Dólar con 30%, jubilaciones y retenciones: cuáles son los principales puntos de la megaley
El proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que fue aprobado por la Cámara de Senadores esta madrugada, contempla una serie de cambios en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
Esta ley contempla la declaración de la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020, para aplicar medidas ante la crisis económica y social y sentar las bases para promover el desarrollo productivo.
Estas son algunas de las medidas que contempla:
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Poderes especiales para el Ejecutivo. El proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva contempla la declaración de la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020, para aplicar medidas ante la crisis económica y social y sentar las bases para promover el desarrollo productivo, y se delegan facultades del Congreso al Poder Ejecutivo para hacer cambios en todas esas áreas.
Jubilaciones. Se suspende por seis meses la Ley de Movilidad que fue sancionada durante la presidencia de Mauricio Macri, dos años atrás. Durante estos 180 días, se analizará cómo será se realizarán los aumentos, y mientras tanto se incrementará la jubilación cada tres meses. Los aumentos serán otorgados por decreto el Poder Ejecutivo. También se determinó que la movilidad no se suspenderá para docentes y científicos. Tampoco alcanza a expresidentes, jueces y fiscales, si bien el Presidente dijo que impulsará una Ley para terminar con las jubilaciones de privilegio, refiriéndose a este último grupo.
Impuesto al dólar. Se crea un impuesto para la compra de dólares del 30% para atesoramiento y para los gastos con tarjetas de crédito en el exterior, durante los próximos cinco años. El impuesto no alcanzará a aquellas compras que se realicen hasta la promulgación de la ley. Confirma el cepo con el límite de 200 dólares mensuales. De lo recaudado, se destinará un 67% al financiamiento de los programas de la Anses; un 3% a la creación de un Fondo solidario de competitividad agroindustrial para estimular la actividad de pequeños productores y cooperativas a través de créditos para la producción y el 30% restante será para solventar obras de infraestructura económica y vivienda social, financiar el fideicomiso Renabap y fomentar el desarrollo del turismo local.
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Retenciones. El Congreso nacional facultó al Poder Ejecutivo a aumentar los derechos de exportación en tres puntos porcentuales para determinados productos agropecuarios y a establecer "mecanismos de segmentación y estímulo" para pequeños productores y cooperativas que serán alcanzadas por las retenciones. La ley prevé darle la facultad al PE de aumentar en tres puntos porcentuales los derechos de exportación de determinados productos agropecuarios y establecer nuevos topes. De esta manera, el Ejecutivo podrá incrementar las retenciones al poroto de soja hasta 33%, mientras que los cereales como el maíz y el trigo podrían llegar hasta 15%. Las carnes, la leche en polvo, la lana y otras producciones hasta el momento tributan 9%, aunque el ejecutivo podría llevarlas hasta el tope de 15%. Por su parte, las producciones agroindustriales de las economías regionales se ubicarán en 5%, productos a definir por el Gobierno.
Tarifas. Se autoriza al Poder Ejecutivo a intervenir el Ente Regulador de la Electricidad (Enre) y el Ente Regulador del Gas (Enargas) y lo habilita a congelar las tarifas de electricidad y gas por el plazo de 180 días, "propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias, para el año 2020".
Bienes personales. Habrá un aumento progresivo en el impuesto a bienes personales, menos aquellos que no superen los 3 millones de pesos. Además, le da facultades a la AFIP para establecer un régimen de reintegros para personas humanas que revistan la condición de consumidores finales. Se aumenta alícuota de bienes personales para los activos en el exterior.
Pymes. Se llevará adelante un plan de moratoria para el pago de deuda de las micro y mini pymes, con excepción de aquellas deudas vinculadas a las ART, impuestos de combustibles y sobre juegos de azar. Habrá rebajas de contribuciones patronales para las empresas pequeñas y medianas empresas.