Martilleros e inmobiliarias también van a la Justicia: denuncian que el negocio de Remax Argentina es totalmente ilegal
Los martilleros de la ciudad de Buenos Aires se sumaron a la resistencia que ya hay en varias provincias al desembarco de la franquicia estadounidense Remax en el mercado inmobiliario. La empresa que se expande en el país podría verse obligada a informar en Tribunales la matrícula de todos sus contratados porteños, si prospera un pedido hecho a la Justicia.
La medida se solicitó como prueba anticipada en una demanda del Colegio Unico de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires: pretenden que Remax Argentina SA aporte la matrícula de cada uno de los que ofrecen propiedades a su nombre. El objetivo que se explicó en la demanda es que se busca cotejar si están habilitados para ejercer la actividad de compraventa de inmuebles.
Remax debería exhibir la documentación de quienes ofrecen propiedades invocando su marca como intermediarios y luego se compararía con los matriculados en el padrón. En la ciudad de Buenos Aires la actividad está sujeta a la ley 2340.
La norma fue sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y establece las condiciones para dedicarse al rubro en su territorio, ya sea el corretaje o la intermediación.
Por ejemplo, dispone que se debe estar habilitado e inscripto en la matrícula y para ello se exige título universitario o terciario de corredor inmobiliario o equivalente, revalidado de ser necesario. También tener domicilio legal en la Ciudad y prestar juramento de ejercer la profesión con "decoro, dignidad y probidad", entre otros requisitos.
Una resolución sobre este pedido se demora porque la Cámara Civil acaba de declararse incompetente para intervenir en la demanda y la remitió a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad.
En este fuero seguirá el caso de ahora en más. Esa decisión se tomó porque el Colegio es un "ente público no estatal" a cargo de la matrícula de los corredores inmobiliarios. Tiene independencia funcional de los poderes del Estado.
Además, las medidas anticipadas que se pretenden "se relacionan exclusivamente con el ejercicio de la actividad que reglamenta" la ley sancionada en la Legislatura porteña.
CUCICBA buscaba que su demanda permanezca en la Justicia Nacional Civil pero su apelación fue rechazada.
El fuero Contencioso, Administrativo y Tributario es el que entiende en eventuales sanciones que pudieran sufrir los colegiados o cuestiones vinculadas a la actividad de los martilleros, sostuvieron los jueces de la Cámara Civil Juan Manuel Converset, Pablo Trípoli y Omar Díaz Solimine.
Así ratificaron un fallo de primera instancia.
En la provincia de Buenos Aires también se presentaron recursos judiciales por la actividad de Remax , al igual que en el interior del país.