El Tribunal Superior de Justicia de CABA se metió en la causa por la quiebra del Correo Argentino
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El Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la Corte Suprema de la Ciudad de Buenos Aires, se metió de lleno en la causa por la quiebra de la empresa Correo Argentino, propiedad de la familia del ex presidente Mauricio Macri.
Mediante un fallo firmado por los jueces Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés Weinberg, la máxima instancia judicial de la Capital Federal le ordenó a la Cámara en lo Comercial que resuelva una recusación contra la jueza Marta Cirulli.
Se trata de la magistrada que tiene a su cargo el expediente por la quiebra de Correo Argentino, la empresa controlada por SOCMA (Sociedades Macri), a la que le fue quitada la concesión del servicio postal.
El fallo, por mayoría, dejó sin efecto un rechazo a un planteo de "inconstitucionalidad" sobre la recusación de Cirulli.
Pero el Tribunal Superior porteño no es la instancia de apelación de la Cámara en lo Comercial.
Por qué interviene el TSJ
Usualmente, los fallos de la Cámara en lo Comercial tienen como instancia de revisión la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, SOCMA sostuvo que en virtud de las transferencias de competencias de la Justicia Nacional a la de la Ciudad, las causas del fuero en lo Comercial debían tener como tribunal de alzada al TSJ.
El voto de mayoría citó un antecedente de 2020, en un reclamo de la familia del difunto artista plástico León Ferrari contra el periodista Gabriel Levinas, para afirmar que es competente para entender como alzada de las causas de la Cámara en lo Comercial, antes incluso que la Corte Suprema.
Los jueces que firmaron el fallo de mayoría son todos cercanos a Juntos por el Cambio.
Langhe es una joven jueza que llegó al cargo a propuesta del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, tras desempeñarse en el Instituto de Seguridad Pública, íntimamente vinculado con la Policía de la Ciudad.
Otamendi fue secretario de Justicia durante el gobierno de Mauricio Macri, como un virtual número dos del ministro Germán Garavano.
Weimberg fue propuesta por el propio Macri para el cargo de procuradora general de la Nación, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó, pero no obtuvo los votos necesarios en el Congreso para su designación.
Los jueces Luis Lozano y Alicia Ruiz votaron en disidencia.
El fallo dispuso que la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial "se pronuncie sobre la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad" contra el rechazo a la recusación de la jueza Cirulli.
En ese sentido, la notificó adjuntándole copia de la sentencia en el caso Levinas-Ferrari, para robustecer su condición de tribunal superior de la Cámara.
SOCMA, como controlante de la empresa Correo Argentino, recusó a la jueza Cirulli por supuestas "razones de arbitrariedad y enemistad manifiesta que estaban perjudicando el normal desarrollo del proceso concursal y que generaban y generan graves perjuicios a los intereses de su parte".
La empresa de los Macri también recusó a la fiscal Gabriela Boquín, quien rechazó el acuerdo para evitar la quiebra que había firmado SOCMA con el gobierno nacional, por entonces bajo la administración de Macri, con una quita de capital e intereses de deuda que la representante del Ministerio Público estimó en más del 98 por ciento.