Primer test para Pichetto como líder macrista en el Congreso: frenar la nueva ley antidespidos

Tras el cierre de listas de candidatos, el Congreso buscará retomar, por algunas semanas, su ritmo "normal" en un año electoral. Y en la agenda hay un tema que el peronismo, por pedido de los sindicatos, busca impulsar y tratar en el corto plazo: la denominada "ley antidespidos".

Se trata, en los papeles, de la misma iniciativa que el Congreso había aprobado en 2016 pero que el presidente Mauricio Macri decidió vetar porque consideró que iba a generar el efecto contrario y no se iba a generar empleo.

Claro que el escenario político y social cambió sustancialmente desde aquel entonces, de forma tal que aquella ley vuelve a ser relevante: para empezar, porque la situación de desempleo se agravó, lo cual hace que exista mayor sensibilidad frente al tema y, por ende, que el "costo político" del veto sea más alto. Además, naturalmente, se está en plena campaña electoral, y la bandera vinculada con los puestos de trabajo siempre suma.

Pero no es el único factor que varió desde 2016 hasta ahora. También hay un cambio fundamental y muy paradójico dentro del propio Congreso. La persona que, en nombre de la bancada oficialista, tendrá la misión de frenar la iniciativa es alguien que, en aquel entonces, militaba en la oposición y había votado la ley: Miguel Pichetto.

De manera que, para el candidato a vicepresidente de Macri, esta será una prueba a la cual prestará atención todo el arco político. Quedará en evidencia qué tan importante es la "muñeca" del senador a la hora de jugar sus cartas en la partida de truco del poder legislativo.

La hora de Pichetto

Lo cierto es que a pocos meses de las elecciones presidenciales, y tras un año de caída de la actividad, con cierre de empresas, alta volatilidad cambiaria e inflación superior al 50%, el peronismo tratará de volver a poner sobre la mesa el debate sobre el proyecto que busca frenar los despidos sin causa por 180 días o, en caso de efectivizarlo, pagar el doble de indemnización.

Si bien la iniciativa se había presentado hace algunas semanas, la difusión del dato sobre la tasa de desocupación del primer trimestre, que se ubicó en el 10,1 por ciento, aceleró los planes de la oposición. Al mismo tiempo, los bloques tratan de rearmarse de cara a los comicios generales de octubre.

El proyecto de ley tiene respaldo de las cinco centrales obreras y fue presentado por diputados de extracción gremial como Hugo Yasky, Facundo Moyano, Walter Correa, Abel Furlán, Vanesa Siley y Pablo Carro.

"El tiempo demostró que mintieron con su promesa de generar empleo genuino. No solo eso: la situación en el mundo laboral empeoró al punto que ya ni existe el Ministerio de Trabajo en nuestro país", alertó Siley.

Un aspecto clave: por primera vez, en el Senado se pondrá a prueba el poder negociador de Miguel Pichetto, ya que los legisladores peronistas que no pasaron a las filas del macrismo tienen el número necesario para poder aprobar casi cualquier proyecto.

Por lo pronto, el candidato a vicepresidente pudo sumar a las filas oficialistas a la neuquina Lucila Crexell y busca construir un bloque que trabaje en sintonía con Cambiemos.

Ahora también trata de convencer al correntino Carlos "Camau" Espínola. A ese minibloque se sumarían el santafesino Carlos Reutemann y el salteño Juan Carlos Romero, enfrentados con el kirchnerismo y que apoyaron la mayoría de las iniciativas impulsadas por Mauricio Macri.

Entre propios y aliados, el oficialismo estaría cerca de los 30 legisladores sobre un total de 72.

En tanto, el PJ en el Senado negocia para volver a incorporar a José Alperovich y Beatriz Mirkin, senadores tucumanos que se habían alejado del bloque en desacuerdo con Pichetto, pero que tras la renuncia a la presidencia de ese espacio, admitieron que quieren volver.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, el papel del senador rionegrino (que, vaya paradoja, había apoyado el texto hace tres años y que generó uno de los primeros cruces fuertes con Macri) sería el de dilatar el debate en la comisión de Trabajo y Previsión, a cargo del peronista pampeano Daniel Lovera, para que no llegue al recinto.

