Supermercados contraatacan: dicen que si la Ley de Góndolas se vota vendrá ola de aumentos

El lobby supermercadista está en acción. Sabe que el contexto no parece el más propicio para que la controvertida Ley de Góndolas, que tiene media sanción de Diputados, logre su aprobación sin modificaciones en las sesiones extraordinarias de verano. Y está dispuesto a hacer valer su principal argumentación: que si la ley llega a salir tal como fue concebida, se dispararía una nueva ola de aumentos de precios, justo cuando el Gobierno está abocado a conseguir una rápida baja de la inflación.

Precisamente, el fin de semana el presidente Alberto Fernández volvió a referirse con preocupación a los incrementos que se siguen observando en marcas que no formaron parte de las nóminas del nuevo Precios Cuidados. El mandatario se mostró molesto con la situación y habló de "actitudes irresponsables" en la cadena comercial.

Los supermercadistas saben que están bajo la lupa ante cualquier aceleración en el índice y es justamente esa situación la que quieren aprovechar para limar las aristas más agudas de la nueva ley. El planteo que hacen es que el Gobierno no puede exigir, en simultáneo, la contención de precios y además hacer las modificaciones en las góndolas que den más espacio a las pymes porque se trata de dos medidas contradictorias.

En otras palabras, que la modificación de la Ley de Góndolas de manera de transformarla en una versión "light" podría convertirse en la moneda de cambio para sostener la política de colaboración antiinflacionaria.

Además del supermercadismo, también de parte de las grandes empresas industrializadoras de alimentos hay un fuerte lobby para frenar -o al menos suavizar- los puntos que sienten que los perjudicarán directamente al causarles una disminución de ventas por menor exposición en góndolas.

De hecho, hubo reuniones de la poderosa Copal (Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios) para analizar específicamente las consecuencias que tendría la ley y buscar la forma de frenar el tema en el Senado.

La postura oficial del Gobierno es la de avanzar con el tema, con el objetivo declarado de que la ley sea aprobada en estas sesiones extraordinarias. Pero fuentes cercanas al Gobierno dijeron a iProfesional que entre los asesores de Alberto Fernández ya se están haciendo a la idea de que habrá que negociar y hacer concesiones.

No solamente saben que los empresarios plantearán el riesgo inflacionario, sino que además existe la advertencia explícita sobre despidos en el sector. Y, como para completar el cuadro, saben que la ley podría ser objeto de judicialización a nivel local y en tribunales internacionales.

Es que los supermercadistas cuestionan la constitucionalidad de la norma, a la que consideran "arbitraria" y "abusiva".

Un proyecto controversial

En concreto, el texto que recibió media sanción de Diputados establece que una misma marca no podrá superar el 30% del espacio disponible en la góndola que comparte con productos de similares características.

La iniciativa, según argumentaron sus impulsores, apunta a lograr precios transparentes y competitivos que beneficien a los consumidores; mantener el equilibrio entre los operadores económicos; ampliar la oferta de productos de micro, pequeñas y medianas empresas; y fomentar la oferta de productos de la agricultura familiar, campesina e indígena.

Se busca así frenar conductas monopólicas, favorecer la competencia y la participación de Pymes. 

La norma con media sanción también establece que los supermercados deben ofrecer un mínimo de cinco proveedores de un mismo producto por góndola. El proyecto dispone que en góndolas y locaciones virtuales deberá reservarse un 25% del espacio disponible para productos elaborados por micros y pequeñas empresas nacionales.

Las grandes cadenas, a sabiendas de que la ley se sancionará de todas maneras porque el oficialismo cuenta con el número necesario para aprobarlo, pretenden que, al menos, se realicen modificaciones.

La futura ley se aplicará a supermercados, autoservicios de productos alimenticios y no alimenticios, cadenas de negocios minoristas, organizaciones mayoristas de abastecimientos y centros de compras.

Quedarán exceptuados aquellos agentes cuya facturación sea equivalente a la categoría de MiPyMEs y los productos alcanzados serán alimentos, bebidas, productos de higiene personal y artículos de limpieza para el hogar.

En concreto, ¿qué aspectos de la ley pedirán los empresarios que sean reformados? Las fuentes consultadas por iProfesional mencionaron como central lo relativo a los porcentajes estipulados sobre exhibición de los productos, los espacios, las características y condiciones, y la participación de las empresas en las góndolas tanto para los productos nacionales como los importados.

