Motochorros: impulsan leyes para sentenciarlos en 40 días y pena mínima de 4 años

Tras distintos casos que lograron llamar la atención de la opinión pública, el oficialismo impulsa dos proyectos de ley sobre los denominados "motochorros". Uno de ellos busca limitar las excarcelaciones y lograr una condena en un corto tiempo, mientras que el otro pretende tipificar la conducta en el código penal y elevar las penas mínimas a cuatro años de prisión.

En concreto, el primer proyecto es impulsado por el Ministerio de Seguridad y prevé la reforma en tres artículos (316, 317 y 318) del Código Procesal Penal (CPP), que determinan las condiciones para las excarcelaciones y la exenciones de prisión, facultad exclusiva que tienen los jueces.

En tanto, la otra iniciativa fue presentada por el diputado radical Luis Petri, vicepresidente 2° de la Cámara baja, y busca para modificar el Código Penal.  Lo que se pretende en este caso es incrementar las penas, elevando los mínimos a 4 años, para impedir las excarcelaciones y la posibilidad de que los delincuentes se puedan someter a la suspensión del juicio a prueba (probation).

El proyecto propone también incorporar al artículo 163 del Código Penal (con penas de uno a seis años) la tipificación del "motochorro" como: "Cuando el hurto se cometiere utilizando una motocicleta, automotor u otra vehículo".

Además, incluye la inhabilitación especial de hasta 10 años y en caso de ser reincidentes perpetua para conducir vehículo motorizados.

Según datos oficiales revelados por el legislador, casi en un 99% de los casos se utilizan motos robadas y cuando son aprehendidos a los delincuentes se los termina juzgando por el delito de encubrimiento. Por eso, también se propone incrementar las penas en ese tipo de delitos además de desalentar que se roben motos.

En febrero, la Procuración General de la Nación ordenó a los fiscales limitar los beneficios que pueden obtener quienes cometen determinada clase de delitos públicos, como los robos callejeros.

Mediante la resolución 13/2019, el procurador Eduardo Casal instruyó a los funcionarios judiciales a su cargo que al momento de expedirse sobre "la procedencia de la suspensión del proceso a prueba, ponderen las circunstancias concretas del hecho" para actuar "en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad".

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, reconoció que se está trabajando para realizar dichas modificaciones y "tener una mirada más restrictiva respecto de las excarcelaciones". En declaraciones a radio Mitre, la funcionaria advirtió que "la Argentina tiene causales de excarcelación muy amplias. Y si bien hemos mejorado mucho porque cuando hay flagrancia el delito es juzgado, las causales de excarcelación hay que restringirlas más a los delitos de violencia que generan conmoción social".

La funcionaria recordó cuando se discutió en el Congreso de la Nación el Código Procesal Penal que empezó a regir hace poco, "el kirchnerismo tenía la mirada de excarcelar todo". "Se votó una mirada de las excarcelaciones absolutamente a favor del delincuente y no de las víctimas y la sociedad", enfatizó.

Bullrich destacó que cuando asumieron el Gobierno se hicieron pequeños cambios pero "no había votos para esto". Por eso, reiteró que "es importante insistir en que no puede haber excarcelaciones automáticas para todos los casos".