Tras la filtración de audios, la Corte analiza qué hacer con la oficina encargada de las escuchas judiciales

La Corte Suprema analiza el futuro de la oficina que tiene el monopolio de las escuchas telefónicas legales, organismo que por decisión de Mauricio Macri depende del Poder Judicial y que se convirtió en uno de los temas polí­ticos del momento después de la filtración de las conversaciones entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli .

Originalmente dependí­a de la SIDE. Era la Oficina de Observaciones Judiciales (conocida como "Ojota"), pero en enero de 2015 Cristina Kirchner, enfrentada con Antonio Stiuso, la traspasó al Ministerio Público Fiscal, que dirigí­a la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó, indicó el diario La Nación.

Hoy no hay acuerdo en la Corte sobre qué deberí­an hacer con este organismo. Uno de los cinco jueces del máximo tribunal, Horacio Rosatti, entrevistado por Carlos Pagni, dijo que podrí­a volver al Ministerio Público Fiscal o convertirse en una oficina autónoma, que no esté dentro de ninguno de los tres poderes del Estado.

Un vocero del alto tribunal le dijo al citado matutino que lo que planteó Rosatti es una idea personal, que "no está en los planes institucionales" de la Corte.

El presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, que fue el encargado de redactar las propuestas de temas a discutir por los jueces en las jornadas para la reforma judicial, incluyó como idea a tratar la posibilidad de "ampliar" el organismo "de modo que se llegue a una oficina de investigación criminal sofisticada que acelere la averiguación de delitos complejos".

Rosatti se refirió el tema a partir de las filtraciones de las escuchas. Dijo que lo que está pasando es "fuertemente condenable" y afirmó: "Yo creo que el Poder Judicial, llegado el momento, si no está en condiciones de mantener esto con las debidas garantí­as, seguramente esto lo planteará y [la oficina de escuchas] deberá ir probablemente al Ministerio Público Fiscal o, bajo otras condiciones, a una agencia externa a los tres poderes del Estado con autonomí­a funcional y control siempre del Congreso".

Además agregó: "Lo importante es el control del Congreso. Esté en el Poder Judicial, como está ahora, o esté en el Ministerio Público, como estaba antes".

En cuanto al control externo, sí­ hay posición común en la Corte. El mes pasado, los cinco jueces firmaron una acordada en la que le solicitaron a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso una auditorí­a sobre la oficina de escuchas, para deslindar responsabilidades por la filtración de los audios de Cristina Kirchner y Parrilli.

Además, le pidieron al juez federal Rodolfo Canicoba Corral (que instruye una causa que investiga la difusión de los audios) que le informara en qué estado estaban las investigaciones y si se detectó cualquier circunstancia que permitiera atribuir algún tipo de responsabilidad a los agentes de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) -tal es el nombre técnico del organismo-.

Cinco dí­as después, la Corte, también con la firma de sus cinco miembros, apuntó contra la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), agregó La Nación. El máximo tribunal relató que el juez que habí­a ordenado las escuchas, Ariel Lijo, habí­a informado que se le habí­a pedido colaboración a la AFI en su causa y que sus agentes estaban autorizados a retirar los CD con las grabaciones.

Por escrito, la Corte le preguntó entonces a la AFI qué habí­a hecho para investigar si las filtraciones habí­an sido responsabilidad de su gente.