La zona gris de las colectoras: ¿qué pasa si el decreto se anula después del cierre de alianzas?

A pocos días del cierre del plazo para solicitar reconocimiento de alianzas transitorias, los ojos del macrismo y del kirchnerismo están puestos sobre la decisión que tomará Sergio Massa. ¿Aceptará llevar cómo candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires?, ¿se sumará a un frente opositor y competirá en internas contra Cristina Kirchner?

En menor medida, esas preguntas se plantean para el resto del bloque de Alternativa Federal. Muchas son las especulaciones y los escenarios que se manejan. Y el denominador común de estos interrogantes es la duda sobre si a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, le alcanzará para ser reelecta con los votos propios de la coalición Cambiemos, sin la ayuda de sufragios peronistas que acompañen a un candidato presidencial que no sea Mauricio Macri.

Es por eso que, en el centro del análisis político, está la cuestión de las listas colectoras. Que no se limitan a los acuerdos políticos sino que también tienen un costado jurídico. El tema central es la "zona gris" que existe desde el punto de vista legal sobre las mismas.

En definitiva, al día de hoy nadie tiene en claro si la Justicia consideraría legales las colectoras para esta elección.

Decreto, recursos y zona gris

Las colectoras son listas de distintos partidos políticos que presentan diferentes candidatos para una determinada categoría de votación, pero adhieren a una misma para otra categoría

"El candidato que recibe la adhesión, colecta votos de diferentes partidos sin necesidad de negociar y formalizar una alianza que los integre a todos, mientras que cada una de las listas colectoras se beneficia del ‘arrastre’ del candidato al cargo de mayor jerarquía", explicaba un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

"Habitualmente, se trata de varios partidos que presentan candidatos para un cargo de menor nivel y que acompañan, todos ellos, una misma lista de candidatos para un cargo de mayor nivel. Así, es común, por ejemplo, que una misma candidatura presidencial aparezca en varias boletas distintas, acompañada por diferentes listas de candidatos a diputados nacionales", agrega el informe.

A diferencia de otros años, en esta elección no se permitirían las denominadas colectoras, ya que el pasado 12 de abril, a través del decreto 259/19, el presidente Mauricio Macri las prohibió, por lo que una persona ya no podrá ser candidata en diferentes boletas.

Pero en aquel momento, para el Gobierno, el escenario era otro, completamente distinto. Es que hace apenas dos meses, el peronismo comenzó a hacer circular la versión de que se encontraba negociando entre todos sus referentes la posibilidad de llevar único candidato a gobernador en la Buenos en las distintas boletas de sus candidatos a la presidencia.

Ante la posibilidad de perder el territorio bonaerense, el decreto que llevó las firmas del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete Marcos Peña y del ministro del Interior Rogelio Frigerio cercenó esa posibilidad argumentando que se trata de "una mejora de la calidad de los procesos electorales" porque las listas colectoras provocan "inequidad entre los competidores, conspiran contra la emisión de un voto informado y afectan seriamente la calidad del proceso electoral como un mecanismo eficaz de rendición de cuentas y de elección entre alternativas de gobierno".

Hubo algunas presentaciones judiciales contra el decreto, al que consideraron "inconstitucional" porque, de acuerdo a la Carta Magna, el Presidente no puede regular temas electorales.

Inclusive, uno de los funcionarios que más rechazaba las listas colectoras, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, no descartó la posibilidad de que Vidal vaya en las boletas de precandidatos presidenciales, como Roberto Lavagna, Juan Manuel Urtubey o con Sergio Massa.

"Si hay otros candidatos a presidente que quieren apoyar a nuestra gobernadora, no nos parece una alquimia. Son dinámicas provinciales que exceden a la dinámica nacional", sostuvo el jefe de Gabinete.

La paradoja: al macrismo le conviene que le anulen su propio decreto

La causa recayó en el juzgado a cargo de las causas electorales, cuya titular es María Romilda Servini. Poco después, y ante las distintas encuestas que marcaban la posible derrota de Vidal, el mismo Gobierno reconoció que podría llevar adelante listas colectoras. ¿El objetivo? Asegurar la relección de la mandataria bonaerense.

Es que a los armadores de listas de Cambiemos les conviene que haya un fallo que declare inconstitucional el decreto antes que obligar al Presidente a volver sobre sus pasos y dejar en evidencia que se trató de una maniobra con fines electorales.

De acuerdo a las fuentes judiciales consultas por este medio, la jueza Servini habría rechazado los tres amparos presentados contra  esa norma. Ninguno de ellos fue impulsado por el peronismo.

Una vez que se oficialicen las sentencias, el Gobierno estará contra la espada y la pared porque deberá apelar una decisión que ahora los favorece.

Para colmo de paradojas, los abogados constitucionalistas afirman si el decreto fuera declarado inconstitucional, el Gobierno se vería en la obligación de apelarlo, aun cuando ello fuera en contra de sus intereses políticos. "Permitir que las decisiones judiciales adversas queden firmes, sin mayor discusión, dejará sentado un precedente que limita las facultades del Presidente, y ello podría traer un dolor de cabeza en el futuro", explica uno de los especialistas.

El tema de las listas colectoras no está previsto en la Constitución nacional ni en la ley electoral. La ex presidenta Cristina Kirchner las habilitó por decreto en 2011.

Allí se dispuso que en la conformación de alianzas "pueden establecerse acuerdos de adhesiones de boletas de diferentes categorías para las elecciones generales, con otras agrupaciones políticas no integrantes de la alianza".

Ahora Macri lo anuló y espera, ante la incertidumbre de lo que pueda ocurrir en el territorio bonaerense, que la Justicia anule su propia decisión antes del cierre de alianzas el próximo 12 de junio.

De todas maneras, hay que tener en cuenta que si la sentencia definitiva que declare su inconstitucionalidad se dicta luego de esa fecha, sería abstracta para el caso concreto. ¿Esto qué significa? Que el hecho que se cuestionaba ya aconteció, entonces ya no hay nada que resolver. Sí tendrá impacto para las elecciones futuras, pero no para esta.

Por ese motivo, el Gobierno no tendría más alternativa que pagar el costo político y dictar un nuevo decreto que anule la decisión que tomó hace apenas dos meses.