Beneficiados por Echegaray: ya hay un fiscal que centraliza las denuncias por refinanciaciones de AFIP con el artículo 32

Por estos días comenzaron a enviarse notificaciones judiciales a particulares, empresas y organismos que entre 2010 y 2015 se acogieron al artículo 32 de la ley 11.683 de Procedimiento Fiscal y obtuvieron planes de pago de la AFIP en base a esa norma.

Varios de los beneficiarios de estos planes otorgados por decisión directa del titular de la AFIP, en ese entonces Ricardo Echegaray, ya fueron nombrados por el ex funcionario en el juicio que se le sigue por Oil Combustibles.

Echegaray sorprendió a todos cuando empezó a dar nombres en su declaración indagatoria para mostrar cómo no se buscó beneficiar de manera particular a la petrolera sino que se trató de una política general."No está mal que tengan deuda", se atajó antes de seguir con el listado.

En total se otorgaron 1.648 planes, muchos de ellos bajo investigación en la actualidad. Echegaray nombró a Mirtha Legrand, Dolores Barreiro, Benito Roggio, IECSA, Consejo de la Magistratura, entre otros.

Muchos de estos casos ya fueron denunciados ante la justicia en lo Penal Económico para determinar si pudo cometerse algún delito y actualmente la investigación está centralizada en una fiscalía federal en Comodoro Py 2002, la de Jorge Di Lello.

En efecto se trata de un millar de beneficiados con estos planes que otorgaba a discreción el titular de AFIP en base a ese articulado. Muchos son notificados en estos días de la existencia de la causa desde la fiscalía del quinto piso de Comodoro Py 2002.

Es que las denuncias quedaron centralizadas allí luego que, precisamente en base a lo resuelto en la causa Oil Combustibles por la Cámara Federal de Casación Penal, los juzgados penales económicos comenzaron a declararse incompetentes.

Argumentaron que se podría estar ante el delito de "defraudación", del fuero federal y no el de evasión tributaria.

Esta postura fue convalidada por la Cámara en lo Penal Económico y las causas sobre planes otorgados entre 2010 y 2015 por el artículo 32 recayeron en Comodoro Py.

La fiscalía analiza ahora qué hacer al respecto, si se impulsan o no las denuncias o se declara una incompetencia y vuelve a discutirse el tema, explicaron a iProfesional.

Más allá de eso ya partieron las notificaciones a empresas y personas físicas,  además deorganismos públicos y entes descentralizados.

A todos se les envió una misiva para dar cuenta de la existencia de la causa.