Para el macrismo es "ahora o nunca": punto por punto, la agenda legislativa que se busca aprobar contra reloj

El adelanto para hoy jueves en el tratamiento de las reformas previsional y tributaria -que estaban previstas para dentro de una semana- marca la pauta de la sensación de urgencia que tiene el Gobierno por estas horas. Su situación de minoría en el Congreso lo hace depender de los votos opositores y aliados, lo cual implica un riesgo dado que la alta temperatura del debate puede implicar la pérdida de votos que se daban por seguros.

Las situaciones de tensión y conatos de pelea vividas en la comisión de Diputados en la que se dio dictamen a la reforma previsional terminaron por convencer a los legisladores macristas de que cuanto más dejen pasar el tiempo, mayores serán las probabilidades de que surjan imprevistos.

Es así que se puso en marcha una agenda contra reloj en período legislativo extraordinario que tendrá su momento más caliente entre la sesión convocada para hoy en Diputados y otra "mega sesión" el martes de la semana próxima.

En ese lapso el oficialismo busca sumar voluntades para lograr las 129 adhesiones que necesita para asegurarse la aprobación de la mayoría de las leyes. En la actualidad, tiene 106 integrantes, por lo que necesita 23 votos. En el Senado tiene 25 miembros, lo mismo que el bloque del peronismo "dialoguista". La expresidenta Cristina Kirchner conformará parte de un espacio de ocho legisladores.

Según el jefe de Gabinete, Marcos Peña, habrá también una citación en febrero para sancionar los proyectos que hayan quedado pendientes. La prioridad de los encuentros de fin de año será el de terminar de dar la media sanción que falta a las leyes de responsabilidad y consenso fiscal y reforma previsional, así como aprobar el Presupuesto 2018.

El oficialismo también se ilusiona con que la semana próxima llegue al recinto el proyecto de reforma tributaria.

Si bien se incluyó la reforma del Ministerio Público Fiscal, este proyecto -al igual que la reforma laboral- solo avanzarían si el oficialismo puede reunir más adhesiones porque los números están muy parejos y temen que esas iniciativas puedan ser rechazadas en el recinto.

El presidente Mauricio Macri también decidió incluir en el listado el proyecto de financiamiento productivo (que modifica la ley de mercado de capitales), y la prórroga del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias (impuesto al cheque).

Asimismo, se incluyó el proyecto sobre revalúo impositivo y contable y la modificación de la ley de Impuesto a las Ganancias.

En el temario figura también la designación de referentes parlamentarios como miembros del Comité de Lucha contra la Tortura (en cumplimiento de la Ley 26.827), así como nombramientos y autorizaciones al Presidente para salir del país.

Además, el oficialismo buscará retomar la discusión sobre un régimen especial para la donación de alimentos, que fue levantada luego de que Elisa Carrió criticara a parte de la oposición durante el debate en el recinto.

También se pondrán a consideración los acuerdos de designaciones, promociones y tratados internacionales así como la autorización al Presidente para ausentarse del país durante el año 2018 cuando razones de gobierno así lo requieran. 

En ese sentido, también se debatirá la designación de referentes parlamentarios como integrantes del Comité de Lucha contra la Tortura, en cumplimiento de la Ley 26.827 y se autorizará a cónsules y vice cónsules honorarios propuestos por gobiernos extranjeros a desempeñar el cargo en el país.

Situación de cada iniciativa:

- Reforma del Sistema Tributario Argentino: El proyecto propone una rebaja en los aportes patronales hasta en sueldos brutos de 12.000, una reducción del impuesto a las Ganancias para las empresas que no distribuyan dividendos, y autoriza que el pago del impuesto al cheque se tome a cuenta de ganancias, entre otras cuestiones. Recién comenzó el debate en Diputados y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, defendió la propuesta en comisión. De acuerdo a fuentes consultadas por iProfesional, cuenta con aval del peronismo que responde a los gobernadores.

- Compromisos Tributarios del Consenso Fiscal: Contiene lineamientos para armonizar estructuras tributarias. El acuerdo fue firmado por el Gobierno nacional, la ciudad autónoma de Buenos Aires y las provincias, excepto San Luis. Incluye modificaciones acordadas con los 23 distritos que, a su vez, desistirán de sus juicios contra el Estado nacional. Ya fue aprobado por el Senado y será sancionado por la cámara alta durante el debate de la semana que viene.

