos? Claramente y más allá de las violaciones al deber de información de las leyes 25326 y 24240, que pudieron colocar al usuario en una situación de menoscabo, es necesario estudiar dos cuestiones:

1) la necesidad económica y el atractivo de hacerse con dinero "fácil" y

2) la escasa educación cívica que reciben los ciudadanos en materia digital.

Ante la inexistencia de programas que capaciten a las personas sobre nociones jurídicas básicas e imprescindibles desde la escolaridad temprana, las leyes solo servirán para recaudar multas o generar litigios, todo ello sin prevenir el daño.