El proyecto de equidad salarial de género, ¿un "caballo de Troya" para introducir la reforma laboral?

El debate por las leyes sobre equidad salarial y ampliación de licencias ya comenzó en la cámara de Diputados. Si bien el Gobierno destaca que ayudará a terminar con las diferencias remuneratorias entre hombres y mujeres que desarrollan la misma tarea en una empresa, para los críticos se trata de una reforma laboral encubierta.

La próxima semana, las comisiones de Legislación del Trabajo, y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la cámara baja volverán a juntarse y asistirán secretarios generales de distintas centrales sindicales. Quedará una reunión antes de pasar el texto a la firma.

El dictamen del proyecto, que también trata sobre la ampliación de licencias, aún no está cerca. Es que, entre otros puntos, la iniciativa no contempla sanciones específicas para las empresas que incurren en esa práctica, lo que implica en un freno para su tratamiento, como denuncian los representantes sindicales.

Los asesores oficialistas explican que la Ley 25.212, denominada “Pacto Federal del Trabajo” -sancionada en 1999 y actualizada en 2014- ya contempla multas cuando se produce discriminación por razones de género, a la que considera una falta muy grave.

Allí, se estipula que este tipo de conductas será sancionada con multa del 50% al 2.000% del valor mensual del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente al momento de la constatación de la infracción, por cada trabajador afectado.

Además, la Ley de Contrato de Trabajo prevé que la empleada damnificada pueda considerarse despedida y reclamar las indemnizaciones correspondientes.

Pero para los gremios, esto no ocurrirá porque en un contexto donde cada vez hay más desempleo y aumenta el empleo no registrado, son pocas las que estarán dispuestas a perder su empleo al reclamar formalmente las diferencias salariales.

Hasta el momento, fuentes del macrismo remarcaron a iProfesional que tratarán de avanzar con un proyecto similar al que presentó el Poder Ejecutivo a principio de este año. Eso podría ser una barrera a la hora de encontrar consensos a la hora de firmar el dictamen y de votarlo en el recinto.

Críticas de las empresas

El debate se centra en la "letra chica" del texto y las empleadoras argumentan dificultades operativas al implementar la ley, si es que se aprueba el texto del oficialismo, porque se les cercena un espacio de discrecionalidad y advierten que habrá sectores reticentes a contratar mujeres.

En concreto, la iniciativa apunta a lograr la paridad salarial entre hombres y mujeres. Hoy, la brecha de ingresos es del 26,27%.

En este punto, los empresarios reconocen que hubo cambios en el mercado de trabajo, con un aumento de la participación de la mujer. Y, a la vez, que en muchos casos las mujeres ocupan categorías más bajas o tienen jornadas inferiores a las de los hombres, lo que redunda en un menor ingreso. Pero lo vinculan a una dinámica propia del mercado y a "motivos personales", en referencia a estudios o la carga de familia.

El problema, según los abogados de empresas, podría darse con los fuera de convenio y mandos jerárquicos, que los directivos definen en función de criterios como el mérito.

"No te pueden condicionar el salario que pagás al personal fuera de convenio, porque no se trata de un sexo y otro, sino de oportunidades de mercado", explicó Marcelo Aquino, del estudio homónimo.

Además, ve con desconfianza la injerencia estatal sobre políticas salariales, donde reclaman libertad para dar premios por mérito.

Ni bien el proyecto fue anunciado, surgieron algunas voces de alerta en el sentido de que ya existen normas que impiden la discriminación y que, además, algunas iniciativas del nuevo texto podría tener un "efecto boomerang" que perjudique a las mujeres al disminuir la propensión de las empresas a su contratación.

Para ello, según señala Fernando Bianchi, del Departamento Técnico Legal Laboral de Arizmendi, la LCT actualmente cuenta con herramientas normativas para evitar estas situaciones y así lo ha entendido la jurisprudencia laboral en distintas oportunidades.

“Si bien la LCT ya contempla medios de defensa por parte de la trabajadora para reclamar la igualdad en el ámbito laboral cuando las condiciones son similares, el presente proyecto, busca reforzar esta equidad y modernizar la redacción de la norma”, agrega el especialista.

Críticas de los gremios

Por otra parte, las especialistas en estudios de género en el ámbito laboral reconocen que es un avance el impulso de medidas para reducir la brecha salarial, pero advierten que la iniciativa no contempla mecanismos para poner en práctica "la igualdad de género en todos los aspectos de la vida laboral".

"Es necesario que desde el Estado se trabaje en la ampliación de la oferta de servicios de cuidado, en la revisión de los horarios y modalidades de trabajo para adecuarlos a las necesidades de las familias. También es importante generar espacios tripartitos para monitorear las prácticas empresariales que contribuyan a reducir la brecha salarial", señaló la investigadora Lucía Martelotte.

Los especialistas son reticentes en cuanto al éxito de una norma de ese tipo, porque consideran que se puede solucionar controlando más a las empresas y que las leyes vigentes ya la prohíben.

Bajo la consigna “La reforma laboral no cierra la brecha salarial”, las trabajadoras realizaron observaciones a la propuesta del oficialismo, a la que tildaron de “parcial y oportunista”, y profundizaron en la necesidad de generar políticas públicas que contribuyan a la equidad de género.

Laura Sotelo, responsable del área de Género de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Capital, explicó que lo que hacía a la verdadera brecha salarial eran las tareas de cuidado, el trabajo gratuito que sostenían las mujeres, y que implicaba su exclusión del mercado laboral o su diferente posición en el salario.

En tanto, el diputado Facundo Moyano consideró “una contradicción y una tomadura de pelo” que el Gobierno ponga en discusión una ley sobre equidad laboral “en un contexto donde ya hay 100 mil despidos” y “los trabajadores este año perderán como mínimo un 16% de su salario”.

“Estamos discutiendo un proyecto de ley que es un lindo título, pero que no va a llevar a la igualdad y nos va a quitar las herramientas principales para defender nuestros derechos. Para terminar con la brecha salarial hay que terminar primero con la segregación ocupacional, y eso implica que se contraten más mujeres y se les garanticen sus derechos. Necesitamos que los empresarios colaboren y en caso de que no lo hagan, que se les impongan sanciones”, sostuvo la diputada del Frente para la Victoria-PJ Siley.

Sobre este último punto, Siley, quien también es representante sindical, propone en su proyecto una sanción equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles para las empresas que incumplan con el principio general de igualdad, a diferencia de la propuesta oficial, que no incluye penalizaciones.