Polémico: presentan proyecto para ampliar la Corte Suprema a 16 miembros
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Luego de una semana donde la avanzada contra la Justicia se reflejó en la jugada de Cristina Kirchner para sumar un representante más al Consejo de la Magistratura, en el Senado de la Nación presentaron un proyecto para ampliar la Corte Suprema de Justicia a 16 miembros.
Lo hizo Alberto Weretilneck, senador de Juntos por Río Negro, quien presentó la iniciativa sumar más miembros al máximo tribunal, teniendo en cuenta la "paridad de género" y "con al menos tres integrantes por cada región, debiendo ser naturales de ella, o teniendo al menos ocho años de residencia inmediata en la región".
Desde 2021, tras la renuncia de la jueza Elena Highton, la Corte está compuesto por cuatro integrantes: el presidente Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Desde entonces, la vacante que dejó la saliente magistrada no pudo ser cubierta debido a que la Constitución requiere los dos tercios de los miembros de la cámara Alta para designar un reemplazante, algo que el oficialismo desde que perdió su mayoría no pudo conseguir.
El proyecto también busca establecer el sistema de designación del presidente de la Corte, que deberá ser a través del "mayoritario de la totalidad de los magistrados que la integran".
Designado en septiembre de 2021, actualmente el juez Rosatti es el titular del Supremo Tribunal. El magistrado es duramente cuestionado por el ala dura K y por Cristina Kirchner. Algo que se profundizó en los últimos días tras el último fallo con el que Rosatti asumió el control del Consejo de la Magistratura y la decisión de avanzar en una nueva etapa tomándole juramento a los nuevos integrantes del organismo para que se ponga en funcionamiento "de forma inmediata".
Además, el proyecto para ampliar la Corte agudiza la división interna en la coalición de Gobierno. Desde el entorno que responde al presidente Alberto Fernández analizan que no es el momento adecuado para poner en discusión dicha iniciativa.
Corte Suprema: crece el conflicto entre los jueces y el kirchnerismo
El prestigioso diario El País de Madrid abordó el ya permanente conflicto entre el kirchnerismo y el Poder Judicial en la Argentina y tras calificar que lo que sucedió esta semana con el Consejo de la Magistratura puede definirse como "una guerra abierta", advirtieron que "finalmente, la sangre llegó al río".
Según la publicación, los protagonistas estelares son la vicepresidenta Cristina Kirchner, y el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, mientras que el presidente, Alberto Fernández, "observa en silencio, mientras que las fuerzas políticas dan pelea en el Senado y la Cámara de Diputados. Solo hay una coincidencia: los bandos se acusan mutuamente de perpetrar un "golpe institucional"".
"Para entender el culebrón hay que remitirse a 1994, cuando se reformó la Constitución. Hasta entonces, el Presidente de turno elegía a dedo a los jueces y enviaba los nombres al Senado para su aprobación. El espíritu democrático de la reforma constitucional creyó conveniente transferir ese derecho de selección a un órgano de 19 miembros integrado por magistrados, abogados, diputados, senadores y académicos. Nació así el Consejo de la Magistratura, presidido por el presidente de la Corte Suprema como consejero número 20 y poder de desempate", indicó la noa del diario europeo.
Además, recordó que "en 2006, la senadora Cristina Kirchner impulsó una ley que cambió la conformación del Consejo. El número de miembros se redujo a 13 y se expulsó al presidente de la Corte de su dirección. La reforma supuso un aumento del poder interno de diputados y senadores, que ahora superaban en número (seis) a la suma de jueces y abogados (cinco). La política le había ganado a la justicia. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires impugnó la ley de Kirchner con el argumento de que rompía el equilibrio de representación que exigía la Constitución de 1994. En diciembre pasado, 13 años después de recibir el expediente, los jueces del máximo tribunal del país le dieron la razón a los abogados y decretaron la inconstitucionalidad de la ley kirchnerista de 2006".
Para el kirchnerismo fue "un golpe institucional"
"Y así llegamos a la actual crisis. La Corte dio 120 días al Congreso para que aprobase por ley la conformación de un nuevo modelo para el Consejo de la Magistratura. De no cumplirse con el plazo, se volvería a aquel de 1994. Fue eso lo que sucedió. El Congreso no se puso de acuerdo, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, se puso al frente del Consejo de la Magistratura, y el número de consejeros subió de 13 a 19. Jueces, abogados, diputados y senadores debieron elegir representantes para cubrir las nuevas plazas", indicó El País.
En otro tramo, la nota remarca que "jueces y abogados hicieron lo suyo, sin demasiados conflictos".
"La verdadera pelea se libró en el Congreso. La ley de 1994 establece que los cuatro consejeros del Senado y los cuatro de Diputados se reparten a razón de dos por la primera minoría, uno por la segunda y uno por la tercera de cada Cámara. Limitémonos al Senado. El oficialista Frente de Todos es primera minoría, la opositora Unión Cívica Radical (UCR) es la segunda y el PRO del expresidente Mauricio Macri es la tercera. ¿Qué sucedió entonces? En una jugada de ajedrez, Cristina Kirchner ordenó el martes por la noche la división del bloque del Frente de Todos. Los dos nuevos grupos parlamentarios, que responden a una misma dirección, pasaron a ser la primera minoría y la tercera, birlando así un representante al PRO, que quedó en cuarto lugar. "Gambito de dama", tituló el diario oficialista Página 12, celebrando la maniobra de la vicepresidenta", añadió.
La oposición tuvo lecturas menos épicas
"Es un golpe institucional", gritaron a coro. "Vamos a a recurrir a la Justicia hasta las últimas consecuencias. Es un alzamiento lo que están haciendo, les importa un comino las instituciones", se quejó el presidente de la oposición en Diputados, el radical Mario Negri. El ex presidente Macri dijo, en tanto, que "para el kirchnerismo la división de poderes es un veneno". La oposición se niega ahora a aceptar a los consejeros elegidos por el oficialismo. "Seguramente esto termine con una decisión judicial. Esto es un retroceso institucional enorme y tiene que solucionar de manera adecuada", dijo Ricardo Gil Lavedra, uno de los jueces que en 1985 juzgó a los jerarcas de la dictadura. "Es una vergüenza que estemos asistiendo a una disputa sobre quien se queda o no con el Consejo de la Magistratura", agregó", según consta en la publicación.
La película está lejos de terminar. Aunque el "gambito de dama" de Kirchner tenga éxito, sus efectos prácticos pueden ser irrelevantes. Sucede que el Consejo de la Magistratura, que se pensó como una entidad democrática y equilibrada, cayó en la trampa del empate técnico.
La paridad de fuerzas ha condenado al Consejo a la parálisis, sin posibilidad de alcanzar las mayorías necesarias para resolver. Hoy están vacantes el 30% de los cargos de jueces federales y esperan en un cajón 222 causas por mal desempeño contra magistrados y camaristas federales. Con la nueva composición se necesitan 12 votos para sesionar, y ni oficialismo y oposición tienen quorum propio. El Consejo de la Magistratura seguirá paralizado, como ocurría antes del fallo de la Corte de diciembre pasado. Mientras tanto, los políticos libran la batalla de fondo: la del control de la Justicia.