Renunció el juez de la Cámara Federal porteña Horacio Cattani

Uno de los jueces de la sala II de la Cámara Federal porteña, Horacio Cattani, renunció a su cargo a partir del 1 de febrero próximo, luego de una licencia por enfermedad que se extendió por más de un año.

La renuncia de Cattani, el más antiguo de los jueces de la Cámara Federal porteña, fue aceptada por el Gobierno, según se publicó en el Boletí­n Oficial, y se hará efectiva el jueves próximo, con lo cual la sala II del Tribunal de Apelaciones retomará la actividad tras la feria judicial con una vacante que deberá ser cubierta.

Actualmente, esa Sala está integrada por dos camaristas titulares -Martí­n Irurzun y Eduardo Farah- mientras que Cattani tuvo una licencia por razones médicas durante un año y medio hasta que, ahora, presentó su renuncia al cargo.

En todo ese perí­odo, los camaristas recurrieron a un voto de desempate con un colega de la sala I del Tribunal de Apelaciones cuando no se poní­an de acuerdo en alguna causa.

A su vez, la sala I del Tribunal, luego de la destitución de Eduardo Freiler, quedó integrada por un camarista titular, Jorge Ballestero y otro que actúa como subrogante, Leopoldo Bruglia.

Cattani se recibió de abogado en 1974 en la UBA y asumió en 1987 como camarista federal porteño.

El juez fue uno de los más antiguos y respetados en el fuero federal que funciona en Comodoro Py 2002 hasta que pidió licencia médica a mediados del 2016 por una enfermedad neurológica que se agravó con el paso del tiempo.

En 1998 fue designado para encargarse en la Cámara Federal de todo lo vinculado a la "búsqueda de la verdad y destino final de las personas desaparecidas" en la última dictadura cí­vico militar.

Junto a su colega Martí­n Irurzun, firmó durante el menenismo muchos de los fallos que se distanciaron del Gobierno e impulsaron causas por corrupción, por lo cual desde entonces se conoció a su sala, la II, como la sala "independiente" en el ámbito de la Justicia federal porteña.

Según fija la Constitución Nacional, las vacantes en el Poder Judicial deben ser cubiertas mediante un concurso público convocado por el Consejo de la Magistratura, en función de cuyos resultados ese cuerpo debe elevar una terna al Poder Ejecutivo para que el Presidente elija a uno de los candidatos y enví­e su pliego al Senado con el fin de que dé su aval para que se concrete el nombramiento.