La polémica legal por Uber: ¿app de servicios o empresa de transporte?

La Legislatura porteña convirtió en ley la iniciativa que endurece las penas para los choferes de Uber y quienes transporten pasajeros de manera ilegal recibirán multas de hasta $ 200.000 y el retiro de licencia.

"Con la modificación del Código buscamos brindar mayores herramientas para el control del transporte público y así garantizar la seguridad de los vecinos", destacó el Vicepresidente 1° de la Legislatura, Francisco Quintana (PRO).

"En la medida en que Uber no se encuadre en el marco legal, nos vemos en la obligación de agravar las sanciones. Estamos abiertos a conversar siempre que haya voluntad de estar dentro de la ley. Otras empresas entendieron que ese es el camino", remarcó.

La medida fue impulsada por la presidenta de la Comisión de Tránsito y Transporte, Cristina García.

El argumento es que la empresa ofrece su servicio en otras ciudades del extranjero, y en muchas debió adaptarse a la legislación local. En ese punto, también debería cumplir con las exigencias legales y reglamentarias del ámbito porteño y demás regulaciones societarias y tributarias.

La firma cuestionó dos artículos que se agregarán al Código de Tránsito. Uno faculta a la Ciudad a retener "conductores, vehículos y su documentación por el tiempo necesario", entre otras cuestiones, "cuando preste un servicio de transporte de pasajeros sin el permiso, autorización, concesión, habilitación o inscripción que la normativa aplicable requiera, sin perjuicio de la sanción pertinente". También "cuando el conductor de un servicio de transporte de pasajeros preste un servicio para el cual no está habilitado o en infracción al mismo".

El otro faculta a los agentes públicos a retener los vehículos si constata que prestan "un servicio de transporte de pasajeros o de carga, careciendo del permiso, autorización, concesión, habilitación o inscripción exigidos o en excesos de los mismos, sin perjuicio de la sanción pertinente".

La discusión

En este caso, la discusión se centra en si Uber es una empresa de transporte (postura del Gobierno porteño) o de servicios (postura de la empresa).

Si triunfa la primera postura, la firma estaría obligada a obtener el aval legislativo, luego a registrarse en la Ciudad y cumplir otras leyes –como las laborales y de seguros al tener que contratar una cobertura de transporte oneroso y a responder ante los pasajeros por casos de accidentes- y pagar impuestos locales, como lo hacen los taxis.

La firma sostiene que es legal y remarca que la Justicia ya revocó el bloqueo del sitio web y aplicación y piden tomar el ejemplo de Mendoza, donde comenzó a operar de manera legal y a abonar algunos tributos.

Un tema no menor en este caso es que el Código de Transito exige a los taxis y remises que cuenten con un seguro especial de responsabilidad, que cubra no sólo al conductor, sino también a las personas transportadas (hasta un máximo de cuatro).

En cambio, los vehículos registrados por UBER solo contarían con el simple seguro de responsabilidad civil, que se le exige a cualquier vehículo particular que circule por la Ciudad no destinado a prestar servicios de transporte público.

Los expertos remarcan que, en ausencia del cumplimiento de estos requisitos, el único control sobre los vehículos y los choferes lo efectuaría la propia aplicación, lo que no puede garantizar la seguridad de los usuarios y consumidores de dicho servicio en la medida que proviene del propio interesado en prestar el servicio (y en obtener ganancias sobre el mismo).

La empresa indica que durante el viaje, su póliza de seguro (con un tope) cubre la responsabilidad civil del conductor ante terceros. La cobertura abarca cada uno de los incidentes que ocurran desde el momento en que se acepta un viaje hasta que se llega al destino del usuario.

Si otro conductor provoca el accidente pero no tiene el seguro adecuado, esta póliza cubriría las lesiones corporales de todas las personas en el vehículo de viaje compartido. Además, requiere que los conductores cuenten con un seguro automotriz personal que cumpla con las regulaciones estatales del lugar donde quieren conducir.

Su aplicación en el mundo

Horacio Granero, el abogado especialista en nuevas tecnologías y fundador de elDial.com, señala que “el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolvió que Uber es una empresa de transporte y no una plataforma digital de intermediación entre viajeros”, por lo que está obligada a trabajar con licencia  como el servicio de taxis y no podrá ser operada por conductores particulares.

De esta forma se desmorona el modelo original de Uber, consistente en que conductores particulares operan el servicio de transporte urbano con sus vehículos a través de una aplicación, en la que actúa como un intermediario digital.

La sentencia indica que el servicio prestado por la aplicación “no se limita a una mera aplicación para poner en contacto a un conductor no profesional que utiliza su propio vehículo con una persona que desea realizar un desplazamiento urbano, "sino que crea al mismo tiempo una oferta de servicios de transporte urbano, que hace accesible concretamente mediante herramientas informáticas y cuyo funcionamiento general organiza en favor de las personas que deseen recurrir a esta oferta para realizar un desplazamiento urbano", destaca Granero.

Por último, destaca que para el TJUE, este servicio de intermediación forma parte de un servicio global cuyo elemento principal es el transporte y, por lo tanto, que no responde a la calificación de "servicio de la sociedad de la información", sino a la de "servicio en el ámbito de los transportes".

Según explica Santiago Eduardo Durigón, en un artículo publicado en la citada editorial, "para el caso particular de alquileres de vehículos, es ampliamente positivo que los usuarios puedan elegir si les conviene más un taxi, remis o un vehículo registrado por UBER, siempre y cuando todas estas alternativas cuenten con las habilitaciones y permisos que exige el Gobierno de la Ciudad, los cuales deberán operar bajo la estricta fiscalización de la Administración, garantizando, así, la seguridad, calidad, dignidad y regularidad que debe tener este tipo de servicios".

"Se estarían vulnerando los derechos de los usuarios y consumidores y la garantía constitucional de igualdad ante la ley, si la aplicación operara sin cumplir con todos los requisitos que se le exigen, no sólo a los alquileres de vehículos particulares, sino a todos los medios de transporte que operan en la Ciudad, sean servicio público o no", agrega.

"En suma, no es convincente ni razonable que UBER se considere eximida de cumplir con las normas aplicables por tratarse de una “aplicación tecnológica” que simplemente permite la “interacción” de las partes del contrato de transporte, dado que este último, después de todo, se celebra y sus efectos se cumplen en el mundo físico y no en el entorno digital en el que opera UBER", enfatiza Durigón.