Dictaron la falta de mérito a Ricardo Echegaray y revocaron el procesamiento
La Cámara Federal porteña revocó el procesamiento y dictó la falta de mérito al extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray, en la causa que lo investiga por supuesto encubrimiento agravado y violación de deberes vinculados a los delitos cometidos en la llamada "ruta del dinero K".
La decisión de la sala II del Tribunal de Apelaciones alcanzó también al extitular de la DGI, Ángel Rubén Toninelli, indicó la agencia Télam.
Echegaray y Toninelli estaban procesados sin prisión preventiva por disposición del juez federal Sebastián Casanello, a cargo de la pesquisa, en la causa por la que está preso el empresario Lázaro Báez.
Esa decisión había sido confirmada por el mismo Tribunal de Apelaciones, que ahora revocó los procesamientos al acatar una decisión de su superior, la Cámara Federal de Casación Penal.
Avanza la investigación
El Tribunal dispuso que continúe la investigación y se vuelva a dictar una resolución sobre la situación de ambos exfuncionarios.
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La sala IV del máximo tribunal penal del país hizo lugar el 17 de julio último a planteos de las defensas y dispuso que se anulen los procesamientos hasta que se determine si lo investigado tiene relación con otras causas penales abiertas por hechos que serían similares.
Según estos planteos "se estaría menoscabando en el caso la prohibición de la múltiple persecución penal".
Casación advirtió que no se determinó "si los hechos que conforman el objeto procesal en esta causa, atribuidos a Echegaray y Toninelli, más allá de la calificación legal en que puedan ser encuadrados, difieren o coinciden" con los que se investigan en otras dos causas judiciales.
Operatoria
En esta parte de la investigación se analiza si los exfuncionarios encubrieron la operatoria de lavado de activos de Austral Construcciones, la empresa de Báez, mediante el cierre de la delegación de AFIP en Bahía Blanca, que lo investigaba a raíz de detectar operaciones con facturas falsas.
Báez, sus cuatro hijos y otra decena de acusados enfrentan actualmente un juicio oral por supuesto lavado de dinero a raíz de las operaciones de las empresas de su grupo vinculadas a la obtención de obra pública nacional en el kirchnerismo.