El debilitamiento de la "lí­nea Baradel" dentro del gremio docente, epicentro del nuevo conflicto con el Gobierno

El renovado conflicto entre el Gobierno y el sindicato docente CTERA tiene este año un componente adicional a la clásica desavenencia salarial: queda en evidencia la puja por la influencia sobre todo el gremio de los maestros, en la cual el macrismo alienta el ascenso de los sectores más "dialoguistas", en detrimento del sector más combativo, liderado por Roberto Baradel y Sonia Alesso.

CTERA, de alcance nacional y con fuerte base en las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires es el sindicato mayoritario, en un universo donde hay al menos otras cuatro asociaciones. Es, por lejos, la que ha liderado y sostenido las huelgas en cada inicio de clases en los últimos años. Sus lí­deres estuvieron, durante el kirchnerismo, enfrentados con el ex gobernador Daniel Scioli y hoy adhieren a las manifestaciones crí­ticas sobre las polí­ticas macristas.

El año pasado, el prolongado conflicto tuvo como protagonistas a Baradel y la gobernadora Marí­a Eugenia Vidal, quien hizo de esa pulseada una de sus prioridades polí­ticas para dar una imagen de fortaleza. Se recuerdan de esas semanas agitadas las polémicas iniciativas como la del bono por presentismo en medio del conflicto -bautizado por el sindicato como "bono rompehuelgas"- que finalmente quedó sin efecto, ante denuncias de inconstitucionalidad. También quedó para el registro polí­tico la acusación de Vidal sobre motivaciones polí­ticas de parte de los dirigentes docentes, a quienes conminó a aclarar "si eran kirchneristas".

La cuestión salarial, finalmente, tuvo su clásico final: se llegó a un acuerdo con una cifra y se firmó un acuerdo anual que venció en diciembre. Pero la pulseada polí­tica continuó, como quedó en evidencia con el boicot convocado por CTERA ante la convocatoria que hizo el ministro Alejandro Finocchiaro para el "Convenio Marco".

Finochiaro citó a un representante de los cincos gremios docentes nacionales. Ellos son, además de CTERA,  la Confederación de Educación Argentinos (CEA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP). El motivo de la reunión era acordar un convenio marco en torno a condiciones de trabajo a partir de la modificación del decreto 52/2018 que reglamenta la Ley de Financiamiento Educativo.

Pero, además, habí­a una significación polí­tica: era el estreno de la nueva representación de cada asociación docente, alterada por el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri a mediados de enero.

La representación de Ctera

Hasta el dictado del decreto, Ctera contaba con cinco de los nueve representantes de los maestros. En tanto, los otros cuatro espacios eran ocupados por los gremios de UDA, Sadop, CEA y Amet. Es decir, todo lo que decidí­an los miembros de Ctera podí­a encauzar o dar por terminada una negociación.

Ahora, el sindicato liderado por Baradel y Alesso contará con un solo miembro en la mesa de diálogo. En otras palabras, ganan peso las demás asociaciones, que en los últimos conflictos salariales se habí­an mostrado más proclives a evitar las medidas extremas como los paros al inicio del año lectivo.

En cuanto a la reducción de la representación de Ctera en ese espacio de discusión, desde el Ejecutivo justificaron la decisión en la necesidad de asegurar "una representación sindical igualitaria" como ocurre en las negociaciones con los gremios universitarios. 

Pero las declaraciones hechas por las dos partes al término de esa jornada dejaron el claro el tono de enfrentamiento polí­tico que sobrevoló la convocatoria del "acuerdo marco".

Alesso no participó del encuentro con el ministro de Educación, convocó al resto de los gremios a hacer lo mismo y declaró ante los medios que "van a impugnar la reunión porque 'viola' la paritaria nacional docente", y señaló a su vez que considera a dicha reunión "una maniobra de marketing polí­tico" que busca distraer e "imponer la rebaja salarial a los docentes".

"Le reclamamos al Gobierno nacional que reabra la paritaria nacional que derogó por decreto. CTERA celebrará un Congreso el 28 de febrero, y si no tenemos respuestas podemos convocar a una medida de fuerza, anticipó Alesso a Télam.

De esta forma, la dirigente consideró que el Gobierno debe derogar el decreto 52/2018, que modificó la reglamentación de la Ley de Financiamiento Educativo, y afirmó que la aplicación de la paritaria "es la mejor forma de evitar conflictos".

"Mientras estuvo en vigencia la paritaria nacional docente no hubo conflictos salariales porque las discusiones llegaron siempre a buen puerto. Esto sucedió incluso en 2016, cuando el Gobierno la convocó y respetó la Ley de Financiamiento. Rechazamos además las reformas, las censantí­as y la aplicación de sistemas de presentismos", apuntó Alesso.

