Cristóbal López pidió apartar al juez que decretó la quiebra de su petrolera

Cristóbal López y su socio Fabián de Souza acaban de presentar un pedido de recusación contra el juez Javier Cosentino, a quien acusan de tener intereses creados en la causa que lleva adelante el magistrado por la quiebra de Oil Combustibles (OCSA). Se trata de la petrolera mediante la cual ambos empresarios están siendo investigados en la justicia por un supuesto desví­o de $8.000 millones del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles para la compra de otras empresas que formaron parte del ex Grupo Indalo.

La causa penal está a cargo del juez Julián Ercolini y tanto López como De Sousa se encuentran presos en el penal bonaerense de Ezeiza. De manera simultánea existe otra causa penal económica que fue impulsada por una denuncia de la AFIP por los delitos de evasión y defraudación, entre otros. La investigación derivó en la intervención y quiebra de Oil Combustibles, dejando una deuda mayor a los $17.000 millones con el organismo fiscal y otros acreedores.

Según el pedido de recusación enviado a Cosentino, el magistrado responde al Gobierno para lograr ser favorecido en la votación de un concurso que se lleva adelante para designar un nuevo camarista. La presentación judicial lleva el patrocinio de Aní­bal Fernández y tiene fuertes crí­ticas al proceso abierto por el magistrado sobre la ex petrolera del Grupo Indalo, que ambos empresarios crearon durante el gobierno kirchnerista.

Según la denuncia, Cosentino está concursando para ascender a la Cámara Nacional en lo Comercial en el concurso Nº 374 del Consejo de la Magistratura, para ocupar cargos en las Salas A,C y F de este tribunal. Informan que el magistrado ya ha rendido la prueba escrita y la exposición oral y se encuentra séptimo entre los 11 postulantes de los que saldrán los nueve que integrarán las tres ternas, a la espera del dictamen definitivo del Consejo de la Magistratura.

"No caben dudas de que el ferviente deseo de Su Señorí­a y su principal y legí­timo objetivo personal, luego de dos años de trayectoria como juez de Primera Instancia, es que el Poder Ejecutivo Nacional lo elija entre los postulantes para proponer su pliego el Senado de la Nación", especula el documento firmado por el ex candidato a gobernador bonaerense por el kirchnerismo en las elecciones del 2015. En el escrito, ambos dejan en claro que se presentan como "titulares del paquete accionario de todas las empresas del Grupo Indalo, lo cual nos da plena legitimación para este acto".

Aseguran estar privados de la libertad "de manera ilegal" y de estar "falsamente acusados de un delito que, aún en caso de existir condena, serí­a excarcelable, y se nos ha decretado una prisión preventiva invocando una tentativa de desapoderamiento de bienes que es falsa". En este sentido, agregan que las únicas negociaciones que llevaron a cabo estuvieron orientadas a la venta de las empresas de Indalo que estaba expresamente condicionado a la autorización del juez penal, y un gerenciamiento que no estaba prohibido por ninguna de las medidas adoptadas por Cosentino.

Según la presentación que lleva la firma del ex jefe de Gabinete de Cristina Fernández durante el 2015, piden que el juez se aparte de la causa por "tener interés en el pleito" en una causa a la que califican de "enorme trascendencia polí­tica al formar parte de una campaña pública del actual gobierno nacional, que incluye operaciones mediáticas y presiones sobre los jueces".

Advierten que el objetivo de este escenario es privarlos de la libertad, lograr la quiebra de Oil y liquidar o controlar las empresas de medios de comunicación que integran el Grupo Indalo "y son la voz de la oposición". Sostienen que todas las resoluciones adoptadas por Cosentino que llevaron a la petrolera a la quiebra son "absolutamente ilegales e inéditas en la jurisprudencia argentina". Y vinculan las decisiones con el interés del magistrado por ascender a juez de Cámara participando de un concurso donde será el Poder Ejecutivo el encargado de definir la elección y proponer su pliego al Senado.

Por eso lo acusan de haber definido la quiebra de la petrolera para "satisfacer los objetivos de persecución del Grupo Indalo exteriorizados por el gobierno nacional bajo la expectativa de estar en mejor posición para lograr un ascenso". Como segunda hipótesis señalan que dichas resoluciones "fueron producto de presiones de las autoridades bajo amenaza de no llevar adelante un ascenso que se considera merecido".

Consideran que ambos supuestos configuran "una graví­sima pérdida de imparcialidad que impone el inmediato apartamiento del juez de las presentes actuaciones y de las causas conexas por aplicación del instituto procesal de la recusación con causa". También añaden que la conducta de Cosentino en el proceso "ha creado una graví­sima apariencia de parcialidad que exige similar apartamiento frente a las exigencias ciudadanas de transparencia en la actuación judicial en democracia".

En un apartado del pedido de recusación, Aní­bal Fernández hace referencia a una "campaña del Gobierno" y a presiones sobre los jueces que darí­an cuenta del enfrentamiento entre las autoridades y Cristóbal López y su socio y de la decisión oficial de llevar a la quiebra a todas las empresas del ex Grupo Indalo. Recuerda allanamientos a las sedes de varias sociedades por orden del juez Claudio Bonadí­o, la decisión del Poder Ejecutivo de restringir la pauta oficial asignada a esas empresas de medios y los embargos trabados por el juez Ercolini a los bienes de ambos empresarios por $17.000 millones. Tras la intervención de la Cámara de Apelaciones, el fallo fue modificado, se les dictó la libertad a ambos empresarios y se redujo a la mitad el monto del embargo.

Hacen además referencia a entrevistas otorgadas por el presidente Mauricio Macri a varios medios luego de esta decisión judicial, en las cuales se mostró indignado por la medida y el cambio de carátula de la causa, y sugieren que el Jefe de Estado mencionó la existencia de un supuesto pacto para enviarlos a la cárcel. Como prueba, recuerdan artí­culos periodí­sticos en los que se sostendrí­a que desde Presidencia se "desató una campaña de desprestigio" contra los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah, quienes habí­an votado a favor de liberar a ambos empresarios.

En cuanto a las medidas tomadas por Cosentino que habrí­an derivado en la quiebra de Oil, destacan la designación de veedores en la empresa sin haber realizado el sorteo que exige la ley, la apertura de un proceso de salvataje en forma condicionada y con requisitos que limitan el interés de potenciales compradores.

Agregan que el juez decretó la quiebra de OIl sin la existencia de una norma que convalide la medida y volvió a nombrar a los interventores sin sorteo para que reciban las propuestas de los eventuales interesados en comprar los activos de la firma.

En lo que respecta a la intervención de los medios y del resto de las empresas de Indalo, el escrito de Aní­bal Fernández califica la medida de Cosentino como "manifiestamente ilegal, insólita e innecesaria y de violatoria de los principios de congruencia. También por alcanzar a 20 sociedades cuyas acciones no podrán ser ejecutadas por la quiebra ya que, asegura Fernández, Oil es solamente accionista de seis de las empresas concursadas.

A modo de conclusión, en el escrito anticipan que la causa terminará con el cierre de todos los medios de Indalo "cuya lí­nea editorial incomoda tanto al Gobierno" o que terminen en manos de "algún monopolio periodí­stico, más dócil y afí­n a los intereses de la alianza gobernante".