Pero previamente, el texto deberá arrancar su camino en Diputados, ya que ingresó por esa cámara. Allí, la escena es similar al de la cámara alta, ya que tras el rearmado de los bloques, en caso de que se trate en el recinto, el macrismo sería derrotado.

El texto ya está en la comisión de Legislación del Trabajo, que preside el diputado peronista Sergio Ziliotto, gobernador electo de La Pampa, quien podría agilizar su tratamiento para que llegue lo más pronto posible al recinto.

Durante los últimos días, el Frente de Todos consiguió sumar a 20 de los 34 diputados del interbloque Argentina Federal, la bancada de los gobernadores. Ese bloque, si bien no se rompería en los papeles, buscaría adherir a los proyectos impulsados por el kirchnerismo y el massismo. 

El interbloque de los gobernadores –con el que Pichetto mantendría un mejor diálogo- sólo tendría 14 diputados, que responderían a los mandatarios de Córdoba, Misiones y Salta. Varios de estos legisladores ya se manifestaron a favor de la candidatura de la fórmula Roberto Lavagna – Juan Manuel Urtubey.

La votación estaría pareja, pero los votos de la izquierda y de otros partidos provinciales que manifestaron su preocupación por la situación laboral del país, torcerían la votación a favor del proyecto.

Aprobación casi segura

En 2016, la iniciativa había sido impulsada por el kirchnerismo y contó con el apoyo del Frente Renovador que lidera Sergio Massa y del bloque Justicialista. A pesar de las negociaciones y diversos intentos, el Gobierno no logró frenarla y fue la primera derrota legislativa importante para el oficialismo.

Por ese motivo, desde la oposición, hay confianza para reunir el número de legisladores necesarios para impulsar y sancionar la norma en el primer semestre de este año.

La iniciativa pide que se declare por el período de 180 días la emergencia pública en materia ocupacional tanto en el ámbito estatal como privado y establece que la prohibición para efectuar despidos se aplicará a la totalidad de los trabajadores, sin importar la modalidad contractual.

El proyecto dispone que, en caso de concretarse los despidos, los empleados afectados podrán optar por accionar judicialmente en reclamo de su reinstalación en el puesto o convalidar la desvinculación. En ese último caso, tendrán derecho a recibir el doble de las indemnizaciones por despido sin causa previstas por ley.

Además, respecto a las contrataciones de personal por parte de la administración pública nacional, la propuesta dispone la continuidad automática de esos trabajadores también por el plazo de 180 días y en iguales condiciones a las que se incorporaron a la plantilla estatal.

Este proyecto generó un fuerte cruce entre Macri y Pichetto. Es que el jefe de bloque del peronismo en el Senado había advertido que ese tipo de norma "en la gestión de Eduardo Duhalde, no había funcionado" pero luego votó a favor de la iniciativa.

El Presidente lo había cuestionado por "decir una cosa y hacer otra". Y el rionegrino le respondió que "en lugar de vetar" el mandatario debía "abrir un diálogo para ver cómo se mantiene el empleo", porque "el veto lo aísla de los trabajadores".

Pero claro, el contexto de hoy no es el mismo de hace tres años. En aquella ocasión, Macri había anunciado su veto rodeado de trabajadores de Cresta Roja, todo un símbolo de un resurgimiento de empresas privadas que se reconvertían sobre la base de una macroeconomía saneada.

Hoy, si quisiera repetir el anuncio del veto, Macri no encontraría condiciones de dar el mismo mensaje. Con despidos y suspensiones en las noticias de cada día, y con la economía sumida en una profunda recesión, es difícil evitar el "costo político" ante una medida de ese tipo.

De todas formas, hay también quienes creen que, luego de haber vetado en 2016, Macri no tiene otra alternativa que volver a tomar la misma actitud, para no ser acusado de falta de coherencia o para que no se interprete que hay desconfianza en la recuperación del empleo privado.