Vuelve el fantasma de Griesa: un fallo negativo por "cupón PBI" desataría nueva ola de juicios

Argentina continuará sufriendo los embates de los distintos tribunales internacionales por juicios pendientes en los tribunales arbitrales del CIADI y de Nueva York.

Este lunes, el fondo Aurelius completó la documentación de la demanda que presentó en enero pasado contra el país por u$s83,7 millones en los tribunales de esa ciudad estadounidense por la manipulación de datos de Indec en 2014, que afectaron su ganancia en el denominado cupón PBI.

En concreto, el holdout se quejó por el cambio en la base del cálculo del PBI en el año 2014, cuando el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció que el crecimiento del año anterior había sido del 3%, por debajo del 3,22% que establecían el piso por los cual ese título comenzaba a pagar. Y se esperan que se resuelvan demandas entre u$s4.750 millones y u$s6.000 millones.

Los abogados de la Procuración del Tesoro (cuerpo de abogados dedicado a defender los intereses del Estado nacional) estiman que el daño potencial por esta demanda podría llegar a los u$s3.000 millones, porque podría abrir la puerta a otras demandas similares. Deberán presentar la respuesta a este reclamo, a más tardar, en un mes.

Aquí se da una paradoja para el macrismo porque la defensa argentina deberá defender los números mostrados por Kicillof y remarcar que tenía el derecho de alterar los mecanismos de elaboración del INDEC, independientemente que esta decisión provocara pérdidas en los tenedores de deuda voluntaria.

La decisión está en manos de la jueza Loretta Preska, quien sucedió en su cargo a Thomas Griesa.

El cupón PBI fue creado por el entonces ministro de Economía Roberto Lavagna, que establecía un pago en dólares para los inversores toda vez que la Argentina creciera por arriba del 3,2%, y que utilizó para negociar una reestructuración de la deuda.

Según la consultora Econométrica, entre 2006 y 2012 -a excepción del 2009-, este título generó desembolsos por u$s10.100 millones, de los que u$s2.137 millones serían un incremento por la manipulación de estadísticas que inflaron los números de 2010 y 2011 en un 15%.

A partir de ese año y con el estancamiento de la economía, el cupón dejó de pagarse hasta ahora.

El riesgo de una ola de litigios

La maniobra que se cuestionó de Kicillof consistió en cambiar la serie y el año base pasó de 1993 a 2004. De esta manera, redujo la estimación de crecimiento del 2013 -que era del 5%- a 3%, y así se ahorró lo que hubiera correspondido del cupón en un momento en donde los dólares ya comenzaban a escasear.

Si la justicia norteamericana ordena recalcular, podría avecinarse una nueva avalancha de litigiosidad de los que compraron el cupón y habían tomado los datos oficiales como definitivos, o por quienes consideran que el año de empalme debe ser diferente al que tome de referencia el Ejecutivo.

Eso es lo que hace que resulte difícil de calcular el daño potencial al que está expuesto el país: un efecto dominó en los juicios haría que el monto total a pagar a todos los acreedores exceda largamente el que reclama actualmente el fondo Aurelius.

Es una situación similar a la que, en su momento, se temía como consecuencia del fallo del recordado juez Griesa a favor de los "fondos buitre" y que se temía desatara una ola de fallos en cadena que condenaran al país a una suma astronómica, algo que finalmente se evitó con el acuerdo de pago al que se arribó en 2016.

Pero está claro que la agenda de problemas judiciales argentinos en Estados Unidos no se agota en el "cupón PBI". Por lo pronto, el caso que mayor preocupación general al Gobierno es la demanda por la estatización del 51% que tenía la española Repsol en YPF.

Y ahora Argentina presentó en Nueva York los últimos argumentos para solicitar que el conflicto se dirima en los tribunales locales. En los hechos, se trató de una respuesta al procurador estadounidense, quien recomendó que el juicio en la mencionada ciudad. La Corte Suprema de EE.UU. decidirá si trata ese pedido.

El reclamo comenzó en abril de 2015, tres años después de la estatización, cuando Burford Capital Limited presentó en la Corte de Distrito Sur una demanda contra la petrolera y el Estado por el supuesto incumplimiento de compromisos asumidos con los tenedores de acciones de YPF. El costo de un resultado adverso en u$s3.000 millones.

La empresa adquirió, luego de una autorización de la Justicia española, la posibilidad de demandar a la Argentina por la quiebra de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, compañías que la familia Eskenazi creó en ese país antes de comprar una parte de YPF.

Para Cambiemos, el resultado de esta contienda podría no ser del todo negativo ya que podría arrojar el pedido de un "discovery", por el que la Justicia norteamericana haría visibles relaciones entre las partes y activos que hoy podrían estar ocultos.

El otro caso en manos de la jueza Preska, trata sobre tenedores de deuda argentina en default que no entraron en el acuerdo al que llegó el país con los fondos buitre en abril de 2016.

Tras la orden del entonces juez competente del caso, Thomas Griesa, y las negociaciones, meses después del cambio de mando el Gobierno les transfirió u$s9300 millones para cancelar los acuerdos cerrados con bonistas minoristas, incluido NML Capital, de Paul Singer, líder del litigio contra la Argentina. Si bien quedó un porcentaje residual de bonistas, sus reclamos se cuentan en millones de dólares.

Los montos que debe abonar el país por distintos juicios en el exterior es cada vez más difícil de determinar, no por el dinero reclamado en sí, sino por el precedente que pueda crear, lo que puede ser utilizado como argumento en otras futuras demandas.

Según un cálculo de la consultora Fin Guru, el país ya pagó cerca de u$s17.095 millones desde 2013. El mayor porcentaje corresponde a los denominados fondos buitre (holdouts), con u$s9.300 millones pagados en 2016.

Hay que tener en cuenta que ese número también contempla la expropiación de YPF, por u$s5.800 millones pagados con bonos en 2014 y fallos adversos en el CIADI por cancelación de concesiones o expropiaciones de empresas.

Hace pocos días, Argentina perdió el juicio en el Ciadi -el tribunal arbitral del Banco Mundial- por la expropiación de Aerolíneas Argentina, en 2008, a Marsans, y se la condenó a pagar u$s320 millones.

Pero ahora creen que el monto final del juicio, una vez actualizado por intereses y gastos, ascenderá a 410 millones de dólares. Por lo pronto, se analiza la posibilidad de entregar un bono estatal a un determinado plazo, que podría ser de diez años.

"El juicio que tiene la Argentina más complicado es del Grupo Petersen por YPF. Pero no importa el Gobierno. La Argentina ha demostrado históricamente no saber interpretar las leyes y violar los contratos", dijo Sebastián Maril, director de Fingurú.

Según el especialista en temas internacionales y litigios del país en el exterior, a consecuencia de esta "irresponsabilidad, todos los que invierten en la Argentina piden que los contratos sean bajo ley internacional".

"Es así y va a seguir así. Mientras que la Argentina tenga un juicio pendiente en alguna corte internacional, el riesgo legal que forma parte del riesgo país va a ser alto", agregó Maril.

Además, recientemente, pagó alrededor de u$s245 millones a la francesa Suez. La indemnización fue acordada tras un largo trámite administrativo y comercial en tribunales internacionales que duró más de 12 años debido a la rescisión unilateral en 2006, durante el Gobierno de Néstor Kirchner, del contrato que tenía Suez para explotar el servicio de provisión de agua potable y cloacas de la Ciudad de Buenos Aires.