Cristina Kirchner irá a juicio oral el 26 de febrero por la obra pública en Santa Cruz
El panorama judicial de la expresidenta Cristina Kirchner se complejizó este lunes, tras la decisión del juez federal Julián Ercolini de llevarla a juicio oral a partir del 26 de febrero.
El juicio se realizará en el marco de la causa que investiga a Cristina por presunta corrupción en la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz.
La actual senadora nacional será juzgada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº, que está integrado por los magistrados Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Jorge Tassara.
En la misma causa también será juzgados los hoy detenidos Julio De Vido –exministro de Planificación Federal, José “bolso” López -exsecretario de Obras Públicas- y el empresario Lázaro Báez.
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La ex presidenta está acusada de ser coautora de los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta, en el marco de una investigación que se originó en 2016 por una denuncia de las nuevas autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad.
De los acusados, De Vido, está preso por irregularidades en el manejo de fondos de la mina de Río Turbio, al igual que López, que está detenido por los bolsos con casi u$s9 millones de dólares que en 2016 intentó esconder en un convento de General Rodríguez.
En tanto, Báez sigue detenido en la causa por lavado de dinero de la obra pública a través de la financiera SGI, conocida como "La Rosadita".
Además, Carlos Santiago Kirchner, ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública, está preso porque supuestamente obstruyó la investigación al declarar un domicilio inexistente, así como por querer sacar fondos de una cuenta embargada por la Justicia.
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Según la acusación del fiscal Gerardo Pollicita, "se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46 mil millones de pesos".
Se trató de una maniobra con una "estructura coordinada de personas, con división de roles y permanencia en el tiempo por más de diez años, que le permitió a sus responsables sustraer de las arcas públicas miles de millones de pesos a través de la obra pública vial".
Los fondos públicos fueron girados a Valle Mitre, empresa de Báez, y eran "remitidos mensualmente como dinero limpio en concepto de canon locativo a los ex presidentes y a sus hijos" por el alquiler de plazas hoteleras, se indicó.
"Santa Cruz lejos de ser beneficiaria de una legítima política del gobierno federal, fue el escenario escogido para el obrar mancomunado ilegal de un grupo de funcionarios que comandados por los titulares del Poder Ejecutivo Nacional, utilizaron la propia burocracia estatal para proveer los fondos a dicha provincia, para que una vez allí, llegara a manos de Lázaro Báez", sostuvo el fiscal Pollicita, que actuó en la etapa de instrucción.
En enero pasado, Cristina Kirchner había presentado un requerimiento para que el proceso llegara cuanto antes a la instancia oral, a fin de que el caso tuviera "un esclarecimiento definitivo y público", tras señalar que las imputaciones se le endilgan "de manera sesgada, arbitraria y contraria a derecho".