El Senado comenzó a discutir una ley de lobby

El Senado comenzó a discutir la posibilidad de reglamentar la actividad de aquellas personas físicas que realicen gestiones para intereses privados en el ámbito del Estado, que obligará a los denominados lobbistas a inscribirse en un registro y a legisladores y funcionarios a dejar asentadas las reuniones que mantengan con los inscriptos.

El inicio del debate, en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, mostró un importante consenso entre todas las fuerzas políticas de la Cámara alta, por lo que se decidió avanzar en la redacción de un proyecto unificado con intención de emitir dictamen dentro de dos semanas.

En la Cámara de Diputados hay un proyecto enviado por la administración de Mauricio Macri en abril del año pasado que hasta el día de hoy sigue sin tratamiento.

La única regulación que existe en la actualidad es el decreto 1172 del año 2003, el cual estableció la obligación para los funcionarios del Poder Ejecutivo de registrar las audiencias con representantes de empresas y organizaciones que tengan algún tipo de interés o relación con el Estado.

En la discusión que se inició en el Senado se pusieron sobre la mesa tres proyectos de ley. Todos coinciden en la creación del registro para las personas que realizan tareas de lobby, aunque con matices en torno al alcance que tendrá esa obligación.

"Si la discusión de hoy pasa por la corrupción es necesario hacer un diseño que permita combatirla en distintas áreas para dar una mayor calidad institucional", afirmó Dalmacio Mera (PJ-Catamarca), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

La idea más extendida es la de regular la actividad para el Poder Ejecutivo, la administración pública y el Poder Legislativo, ámbitos en los que deberán crearse un registro de lobbistas.

Sin embargo, durante el debate los peronistas Juan Carlos Romero (Salta) y Mario País (Chubut) pidieron que el registro se aplique a todo el estado nacional. "No veo motivo para la exclusión del Poder Judicial, que administra un presupuesto importante y también realiza contrataciones", afirmó el chubutense.

También se planteó la necesidad de considerar excepciones al registro previo obligatorio para los casos de cuestiones específicas y eventuales. Se citó como ejemplos el cabildeo realizado por diferentes organizaciones no gubernamentales durante el debate por la legalización del aborto.