Campaña electoral en Comodoro Py: cómo el rechazo judicial condiciona la agenda de Cristina Kirchner

La semana que viene, Cristina Kirchner deberá ir dos días seguidos a Comodoro Py: el lunes para declarar ante el juez Claudio Bonadio como imputada en la "causa de los cuadernos" y el martes para el inicio del juicio oral en la causa por el desvío de fondos de la obra pública. Esto es consecuencia del rechazo que tuvieron en el Tribunal Oral Federal 2 los dos pedidos formulados por la defensa de la expresidenta para postergar el juicio y para mandar el expediente a la provincia de Santa Cruz.

Y lo que ocurrirá esa semana podría dar la tónica de lo que le espera a Cristina durante toda la campaña electoral 2019. Porque, una vez iniciado el juicio, se espera que deba comparecer todos los lunes y martes durante todos los meses que se extienda el proceso.

Ante el tribunal, Cristina deberá sentarse en el banquillo de los acusados en la causa en la que se investiga la presunta entrega irregular de 52 contratos del Ministerio de Planificación Federal, que conducía Julio De Vido, a favor de las empresas de Lázaro Báez por $46.000 millones en Santa Cruz durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Hay más de 50 obras que están investigadas. Se prevé que el juicio dure hasta final de año, con el alegato post elecciones nacionales a cargo del fiscal de juicio Diego Luciani.

Junto a Cristina, Báez y De Vido estarán su ex secretario de Obras Públicas José López; Carlos Kirchner, primo del ex presidente Néstor Kirchner. entre otros.

Para el debate están citados más de 100 testigos, entre los que se encuentran todos los ex jefes de gabinete que cumplieron funciones durante la década que gobernó el kirchnerismo.

El tribunal también aceptó escuchar el testimonio de empresarios de la obra pública, como los ahora imputados colaboradores del caso de los cuadernos, Carlos Wagner y Angelo Calcaterra, quienes fueron propuestos como testigos por la defensa de la ex presidenta.

Pero no será el único que deberá enfrentar en los próximos meses. En total, Fernández de Kirchner afronta seis causas por distintos delitos como lavado de dinero, administración fraudulenta, asociación ilícita e incluso encubrimiento.

Es decir, podría llegar a ser candidata a presidenta en las elecciones de este año estando enjuiciada. Incluso, podría resultar electa y asumir con un juicio en su contra en pleno trámite.

Las otras causas

Dólar futuro

El juez Claudio Bonadio considera que las ventas del denominado "dólar futuro" trajeron "consecuencias dañosas para el patrimonio del BCRA, ocasionando un grave perjuicio al erario público", y que la ex presidenta y su ex ministro de Economía Axel Kicillof "eran quienes tenían a su cargo la administración y el cuidado del patrimonio del Estado".

En caso de ser condenada podría recibir una pena de entre un mes y seis años de prisión. Los resultados obtenidos en la etapa de instrucción determinaron que la pérdida para la autoridad monetaria por dicha operación fue de $55.000 millones.

El tribunal oral n. 1, integrando por los jueces José Michilini, Adrián Grünberg y Ricardo Basílico, será el encargado de realizar el juicio. Aún no hay una fecha determinada para iniciar el debate oral. En el kirchnerismo se defienden argumentando que si son enjuiciados en este caso, también deberían ir al banquillo algunos funcionarios del actual gobierno, ya que durante el macrismo se realizó una maniobra similar para enfrentar la subida del dólar.

Memorándum con Irán

Junto con Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Luis D´Elía, Fernando Esteche, Jorge Khalil, Angelina Abona, Martín Mena, Andrés "Cuervo" Larroque, Alan Bogado y Eduardo Zuaín está acusada de abuso de autoridad y encubrimiento agravado, al haber participado con diferentes roles en la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. La Justicia determinó que existió un "plan criminal orquestado y puesto en funcionamiento" para "dotar de impunidad a los ciudadanos iraníes" acusados del atentado contra la sede de la AMIA.

El juicio lo realizará el Tribunal Oral Federal 8 integrado por Gabriela López Iñíguez, Jorge Tásara y Sabrina Namer, quien fue reemplazada por José Michilini porque antes de asumir como jueza, se desempeñó como miembro del equipo de fiscales que reemplazó al fallecido fiscal Alberto Nisman al frente de la UFI-AMIA.

Hace pocas semanas, la AMIA le envió una carta a la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) instándola a desistir de impulsar la causa judicial. Pero la DAIA, la representación política de la comunidad judía argentina, informó que no tiene la intención de desistir.

Hotesur

El fiscal Gerardo Pollicita solicitó que tanto Cristina, como sus hijos Máximo y Florencia, vayan a juicio oral. En el pedido se da también la elevación a juicio de Lázaro Báez, el contador Osvaldo Sanfelice y Víctor Manzanares, entre otros. Está acusada por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos. Ambos en calidad de jefa de la organización.

A la exmandataria y sus hijos se los procesó en el mes de mayo y se los investiga por presunto lavado de dinero a partir del alquiler de habitaciones de la firma conocida como Hotesur.

Los Sauces

Junto a sus hijos fue acusada de ser parte de una asociación ilícita que se dedicó al lavado de dinero y a la recepción de dádivas.

La acusación sobre los dueños de la inmobiliaria que tuvo como principales inquilinos a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez (ambos en prisión) es por asociación ilícita, lavado de dinero y dádivas. En la Justicia creen que usaron toda la operatoria como una pantalla para lavar plata proveniente de sobornos. El Tribunal 5 aún no fijó fecha para su inicio.

Cuadernos

La sala uno de la Cámara Federal de Casación comenzará a revisar las apelaciones a la primera tanda de procesados del caso. Se la acusa de ser la supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho con prisión preventiva, aunque permanece libre por tener fueros como senadora nacional.

El juez federal Claudio Bonadio aceptó nuevos arrepentidos, para poner bajo la lupa al entorno del fallecido Daniel Muñoz, quien fuera secretario del también extinto ex presidente, Néstor Kirchner.

Se investiga una supuesta asociación ilícita, con eje en el gobierno anterior, que recaudaba dinero ilícito de empresarios asociados a la obra pública.

La causa de los cuadernos fue iniciada en el fuero penal federal en los primeros meses de 2018 a partir de las fotocopias de anotaciones de Oscar Centeno (chofer del también detenido ex funcionario kirchnerista Roberto Baratta), vinculadas al pago de presuntos sobornos.