Por ejemplo, consideran que el tope del 30% de participación en la góndola planteado en el proyecto generará complicaciones operativas para reponer los productos en tiempo y forma, provocando desabastecimiento, lo que tendría una incidencia al alza en el precio de los productos, con los consecuentes incrementos por adicional de reposición.

Si bien no se animan a dar porcentajes, consideran que los propuestos en el proyecto son elevados y que deben ser reducidos. Y ese será uno de los temas principales a la hora de una futura negociación antes del debate en el Senado.

El fantasma de la batalla legal

En caso de que se sancione tal como lo aprobó Diputados, los abogados de las cámaras que agrupan a las grandes empresas y a los supermercadistas cuestionarían varios aspectos de la Ley ante la Justicia, aunque también aguardarán las precisiones que se den por vía reglamentaria.

En este contexto, las compañías piden "suavizarla" en el Congreso a los fines de relativizar la intervención estatal en los "negocios entre privados" o que la reglamentación no sea intrusiva.

Si bien el plazo para comenzar a implementar la norma es de 120 días desde su promulgación, los formadores de precios y grandes cadenas de supermercados advierten que en ese lapso tendrán que resolverse distintas cuestiones relacionadas con el nuevo esquema de oferta.

El Gobierno también pone el foco en la posible batalla legal. A sabiendas de que, las empresas presentarán el amparo mantienen negociaciones. La idea de Alberto Fernández es que se sancione el proyecto tal como está, pero algunos de sus asesores cercanos comienzan a pensar que la mejor opción es realizarle algunas modificaciones al texto para evitar un fallo judicial adverso que no solo rompa relaciones con sectores formadores de precios sino que ayudarían a mantener la inflación a la baja.

¿Despidos en puerta?

Otro de los aspectos que preocupa al Gobierno es el de los puestos de trabajo. Los supermercados ya avisan que, además de los cuestionamientos judiciales, si la ley se pone en marcha no tendrán otra opción que despedir personal abocado a las tareas de reposición y cerrar sucursales.

Esta amenaza está vinculada precisamente a los límites que se le impondrían a los productos elaborados por una misma empresa, que ya no necesitaría de tantos repositores para abastecer sus lugares en las góndolas.

Por el momento, en el Ejecutivo saben que el decreto "antidespidos", que duplica el costo indemnizatorio por desvinculaciones sin justa causa, puede actuar como un freno a esa decisión pero, al mismo tiempo, son conscientes de que es una norma transitoria y que es contraproducente mantenerla por mucho tiempo.

Las gestiones en contra del avance del proyecto fueron encaradas no sólo por Asociación de Supermercados (ASU), sino también por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en el país (Amcham).

Ambos consideran que el texto "atenta no sólo contra garantías básicas como el ejercicio de la industria lícita, el comercio, el uso y disposición de la propiedad -todas ellas consagradas en nuestra Carta Magna-, sino que también abre la puerta a controversias internacionales.

Además, la cámara advirtió en esa misiva que la caída de puestos de trabajo, por pérdida de rentabilidad y eficiencias, se estima entre 5.000 y 7.000 personas, y que se prevé un aumento de los costos laborales en la cadena de comercialización del 20% y un aumento de precios de venta final al público por traslado de costo incremental del 10% al 12%.

También hace referencia a una competencia deselal ya que la Ley de Góndolas sería aplicable nada más que para las cadenas. Es decir, para una parte del negocio total de retail, mientras que para el resto no habría una regulación similar, evitando así costos agregados que generaría esta nueva norma para los grandes supermercados.

Hasta ahora, los equipos técnicos de la COPAL y de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) vienen trabajando en la elaboración de informes que detallan los problemas que para el sector traería la norma.

El economista Aldo Abram considera que el proyecto es "absurdo, incrementará los costos de comercialización y, por ende, los precios que pagará el consumidor, al hacer más ineficiente el uso del espacio Además, generará un montón de empleo público inútil para controlar. O sea, más impuestos".

Un debate que se da con los precios en el centro de la escena política a raíz del impacto de la alta inflación que acumula el país y que golpea fuertemente a toda la sociedad (y en especial a los sectores más vulnerables).