Megaestafa de Hope Funds: tribunal evalúa alternativas que permitan recupero parcial del dinero

Dice que está en la ruina, sin dinero para subsistir en caso de fuga. Con este argumento el preso Enrique Blaksley intentó ser liberado. El Tribunal que desde agosto quedó a cargo de juzgarlo por la megaestafa de su empresa "Hope Funds" le recordó que cuando las denuncias de cientos de inversores golpearon las puertas de Comodoro Py 2002 en el 2015, no paró de cometer "maniobras evasivas" para ocultar su patrimonio y eludir el pago del dinero reclamado.

Según la acusación hubo de todo: cierre de sociedades a su nombre, de cuentas bancarias, venta ficticia de empresas nacionales y otras conductas similares para ocultar patrimonio detectadas en Estados Unidos y Panamá.

Ahora, el juez del Tribunal Oral Federal 4 Néstor Costabel rechazó liberarlo pero en la resolución incluyó un aviso en sintonía con una idea que sobrevuela la causa: intentar que los estafados recuperen algo de su dinero.

"De aportarse nuevos elementos o propuestas alternativas al debate oral, se procederá a una reevaluación de la decisión". La "decisión" es la negativa a excarcelar al empresario.

El panorama de "propuestas alternativas" no es muy amplio, dada la expectativa de condena que superaría los ocho años de cárcel. La más viable sería llegar a un acuerdo con la fiscalía para un juicio abreviado en el que los acusados admiten los delitos y pactan una pena, además de concretar una oferta para resarcir a los estafados, explicaron fuentes del caso a iProfesional.

Este acuerdo debe ser aceptado por el Tribunal. El abogado de Blaksley, Mariano Varela, había pedido la excarcelación bajo juramento, sin pago de fianza alguna.

Desde que 17 meses atrás se hizo un planteo similar rechazado por la jueza del caso, María Servini, "existieron hechos reveladores que demuestran" que no hay riesgo de fuga.

"No sólo se decretó la quiebra de Hope FundsSA sino que el 11 de marzo pasado se decretó la quiebra personal de Blaksley, por ende es errado sostener que tiene medios suficientes", argumentó sin éxito.

El fiscal que llevará el juicio, Abel Córdoba, se opuso por la pena prevista para los delitos con el agravante de la "posición de liderazgo" que ocupó el preso en toda la maniobra. Si recae condena, "no sería de cumplimiento condicional".

De acuerdo a lo que ven en la causa, los acusadores consideran que hubo maniobras para "no pagar deudas a las víctimas" y ocultar bienes. 

La acusación que llegó a juicio es por 318 estafas reiteradas, captación de ahorros del público no autorizada agravada por oferta pública, lavado de activos de origen delictivo, asociación ilícita e insolvencia fraudulenta.

"La pena podría superar holgadamente los ocho años de prisión", se recordó al rechazar liberar a Blaksley.

El juicio por la megaestafa quedó a cargo del mismo Tribunal y fiscal que en la actualidad juzgan al detenido empresario Lázaro Báez, a sus cuatro hijos y al arrepentido Leonardo Fariña, entre otros, por presunto lavado de dinero.

Por lo cual antes de acelerar la preparación del debate de Hope Funds, deberán concluir este juicio, algo previsto para el primer trimestre de 2020.

En agosto pasado la jueza Servini amplió el procesamiento a Blaksley por otros dos hechos de presunta insolvencia fraudulenta, uno en tentativa.

Además elevó el embargo a $3.300 millones y dispuso el "embargo preventivo con fines de decomiso" sobre "las sumas dinerarias derivadas de la cláusula 8.1 (Cláusula de Indemnidad) del contrato de compraventa de acciones de Emprendimiento Recoleta S.A., celebrado el día 08 de abril de 2009, entre Hope Funds S.A. y Grupo Bapro". Servini ordenó al Presidente de Grupo Bapro que anote a su Juzgado como beneficiario de esa cláusula de indemnidad.