A pesar de la reducción de la litigiosidad, la polémica por la ley de ART no cesa

Menos litigiosidad y mayor ahorro para las empresas. Ese fue uno de los objetivos del presidente Mauricio Macri al impulsar la reforma a la Ley de Riesgos del Trabajo. Varias provincias ya adhirieron a la norma y se vio una caída en la cantidad de juicios que los empleados accidentados plantearon contra las aseguradoras.

La ley 27.348 generó una reducción del 14,5% en el costo de los seguros del sistema, lo que se tradujo en un ahorro acumulado de más $13.000 millones para las empresas.

La clave, según coinciden en señalar las aseguradoras y los representantes de los trabajadores, estuvo en la obligatoriedad del paso de los empleados accidentados por las comisiones médicas. Para las primeras, se lograron evitar distintos tipos de fraudes, mientras que para los segundos, se creó una barrera que dejó desprotegidos a muchos dependientes y los obligó a “agarrar poco dinero ahora que una suma más importante en un futuro lejano”.

Es que si cuestionaban judicialmente los montos estipulados por los mencionados órganos jurisdiccionales, recién podrán cobrar algo una vez que terminase el juicio. Es decir, podría demorar años en percibir una reparación económica integral.

Para las empresas, esta situación se transformó en un recorte de las alícuotas que abonaban. De acuerdo a datos difundidos por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en el período que abarca desde abril del año pasado, destaca que la alícuota promedio del sistema, (cuota pactada como porcentaje de la masa salarial) pasó de 3,52% a 3,01%, lo que representa una baja de 14,5% y equivale a un ahorro total $ 13.000 millones para el sector empleador.

El impacto de la nueva normativa se evidencia en la reducción de costos observada en las 13 provincias que ya adhirieron a la ley: allí la alícuota promedio en abril pasado fue de 2,91% contra un 3,42% registrado en las jurisdicciones en que aún no rige la reforma.

Solo faltan adherir Santa Cruz, Chubut, Neuquén, La Pampa, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Catamarca, Misiones, Santa Fe, San Luis, La Rioja, Salta y Tucumán.

A principios de mes, el presidente Mauricio Macri habló de "mafias" que le "cagan la vida" a los argentinos y criticó la falta de adhesión de Santa Fe a la ley de ART, que según él favorece a "la industria de los juicios laborales".

"Nosotros tenemos una posición histórica en favor de los trabajadores/as, y coherentes con ello, rechazamos esta ley en 2012 y su reforma en 2017", definió el Partido Socialista –gobernante en la provincia, mediante un comunicado.

"Cuando la mencionada ley habla de disminuir la litigiosidad laboral nosotros los progresistas podemos dar el ejemplo que se viene dando desde la provincia de Santa Fe exigiendo que se promuevan los comités mixtos de salud y seguridad laboral", añadieron.

En su texto partidario el Socialismo recuerda que "Argentina sancionó en marzo del 2017 la ley 27348 de ART (Aseguradora de Riesgo de Trabajo), la cual debe ser adherida por las provincias para ser aplicada en sus territorios, esta ley no hace nada más ni nada menos que restringir los derechos laborales que se encuentra explícitos en el art 14 bis, la misma beneficia a las empresas a costa de la salud de los trabajadores".

Entre los puntos cuestionados, mencionaron el rol de las comisiones médicas jurisdiccionales que "solo existen 35 en todo el país y 16 en las provincias lo que genera que los trabajadores no puedan acercarse en muchos casos a realizar los reclamos y sigan trabajando en formas inhumana".

En el análisis por provincia, se destacan los casos de la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza: en el distrito porteño y durante el primer trimestre de 2018 se redujo 63% la cantidad de demandas iniciadas (4994) respecto de igual período del año pasado (13.513 presentaciones judiciales). En Córdoba esa disminución alcanzó el 83% y en Mendoza la caída de la litigiosidad fue del 43%.

En contrapartida en la provincia de Buenos Aires se verificó un aumento de 74% de juicios iniciados en el periodo. Esa situación se debió especialmente a la demora en la adhesión del distrito a la reforma, que recién fue efectiva desde marzo último y generó un fenómeno de mudanza masiva de juicios desde los tribunales porteños hacia los bonaerenses. Sin embargo, en el último trimestre y con la ley ya vigente en el distrito que gobierno María Eugenia Vidal se observó que 9 de cada 10 casos de accidentes o enfermedades laborales que se tramitaron en las comisiones médicas bonaerenses culminaron con acuerdos entre trabajadores y aseguradoras sin necesidad de recurrir a un juicio.

La Federación Argentina de Colegios de Abogados cuestionó la reforma por estar “en franca contraposición con los precedentes la Corte Suprema de Justicia de Nación "Castillo" y siguientes, en cuanto se restablece un trámite administrativo previo y obligatorio en el reclamo indemnizatorio de infortunios laborales que vulnera de manera clara y fácilmente comprobable los derechos de los trabajadores de la Nación demorando la resolución de sus reclamos que tienen carácter alimentario y tiene que ver con uno de los más caros bienes jurídicos a proteger, que constituye la integridad psicofísica de las personas”.

Y la mencionada federación agregó que “de manera paulatina se han producido adhesiones provinciales con muy malos resultados desde la perspectiva de una justa y rápida determinación e indemnización de los infortunios laborales”.

“Nos encontramos ante un procedimiento previo previsto para desgastar a los justiciables y a los abogados que los patrocinan en su reclamo demorando con todo tipo de requisitos previos la fijación de las audiencias respectivas, con casos en que desde la puesta en vigencia de éste nuevo sistema están desde el primer día esperando la fijación de día y hora de audiencia aún no designada”, remarcó la entidad.

“La falta de creación y puesta en funcionamiento de las Comisiones Médicas necesarias obliga a los justiciables y a sus abogados a trasladarse en muchos casos cientos de kilómetros para poder asistir a las audiencias que se les fijen, con los trastornos que ello implica”, enfatizó la FACA.

De esta manera, exhortó a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y a los gobiernos provinciales en los que se haya producido la adhesión y puesta en vigencia de éste sistema, a que arbitren los medios económicos y normativos necesarios a los fines de dar respuesta oportuna a los trámites que se ingresan en sus respectivas Comisiones Médicas.

Además, en los juzgados laborales de primera instancia y cámaras de todo el país, las sentencias judiciales se inclinan levemente al rechazo de la Ley 27.348 por considerar que vulnera los derechos de los trabajadores a una reparación integral. La Corte Suprema de Justicia de la nación tendrá la última palabra.