Consejo de la Magistratura: cómo queda distribuido el poder tras las nuevas designaciones
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Con las designaciones del senador Martín Doñate (camporista) y la diputada Roxana Reyes (radical), el Consejo de la Magistratura ya tiene la composición de 20 miembros necesaria para volver a la integración que ordenó la Corte Suprema en su fallo de diciembre pasado.
Con la conformación actual, ni la oposición ni el oficialismo tienen por sí solos los votos necesarios para elegir ni para suspender jueces. Serán necesario acuerdos (o consejeros que cambien sus actuales alineamientos) para que esas decisiones, las más importantes que toma el Consejo, se destraben.
Para el quorum, son necesarios 12 votos de los 20. El kirchnerismo, si no pierde a nadie en sus filas, sumando a la abogada María Fernanda Vázquez y posiblemente a la académica Pamela Tolosa -en la oposición la contaban como cercana al oficialismo-, además de Doñate, conservaría su poder de bloqueo.
Ninguna terna podría ser aprobada ni ningún juez sometido a juicio político sin el voto de alguno de los kirchneristas o sus aliados. Esas decisiones requieren dos tercios de los miembros presentes en el plenario. Si estuvieran todos, se trata de 13 votos.
Es decir que el oficialismo podría bloquear con ocho consejeros las decisiones más importantes del Consejo. Cuenta como votos propios al representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz; los legisladores Vanesa Siley, Mariano Recalde, María Inés Pilatti de Vergara y Doñate; el académico Diego Molea, el juez Alberto Lugones y la abogada Vázquez.
Con Tolosa sumarían nueve voluntades. Y es una incógnita cómo se posicionará Graciela Camaño en este nuevo escenario.
Movimientos internos en el Senado y críticas a Massa en Diputados
La sorpresiva división del bloque oficialista impulsada por la vicepresidenta Cristina Kirchner tiene un doble sentido. No solo apunta a quedarse con el lugar que reclamaba la oposición en el Consejo de la Magistratura, sino que además pretende hacerlo sin incumplir el fallo de la Corte Suprema que cambió la composición del organismo encargado de seleccionar y remover jueces, para así esquivar las denuncias de Juntos por el Cambio.
El Frente de Todos quedará en el Senado como un interbloque integrado por dos bloques: el Frente Nacional y Popular, con 21 senadores que en su mayoría responden a gobernadores peronistas, y Unidad Ciudadana, donde se inscriben 14 legisladores alineados con la vicepresidenta, que recrean el nombre que usó el kirchnerismo durante la gestión de Mauricio Macri.
Desde el inicio de la discusión por la Magistratura, el interbloque de Juntos por el Cambio insistió en que la ley restituida por la Corte "habla de bloques, no dice nada de interbloques" y que por ello, los dos legisladores que debían sumarse al Consejo para cumplir con la nueva integración correspondían a la UCR en Diputados y al PRO en el Senado.
Juntos por el Cambio anunció que objetará en la Justicia el nombramiento de Doñate como representante de la "segunda minoría" del Senado. Sostiene que se trató de una maniobra ilegal de Cristina Kirchner.
En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, designó a la diputada nacional del radicalismo Roxana Reyes como representante de la segunda minoría ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.
El titular de la Cámara baja lo hizo a través de una nota enviada al presidente del organismo y máxima autoridad de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.
Según indicó Massa en la resolución, la designación se produce "a efectos de evitar mayores afectaciones a las facultades de este H. Cuerpo que alteren las representaciones en el Consejo de la Magistratura de la Nación".
Germán Martínez, titular del bloque del Frente de Todos en Diputados, cuestionó la decisión de Massa de nombrar a Reyes como representante de la Cámara Baja en el Consejo de la Magistratura.
"No estoy de acuerdo con la resolución respecto a la designación de la diputada Reyes como integrante del Consejo de la Magistratura. Habida cuenta de esa resolución, la composición de los cuatro miembros que Diputados debe mandar va a quedar claramente en contradicción con lo dispuesto por la ley de Consejo de la Magistratura sancionada en el 97", cuestionó Martínez.
Y agregó: "Voy a analizar la posibilidad con mi equipo jurídico de hacer una impugnación. Si los hechos lo ameritan, me reservo la posibilidad de hacer una denuncia en sede judicial".
El Consejo de la Magistratura y su nueva composición
Entre sus funciones principales, el Consejo de la Magistratura es el encargado de administrar el presupuesto del Poder Judicial, pero también de iniciar el proceso para el nombramiento de los jueces nacionales.
Este órgano es el encargado es organizar los concursos para los aspirantes al cargo y elaborar luego una terna con los mejor puntuados. Una vez aprobada por los consejeros, la terna es elevada al Poder Ejecutivo para que el Presidente de la Nación elija a uno y envíe su pliego al Senado para su nombramiento oficial.
Además, este organismo ejerce la facultad disciplinaria sobre los jueces inferiores de la Nación -los que no integran la Corte Suprema- con la capacidad de abrir un proceso de remoción que debe ser luego resuelto por el Jurado de Enjuiciamiento.
El Consejo está integrado por representantes de los abogados (2), los jueces (3), el sector académico (1), el Poder Ejecutivo (1) y el Poder Legislativo (6 consejeros, tres diputados y tres senadores correspondiendo dos a la mayoría y uno a la primera minoría). Esta integración regía desde 2006 y la Corte dispuso ahora modificarla.
En diciembre pasado, el máximo tribunal declaró inconstitucional la ley que regía al organismo (impulsada por la entonces senadora Cristina Kirchner) por considerar que no se respetó el equilibrio entre los estamentos de los jueces y abogados y el de la política, y ordenó modificarla con una nueva norma y, hasta entonces, volver a la integración anterior a 2006, de 20 miembros.