Opositores impulsan sesión especial sobre créditos UVA: piden que se ajuste como el salario mínimo

La discusión por el incremento del valor de las cuotas por los créditos otorgados en UVA se intensifica en el Congreso y crecen las chances de que se impulse una ley que establezca un tope de pago.

Mientras trata de reformar los proyectos presentados durante el 2017 y 2018 porque quedaron desactualizados por los cambios de contexto, la oposición en la Cámara de Diputados analiza convocar a una sesión especial.

Esto se debe a que, según dicen desde el peronismo y los sectores de damnificados autoconvocados, el oficialismo se niega a tratar el tema en las comisiones que tienen a cargo y que, reglamentariamente, deben analizarlo.

En un principio, cada bloque opositor impulsaba su propio texto, pero ahora buscan unificar las distintas propuestas en una sola. Es que consideran que de esta manera obligarán a Cambiemos a sentarse a escuchar y debatir la problemática. Así tendrían un as bajo la manga porque si se suman todos los bloques antimacristas, lograrían el número de legisladores necesarios para aprobarlo tanto en Diputados como en el Senado.

Por ahora, solo se reunió la comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados, que invitó a exponer al secretario de Vivienda de la Nación y presidente del Procrear, Iván Kerr, para el próximo martes 26.

De mínima, por pedido de las Asociaciones de Defensa del Consumidor inscriptas en el Registro Nacional (RNAC) y a grupos de autoconvocados por los créditos UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), quieren que se declare la situación de emergencia, lo que obligaría a poner un límite en el incremento de las cuotas.

El diputado Carlos Selva, del Frente Renovador, le dijo a iProfesional que, de acuerdo al colectivo de autoconvocados, "hay más de 100.000 familias que hoy ven opacado el sueño de la casa propia en virtud de que los créditos UVA se volvieron impagables, que desde el Estado no obtienen una solución".

"La situación es urgente y amerita la emergencia y sobre todo frenar las ejecuciones. No puede ser que el Estado, que hoy subsidia a empresas de energía, haga oído sordos y no dé una solución a quienes fueron motivados por el mismo Gobierno para acceder a los préstamos en UVAs que hoy se tornaron usurarios", agregó el legislador.

El Frente Renovador pretende que las cuotas de los préstamos no deban superar el coeficiente salarial y aumentar más que los salarios pero lo urgente es que el Poder Ejecutivo suspenda las ejecuciones.

La titular de la comisión, diputada Marcela Passo (FUNA), exhortó a que se "busque una solución" y reclamó que "de los cinco proyectos presentados ninguno ha sido girado a esta comisión" para su tratamiento.

"Muchos de los hipotecados han sido despedidos de sus trabajos, la propuesta del índice retroactivo se explica porque el conflicto mayor se produce con la inflación del 47 por ciento de 2018. Estamos en una emergencia, es necesario hacer algo en el corto plazo", relataron los deudores.

En tanto, la diputada Mónica Macha, del bloque FpV-PJ, sostuvo que no se discuten los proyectos por una "decisión del oficialismo" y calificó a los créditos como "un sistema especulativo de los bancos". A su vez, prometió abogar por un dictamen que sea sirva para buscar una solución.

En este sentido, los autoconvocados dicen que desde hace unos meses comenzaron a darse los primeros casos de ejecución de viviendas porque los tomadores no pudieron seguir pagando el crédito.

Una UVA atada al salario mínimo

A la mencionada reunión no se acercó ningún diputado de Cambiemos. Desde el PRO argumentan que las viviendas se valorizaron en dólares, ahora valen el doble en pesos y al mismo tiempo, la devaluación licuó fuertemente la deuda medida en moneda nacional. Además remarcan que la cuota tenderá a morigerarse una vez que baje la inflación y que los deudores poseen un mecanismo para pagar un monto menor extendiendo los plazos.

Pero, tal como señaló iProfesional hace unos días, los deudores destacan que "no quieren extenderse aún más tiempo para saldar la deuda, ya que la gran mayoría son a 20 o 30 años y porque la reducción en la cuota es de menos de 14%, por lo que el beneficio va a volver a ser devorado por la inflación en algún momento".

Otro obstáculo que tendrán los afectados será que el proyecto deberá pasar por la comisión de Finanzas que preside Eduardo Amadeo y de Presupuesto, a cargo de Luciano Laspina, ambos del oficialismo.

Además del tope, la oposición quiere que la UVA se retrotraiga al momento en que comenzó la devaluación y se calcule en función de la variación del salario mínimo vital y móvil. También se tratará de fijar la suspensión de las ejecuciones, que era un punto coincidente en todas las iniciativas ya presentadas.

El diputado salteño, Andrés Zottos, consideró que "las alternativas deben ser simples, sin letra chica, ni extensiones de plazos o refinanciaciones que sigan perjudicando a quienes están haciendo todo el esfuerzo por llegar su vivienda propia".

Para el mencionado legislador, quien debe hacerse cargo de las pérdidas es el Estado ya que licuó los ingresos con la inflación, y recortó en forma alarmante el poder adquisitivo de los ciudadanos.

El proyecto que presentó Zottos el año pasado pide que se respete el valor de las cuotas al 30 % como máximo de los ingresos familiares, se impidan ejecuciones, remates y desalojos que tengan como garantía la vivienda única familiar.

Hay que destacar que la comisión de Presupuesto debe intervenir porque el nuevo proyecto contemplaría un subsidio a las tasas y una reducción la carga impositiva de estas operaciones, lo que estaría a cargo del Estado nacional.

En representación de los tomadores de créditos UVA, Carla Figueroa expresó que "estamos siendo perjudicados en nuestra calidad de vida" y afirmó que "esperamos una respuesta que contemple nuestra situación".

El titular de DEUCO (Defensa de Usuarios y Consumidores), Pedro Busetti, recordó que con la ley aprobada en septiembre de 2016 ya se "veía este final " y reclamó al Ejecutivo resguardar el derecho a la vivienda y una ley de emergencia para resolver "de inmediato la situación".

Por su parte, el diputado José Luis Ramón, del Bloque Protectora, se mostró crítico con el Ejecutivo porque según dijo "fue una oferta de propaganda del gobierno que se apoderó del sueño de las familias" y que responde a "cuidar el interés económico de los bancos".