Cambios en las indemnizaciones laborales: el Gobierno le bajó el pulgar por estos motivos
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Los empresarios se habían ilusionado con avanzar con la discusión (y lograr cambios) en las indemnizaciones laborales. Tras el apoyo de algunos sindicalistas, consideraban factible empezar a discutir una medida que, argumentaban, les genera costos laborales impredecibles y les impide general empleo.
En concreto, buscaban que las indemnizaciones previstas en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) pasen de ser tarifadas a ser cubiertas por un seguro de garantía, que sería fondeado, principalmente, por el salario mensual de cada empleado, y manejado por el Estado.
Pero el propio Gobierno fue el encargado de "bajarle el pulgar". El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, sostuvo que "no hay margen para una reforma laboral, entendida como reducción de indemnizaciones, o un cambio de régimen".
"No está en nuestra agenda", remarcó y agregó que "el mayor período de creación de empleo que tengamos memoria fue del 2007 al 2011, y fue con estas normas, este modelo de desarrollo va a generar empleo".
De todas maneras, los empresarios consideran que, tarde o temprano, será un tema que deberá discutirse, por lo que continúan buscando adhesiones de sindicalistas y funcionarios del Gobierno. Y destacan que, en caso de avanzar, aplicaría para nuevos contratos y para el segmento pyme.
Uno de ellos es Facundo Moyano, quien el año pasado, durante la sesión en la que se aprobó la ley de Teletrabajo indicó: "Tenemos que animarnos a hablar del fondo de desempleo, de la mochila austríaca, que fueron propuestas de partidos de centro izquierda y centro derecha en España. ¿Por qué nos vamos a limitar, inclusive yo proviniendo de las fibras sindicales, de reconocer un problema que inevitablemente tiene que tener una solución?".
En búsqueda de adhesiones
El hijo del camionero Hugo Moyano y principal referente de los trabajadores de Peajes, argumentaba desde su banca: "Tenemos que plantear la discusión del sistema laboral para discutir derechos para los que no los tienen, y para discutir más derechos para los que lo tienen".
Los empresarios, con el respaldo del titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Daniel Funes de Rioja, vienen militando cada vez con más fuerza la idea de reemplazar las indemnizaciones laborales por un seguro de desempleo.
La propuesta promocionada por Teddy Karagozian, empresario textil y dueño de TN Platex, se titula "Mochila Argentina" y toma como referencia el mismo ejemplo al que aludía Moyano: la "mochila austríaca".
Consiste en la implementación de un seguro de garantía de indemnización. Es decir, que un trabajador despedido de una empresa dejaría de cobrar la indemnización completa y, a cambio, el Estado pagaría esa indemnización de manera mensual, mediante el pago del salario que tenía, hasta que consiga un nuevo empleo. La modalidad se sostendría, durante la cantidad de meses que hubiera tenido antigüedad en la compañía de la que se desvinculó.
Desde el entorno de Facundo Moyano confirmaron a IProfesional que la posición del sindicalista no cambió, que los sostiene públicamente y que cree que hay que hacer modificaciones en el sistema laboral para incluir a los trabajadores no registrados.
¿Cómo querían implementarla?
Según el documento entregado por Karaqgozian, este Seguro de Garantía de Indemnización (SGI) sería administrado por la Anses, la Superintendencia de Seguros y una entidad de control que garantice la indemnización a los empleados que pierden su trabajo, que seguirían cobrando en cuotas mensuales el equivalente y actualizado a su ultimo sueldo, hasta conseguir un nuevo empleo.
Este pago se cancelaría cuando se superen los meses que correspondan a los años trabajados. El monto del seguro, según la propuesta, sería de 1% más el 8,33% dividido los años de la antigüedad promedio de la empresa con un mínimo de 2% total, como forma de premiar la relación duradera del empleo.
"Necesitamos una reforma superadora a la institución indemnizatoria que otorgue beneficios a los empleados y disminuya el costo para las empresas, eliminando la necesidad de una reforma laboral que quita derechos y fomente la creación de más puestos de trabajo en el sector privado dando más derechos a los empleados", resumió la propuesta.
"Los empleados también percibirán beneficios en los casos en los cuáles las empresas que necesitan bajar personal por falta de trabajo o incluso por mejoras técnicas. Muchas veces por no tener liquidez, negocian quitas para despedir con menores costos (para preservar la empresa), o incluso despiden ‘con causa’ con la esperanza de postergar el momento de pago de la indemnización", agregó.
"Pagando las empresas un seguro sobre la nómina salarial (SGI), puede llegar a formarse un capital de donde salga la indemnización de aquellos que pierdan el trabajo o deseen incluso tomarse un tiempo de descanso", de acuerdo con la propuesta.
Por otro lado, desaparecería la distinción entre despido "con y sin causa", como también si fue la empresa que lo despide o la persona que prefirió renunciar pues en ambos casos el empleado tiene y mantiene sus derechos.
Según explicó la propuesta, los trabajadores serán los dueños de sus indemnizaciones. ¿Qué beneficios tendrían, al cambiar o perder su empleo?
- Poder cobrar 100% de lo que le corresponde.
- Tomar un descanso manteniendo su antigüedad.
- En caso de querer trasladarse a otra empresa se la lleva consigo la antigüedad.
- En caso de concurso de acreedores o quiebre de la empresa, no requiere de esperar la instancia judicial.
En tanto, los empleadores tendrían como ventajas no perder capital en gastos de indemnización ni de abogados, lo que les permitiría crecer más rápidamente. También las empresas podrían eliminar su pasivo laboral, lo que haría subir su valor.
"El efecto en el empleo será inmediato. Hay una necesidad perentoria de generar trabajo en el sector privado para disminuir la pobreza que ha ido en aumento continuo, aun con la ayuda cada vez más grande que la sociedad recibe, producto entre otras cosas de la cada vez menor proporción de empleo en blanco en el sector privado generador de riqueza", estimó Karagozian en su propuesta.
En tanto, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato presentó un documento en el que propone "crear una fórmula para determinar el costo del servicio de ART, en línea con la caída estadística de los juicios laborales" y la "facilitación de un marco previsible para la contratación de trabajadores; establecimiento de un fondo ahorro obligatorio de desempleo y retiro para los trabajadores; y la fijación de montos máximos a la litigiosidad laboral".
Asimismo, considera que se debe "eliminar del sueldo del empleado el descuento a los aportes desligados a lo previsional".
La diferencia sustancial entre las propuestas es que "Mochila Argentina" habla de la creación de un Seguro de Garantía de Indemnización (SGI), mientras que en la impulsada por los empresarios pymes se busca la conformación de un Fondo de indemnización y retiro.
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La palabra retiro no es casual y compone una diferencia sustancial con lo esbozado por Karagozian. Es que el otro plano del proyecto de Rosato está conformado por el ahorro: "En caso de que un trabajador nunca retire sus fondos, cuando llega a la edad de retirarse cobra su jubilación de reparto, más esos fondos que son un ahorro forzoso de toda su trayectoria laboral".