Al finalizar el encuentro, Finocchiaro consideró que CTERA "privilegia la lógica polí­tica y se corren del diálogo", como CTERA que, remarcó, "prefirió el palco con (Hugo) Moyano".

"Hemos discutido y debatido todos los temas en un ambiente de sensatez y nos hemos puesto de acuerdo en cuestiones fundamentales que hacen a mejorar el sistema educativo en lí­neas generales", dijo el titular de la cartera de Educación.

El reclamo de la paritaria nacionalTanto los titulares de SADOP como de Ctera rechazaron la convocatoria porque se dejó de lado la cuestión que consideran más imporante: la paritaria federal para establecer el salario mí­nimo.

Es que el decreto firmado por Macri a mediados de enero ratifica en su artí­culo 6 inciso b que el salario mí­nimo docente no podrá ser inferior al 20% por encima del salario mí­nimo vital y móvil vigente.

De esta manera, se eliminó la negociación que establece el piso mí­nimo salarial para todo el paí­s y a partir de ahora se analizarán en esas reuniones los temas referidos al ambiente y condiciones laborales, capacitación y formación docente.

Es decir, se circunscribe a cuestiones no salariales. Esto provocó el enojo de los sindicatos, que argumentaban que en el texto original del decreto de 2007 decí­a que –precisamente- unas de las funciones de esa mesa de diálogo era analizar el salario minino del sector. En ese sentido, consideran que el Poder Ejecutivo se extralimitó y emitió una norma arbitraria.

A partir de esa decisión, cada provincia deberá negociar el incremento salarial. El Gobierno defendió el decreto porque se busca "recuperar el ámbito de discusión" para negociar otros aspectos vinculados a las condiciones laborales de la actividad.

Hasta el 2016, el incremento del piso salarial docente se negoció anualmente, pero el Gobierno eliminó esa la paritaria y ató ese piso a la evolución del salario mí­nimo, lo que finalmente quedó estipulado en el decreto.

Tras la publicación de la mencionada norma, los gremios nacionales cuestionaron la norma en la Justicia, pero fueron rechazadas. En el caso de UDA, el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo N° 60 indicó que el amparo no es la ví­a idónea para ese tipo de reclamos y remarcó que "no se advierte por parte del Estado nacional omisión manifiestamente ilegal o arbitraria" con respecto a la paritaria federal. Desde CTERA adelantaron que realizará una presentación ante la OIT.

La polémica por la negociación

La Ley 26.075, denominada "Ley de Financiamiento Educativo", fue sancionada en diciembre de 2005.

Entre sus objetivos se estableció el "incremento de la inversión en educación, ciencia y tecnologí­a por parte del Gobierno Nacional, los Gobiernos provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en forma progresiva, hasta alcanzar en el año 2010 una participación del 6% en el Producto Bruto Interno".

Asimismo, establece que "el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnologí­a juntamente con el Consejo Federal de Cultura y Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional, acordarán un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a:

a) condiciones laborales, 

b) calendario educativo, 

c) salario mí­nimo docente y 

d) carrera docente.

En abril de 2007, el decreto 457/07 reglamentó esa ley y señala que: "corresponderá que el convenio marco trate todas las cuestiones laborales generales que integran la relación de empleo de los trabajadores docentes de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autonóma de Buenos Aires. Esto es:

- Retribución mí­nima de los trabajadores docentes.

- Materias de í­ndole económica, laboral, asistencial, previsional y, en general, las  condiciones de trabajo, a saber:

* Condiciones de ingreso a la carrera docente, promoción y capacitación, calificaciones del personal;

* Régimen de vacantes;

* Trámites de reincorporaciones;

* Jornadas de trabajo;

* Derechos sociales y previsionales;

* Polí­ticas de formación docente y capacitación en servicio;

* Representación y actuación sindical;

* Tí­tulos;

* Cualquier otra materia laboral prevista en el artí­culo 10 de la ley 20.675, que funcionó como principal referencia para los aumentos que posteriormente las provincias debí­an discutir con sus maestros. 

Fuentes gremiales le explicaron a iProfesional que la Ley Nacional de Educación 26206 dice en su artí­culo 67 que "los/as docentes de todo el sistema educativo tendrán los siguientes derechos y obligaciones, sin perjuicio de los que establezcan las negociaciones colectivas y la legislación laboral general y especí­fica" y en su inciso L nombra a la negociación colectiva nacional y jurisdiccional".

Y destacan que hay provincias que a partir de esa paritaria nacional han incorporado su propia paritaria jurisdiccional, así­ como también otras han tomado como marco de referencia la paritaria nacional docente.