Cuadernos: Bonadio procesó a Paolo Rocca y empresas del grupo Techint se desploman en los mercados
El caso de los cuadernos impactó de lleno en Paolo Rocca, líder del Grupo Techint, uno de los empresarios más importantes del país. Fue procesado este martes por orden del juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa de los anotadores del chofer Oscar Centeno, que apunta al pago de sobornos en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.
En este marco, las acciones de las empresas del grupo se desplomaron en la bolsa de Buenos Aires: Tenaris cayó 9,90%, mientras que Ternium cedió 3,9%. En tanto, el panorama tampoco fue favorable para los papales de las firmas de Rocca en Nueva York. Allí, el procesamiento del empresario hizo que las acciones bajaran casi 9,78%, con una pérdida de u$s2,64 por acción en un solo día.
Todo esto podría seguir en los próximos días mientras avance la causa judicial contra los directivos de la compañía.
La acusación contra Rocca
Para el juez Bonadio quedó corroborado el pago de coimas por parte de Techint a exfuncionarios del kirchnerismo para solucionar la situación de la empresa Sidor en Venezuela. Y le endilgó al mandamás del grupo los delitos de asociación ilícita y cohecho activo, es decir pago de coimas. Le trabó un embargo de 4.000 millones de pesos.
De esta forma Rocca siguió la misma suerte que Luis Betnaza, director de la compañía, quien ya está procesado en este expediente.
En su declaración ante Bonadio, Betnaza ya había reconocido los pagos que figuran en los cuadernos de Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta. También admitió haberle dado la orden a Héctor Zabaleta, otro ejecutivo de Techint, para que entregara unos bolsos con dinero a Claudio Uberti, ex funcionario kirchnerista y por esos años a cargo de la llamada embajada paralela de Argentina en Venezuela.
"Se encuentra acreditado con el grado de certeza requerido en esta etapa procesal que Paolo Rocca, habría sido una de las personas que ordenó la entrega de dinero realizada por Héctor Zabaletta a los funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal, quienes luego ejecutaron los actos que eran propios de la función que cumplían, hallándose destinados a beneficiar a los cohechantes", sostuvo Bonadio en el fallo.
Bonadio recordó que de las anotaciones de Centeno "se desprende que en edificio del 'Grupo Techint' -ubicado en la calle Della Paolera 297/299 de esta ciudad-, se efectuaron ocho (8) pagos, entre los meses de mayo y diciembre de 2008".
"Puntualmente, de las mismas se desprende que en el domicilio indicado se entregaron bolsos o paquetes con dinero a Roberto Baratta los días 29 de mayo, 30 de junio, 1° y 27 de agosto, 30 de octubre y 3° y 18 de diciembre de 2008", puntualizó.
Ahora, el futuro judicial del ejecutivo cuyas empresas cotizan en Wall Street y la bolsa de Milán y posee una fortuna personal calculada en torno a los u$s4.700 millones, está más atado que nunca a lo que defina Bonadio.
Fuentes judiciales informaron también que distintas fue la suerte de Marcelo Mindlin, titular de Pampa Energía y de Sacde, la ex IECSA, constructora que le compró a Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri. El magistrado le dictó la falta de mérito.
Sobre esta posición, Bonadio sostuvo: "Habrá de adoptarse un temperamento expectante respecto del suceso imputado a Marcos Marcelo Mindlin, toda vez que en el pago realizado no se vislumbra la matriz establecida en el resto de las entregas de dinero que fueron registradas por Oscar Centeno en sus anotaciones".
Además remarcó que, de su indagatoria, derivaron "medidas de prueba tendientes a verificar o descartar sus dichos".
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Qué había dicho Rocca ante el juez
El dueño de Techint, Paolo Rocca, quien prestó declaración indagatoria ante Bonadio el 5 de octubre había asegurado que no estaba al tanto de los pagos indebidos que admitió haber hecho al gobierno anterior el ejecutivo del grupo Luis Betnaza.
Así se supo entonces de fuentes judiciales, luego de que el empresario se presentara en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 para cumplir con la indagatoria en el marco de la investigación por las coimas en la obra pública.
Rocca negó tener conocimiento de los pagos que admitió Betnaza ante Bonadio y dijo que no lo sabía porque el ejecutivo tenía potestad para tomar decisiones autónomas.
Betnaza reconoció ante la Justicia que hizo pagos ilegales a la administración de Cristina Kirchner en 2008.
En su declaración ante el juez, el ejecutivo aseguró que mantuvo "varias reuniones" con la ex jefa de Estado para solicitarle "al gobierno argentino que intercediera" como mediador ante el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, por "el peligro de nacionalización" de una de las firmas que el holding liderado por Rocca tenía en ese país.
En ese sentido, dijo que los pagos habían tenido que ver con una cuestión humanitaria para salvaguardar al personal que se desempeñaba en Sidor.
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Ahora, el dueño del grupo empresario se despegó de sus dichos y negó tener conocimiento de los sucesos, que atribuyó a Betnaza y a otro director de Techint, Héctor Zabaleta, quien en la causa tiene falta de mérito.
Al ser consultado en la indagatoria sobre cómo se hicieron los pagos, Rocca señaló que fueron realizados con fondos pertenecientes a los dividendos de los socios.
Además, relató ante el juez federal que los empresarios atravesaron momentos complicados durante la gestión kirchnerista.
El dueño de Techint no aparece mencionado en los cuadernos de Oscar Centeno, pero fue señalado por el financista Ernesto Clarens, quien también declaró ante el magistrado, por entregar supuestas coimas durante la gestión anterior.
Ahora, el juez consideró que hay suficientes elementos como para procesarlo.
Otras medidas
En el mnismo fallo en el que procesó a Rocca, Bonadio decidió ampliar los procesamientos a los detenidos ex ministro de Planificación Julio De Vido, al ex funcionario Roberto Baratta, a Nelson Lazarte, José María Olazagasti y Hernán Gómez, entre otros.
Por otro lado, también quedaron procesados el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo Juan Manuel Abal Medina, Claudio de Lassalleta, Rubén Aranda y Hugo Larraburu.
Todos habían sido citados a ampliar sus declaraciones indagatorias para notificarlos de nuevos cargos en su contra.