Imputaron a los acusados de la megaestafa inmobiliaria

Este jueves los Tribunales de Venado Tuerto se vieron convulsionados por el gran despliegue policial y de medios periodísticos ante el desarrollo de las audiencias imputativas a los 14 detenidos por la causa de estafas inmobiliarias en el sur de Santa Fe.

Se detalló que la mecánica de los fraudes (valuados en $1000 millones -32 propiedades, entre campos y casas-) consistía en la venta de propiedades de personas fallecidas o de avanzada edad -mediante documentos falsos- que eran adjudicadas a prestanombres pagos.

Uno de los defensores pidió el apartamiento de la causa del fiscal Matías Merlo, por haber “adelantado” mediáticamente datos de las investigaciones. “La causa empezó en los medios", aseguró el abogado Juan Carlos Fraga, quien también solicitó que la investigación incluya a integrantes del poder judicial que intervinieron en los trámites en algún momento.

Se supo que el “líder” de la organización sería el abogado penalista venadense Antonio Di Benedetto. Lo seguirían el escribano, también de Venado, Eduardo Casadei; Ángel Emilio Moreale, escribano de Armstrong; y Raúl Jaime, gestor de Rosario.

Luego, se conoció que también integrarían la asociación como testaferros o prestanombres, Luis Alberto Bentati, Milena Fischer, Danisa Elisabet Pintos, Maria de los Ángeles Sarría, Marcelo Jesús Sava, Fernando Astigarraga, Luis Restovich, Alejandro Dall’Armellina, Alberto Long y Roberto Miguel Sainz.

La causa que “explotó” mediáticamente el miércoles, tuvo su origen en abril de 2016 cuando un venadense aparentemente insolvente, Luis Celio Restovich (uno de los detenidos) concretó la compra fraudulenta de tres campos de unas 460 hectáreas en Maggiolo, San Eduardo y Venado Tuerto, valuados en ese momento en al menos $130 millones, que pertenecían a Luis Néstor Ferrari (fallecido en 2003).

La maniobra del acusado consistió en fraguar un poder que Ferrari le habría otorgado a él en diciembre de 2001.

Con ese documento apócrifo, Restovich hizo de vendedor y de comprador al mismo tiempo, se autovendió los tres campos y preparaba una nueva transferencia. Como la mujer de Ferrari murió en 2002 y no tuvieron hijos, la sucesión quedó en disputa entre los hermanos y sobrinos del propietario.

El estafador buscó aprovechar ese aparente vacío pero la abogada y administradora de la sucesión, Lea Silvia Kreimer, detectó la irregularidad y comenzó a desandar el camino burocrático. Kreimer que actuaba desde agosto de 2008 para administrar los bienes del difunto hasta definir el conflicto entre herederos- pidió constancias en los distintos registros de la propiedad y a colegios de escribanos. Lo primero que hizo fue informar la irregularidad al Juzgado Civil de Venado Tuerto, en octubre de 2016.

El juez Bertram anotó en ese entonces los bienes como “litigiosos”. La administradora de los bienes también presentó la denuncia penal ante el entonces fiscal Juan Pablo Lavini de Venado Tuerto, quien a su vez dispuso una medida cautelar ante el Registro de la Propiedad y frenó el negociado. De esta manera, comenzó la investigación que tuvo una participación activa del gobierno provincial que se encargó de intentar evaluar posibles maniobras similares.

Allí, se empezaron a cruzar datos dentro del Registro de Propiedad y se encontraron posibles casos coincidentes donde la mecánica se repetía, agregándose además nuevas denuncias de damnificados particulares.

Participaron del operativo alrededor de 50 efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) en conjunto con oficiales de la Unidad Regional VIII. Los procedimientos tuvieron lugar alrededor de las 7 del miércoles, cuando la Policía allanó, en forma simultánea, domicilios en Venado Tuerto, Villa Cañas, Rosario, Amstrong y Las Rosas.