Todas las claves del conflicto entre prepagas y el Gobierno: ¿se viene una reforma del sistema de salud?

Durante las últimas jornadas, los cruces entre distintos funcionarios del Gobierno nacional y los representantes de las empresas de medicina privada fueron "tomando temperatura".

Es que, mientras las prepagas sostienen que necesitan un aumento de las cuotas para mantener la sustentabilidad del sector, desde el oficialismo dejaron trascender un "paper" en el que se impulsa una reforma integral del sistema de salud.

Es más, la propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reiteró la necesidad de avanzar hacia un sistema integrado. "Díganme: ¿Hoy no está integrado acaso a las patadas porque lo impuso la realidad integrando a todos los sistemas porque las prepagas no saben dónde colocar la gente porque no tienen, van a lo público y de lo público van a lo privado?", dijo durante un acto que compartió con el gobernador bonaerense, Axel Kiciloff.

En ese contexto, las prepagas, clínicas privadas y obras sociales rechazaron enfáticamente la posible de estatizar el sistema de salud. A ello se suma que este miércoles las empresas presentaron una medida cautelar en la Justicia ante la negativa del Gobierno de autorizar un aumento de sus cuotas en un marco de alta demanda de los servicios sanitarios y de incremento de sus insumos.

El pedido fue firmado por un grupo de 15 empresas que solicitaron  que "se autorice un aumento del 9,77 %, que resulta de sumar estas variables: a) un 3,59% que es la diferencia entre lo autorizado por las sucesivas resoluciones (que totaliza 25,52%) y el 30% reconocido en el informe técnico de octubre de 2020 elaborado en por los cuadros técnicos de la SSS; b) un 6,18% que es el mayor costo resultante de la negociación paritaria (cláusula de revisión)".

Según sus estimaciones del sector, para que las cuotas estén a un nivel sostenible deberían aumentar en torno a 35%. La pretensión de la UInión Argentina de Salud (UAS), que agrupan a las firmas del sector privado, no es que les autoricen la suba en un solo tramo, pero sí ir acortando las distancias.

La palabra de las prepagas

El presidente de la UAS y de Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt, señaló que el Gobierno les prometió respuestas de fondo al problema del financiamiento del sistema de salud privado, que atiende a un 70% de los pacientes de la Argentina, cerca de 32 millones de personas.

En conferencia de prensa, y en lo que se refiere al borrador mencionado anteriormente, el empresario explicó que "la estatización de un sistema puede producirse de hecho o de derecho. En este último caso, las autoridades elevan un proyecto al Congreso, este se debate y se aprueba de cara a la sociedad, y si fuese posible a la luz del día. Así se hizo en su momento con las AFJP, por ejemplo".

 "Pero si alguien decidiera tomar de hecho el sistema de salud privado, primero debería desfinanciarlo, ponerlo al límite de su capacidad operativa, arrodillarlo y mantenerlo así hasta que colapse y su capacidad de atención sea deficitaria. Entonces sobre los escombros, las ruinas y la salud de millones de argentinos, se expondría como un relato la excusa perfecta de que debe nacionalizarse bajo el supuesto de que el sistema no está en condiciones de dar respuestas sanitarias", agregó.

Señaló que en el Gobierno "verbal y técnicamente" se acredita un atraso tarifario "gigante" y reconocen "la existencia de un desfasaje inmanejable". Denunció que, pese a ello, las autoridades "no cumplen con la ley de medicina privada que obliga a otorgar las actualizaciones necesarias".

Y alertó que "bajo estas circunstancias el sistema tal cual millones de conciudadanos han elegido voluntariamente, no está en condiciones de seguir funcionando".

En ese punto, señaló que "aun cuando sigamos repitiendo aquel lugar común de que ‘la salud no tiene precio’; sí tiene costo y más en medio de una pandemia donde no se interrumpe la ley de la oferta y la demanda, y los insumos y medicamentos adquieren una importancia tal que sus valores se disparan y sus existencias muchas veces escasean, por el aumento y la necesidad indispensable de su uso".

En cuanto a los mencionados costos, el empresario remarcó que "los informes técnicos surgidos del propio Gobierno e inclusive decretos del Poder Ejecutivo acreditan que la situación técnica de atraso es gigante y la sustentabilidad ha dejado de ser una opción para las organizaciones. Mientras al mismo tiempo desde el Congreso de la Nación se siguen incorporando más y más prestaciones al Programa Médico Obligatorio".

Por otro lado, solicitó que el sector privado sea convocado por el Congreso de la Nación para que se los convoque para poder explicar la gravedad de la situación y que se incluya en el debate a las autoridades regulatorias para que expliquen "por qué la ley no se está cumpliendo, lo que constituye una irregularidad de una gravedad institucional inusitada, y además suicida, en medio de una pandemia".

A grandes rasgos, para las prepagas, la situación actual podría destrabarse con una autorización en el aumento de las cuotas. Hay que recordar que a través de la Resolución Nº 987/2021 del Ministerio de Salud de la Nación, se les autorizó un aumento general y complementario de aquel que ha sido aprobado para el mes de marzo 2021, de hasta un 4,5% a partir del 1° de abril de 2021, y de hasta un 5,5% adicional a partir del 1 de mayo de 2021. Todo ello, lleva el incremento de este año a un total de 14,10%.

Además, en el 2020, el único aumento autorizado por el Ministerio de Salud para las cuotas de entidades de medicina prepaga fue recién en diciembre, con un valor de 10% acumulativo con respecto al valor previo de diciembre 2019.

Durante 2019 se produjeron 8 aumentos en las cuotas de medicina prepaga, lo que resultó en un aumento anual de 60,67%.

Reforma del sistema de salud: qué dice el borrador del kirchnerismo

Diversos irigentes de La Cámpora comenzaron a difundir un trabajo titulado "Ejes centrales para un programa de salud 2020/2024″, que plantea una serie de modificaciones en el esquema actual.

Entre algunos puntos, se pretende una reestructuración del sistema mediante una ley nacional y el surgimiento de un sistema integrado y que una misma autoridad pueda tener injerencia en el Ministerio de Salud como en el PAMI, la ANMAT o la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), que es el ente que debería controlar a las obras sociales.

Por otro lado, plantea que el Estado pueda intervenir en los precios de los medicamentos y en determinadas prestaciones.

La iniciativa también llama a establecer una suerte de paritaria nacional del sector de la salud para acortar las brechas salariales de los profesionales y formar a más de 100.000 enfermeros en todo el país.

Uno de los puntos que generó más polémica entre los directivos de las obras sociales sindicales tiene que ver con la recaudación, debido a que temen perder el dinero que se atesora en el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), una caja que se alimenta del aporte obligatorio que se les retiene a los trabajadores de sus salarios.

En el borrador también se propone ir a "un sistema de recupero de las prestaciones realizadas por entes estatales a subsectores de obras sociales y de medicina prepaga". Pero con el objetivo de garantizar la devolución por los servicios prestados, plantea la posibilidad de "un sistema de cobro automático de lo facturado desde la misma recaudación AFIP o en su defecto desde la SSS de todas las prestaciones".

Por último, la propuesta sugiere también la "integración del área de salud laboral al sistema integrado, en reemplazo del sistema de riesgos del trabajo" y la creación de comisiones mixtas de seguridad e higiene que funcionen bajo la órbita estatal.