Se destaca la derogación del artículo 104 de la Ley de Impuestos a las Ganancias (que trataba sobre el fondo del conurbano), el compromiso de aprobar el proyecto de modificación de la Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno y adherir a ese régimen antes del 30 de junio de 2018 y consensuar una nueva ley de coparticipación federal.

La provincia de Buenos Aires recibirá, a modo de compensación por el cambio, $21.000 millones en 2018 y 44.000 millones para 2019, montos que se actualizarán a partir de 2020 en base a la inflación. En contrapartida, desistirá de continuar con el juicio iniciado al Estado nacional.

- Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno: El proyecto, que tiene media sanción del Senado, establece reglas para garantizar la solvencia fiscal de las cuentas públicas nacionales y provinciales para reducir el déficit al 3,2% del PBI en 2018 y al 2,2% en 2019.

Determina que todas las jurisdicciones deberán mantener constante el gasto primario en términos reales y, en el caso de las deficitarias o con servicios de deuda superiores al 15%, el gasto total. Está dentro del acuerdo que los gobernadores firmaron con el presidente Macri. 

Además, no se podrá aumentar la cantidad de cargos públicos existente al 31 de diciembre de 2017, respecto de la población, como así también se establece la creación de Fondos Anticíclicos Fiscales que deberán ser constituidos por cada provincia con los recursos excedentes en años en los que cuenten con superávit fiscal y deberán utilizarse en situaciones de emergencia.

Será fundamental el apoyo del bloque justicialista (que ahora tiene 30 miembros y muchos de ellos responden a los mandatarios provinciales) para aprobar la iniciativa.

- Reforma previsional: Ya obtuvo media sanción de la cámara alta y encontró resistencia en parte del oficialismo cuando se giró a Diputados. Sin embargo, el Gobierno pudo acordar la estrategia y cerrar filas para defender el proyecto que cambia la fórmula del cálculo jubilatorio. 

Si se aplica la nueva fórmula, que combina la inflación y el aumento salarial, actualizada trimestralmente, el incremento será de casi el 6%, cuando con la fórmula vigente es de casi 14%.

Uno de los puntos centrales de las diferencias planteadas, en un principio por Elisa Carrió, es la fecha en que deberá empezar a aplicarse la nueva fórmula de ajuste de los haberes jubilatorios ya que desde la Coalición Cívica consideraban que en marzo se debe calcular en base a la actual ley de movilidad, combinado entre recaudación y variación salarial, con lo cual el aumento rondaría en un 14%.

Ahora, es el turno de Diputados. Durante el debate en comisión, se produjeron incidentes que generaron dudas sobre su aprobación en el recinto. Sin embargo, Cambiemos -con la nueva composición de las comisiones- pudo lograr las firmas necesarias para avalar el dictamen.

- Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018: Aún debe ser aprobada por ambas cámaras. La discusión comienza en Diputados. La propuesta enviada por el Ejecutivo contempla un crecimiento de la economía del 3,5%, una inversión del 12%, gastos sociales que ascenderán 76 por ciento del gasto primario y una inflación promedio del 15,7% anual, al tiempo que se propone reducir en un 3,2 por ciento del PBI el déficit fiscal.

- Régimen de Financiamiento Productivo: La propuesta que deberá ser tratada por la cámara alta ya tiene el aval de Diputados. De acuerdo a sus fundamentos, se busca potenciar al mercado de capitales y las ofertas públicas de acciones e incrementar la protección al inversor: mejorar la independencia y capacidad de supervisión de la CNV. En este aspecto, elimina el artículo 20 de la norma vigente que le da al organismo la facultad de intervenir una empresa sin aval judicial si se perjudica, por ejemplo, al accionista minoritario.

- Reforma laboral: Aún no comenzó con el debate en el Senado. El espacio que lidera Miguel Pichetto y que agrupa a casi todo el peronismo que responde a los gobernadores decidió esperar a que haya una postura unificada de la Confederación General del Trabajo (CGT).

El Gobierno la incluyó en las extraordinarias pero es poco probable que se trate durante este año. Sería el gran objetivo para aprobar en febrero, pero todo dependerá de la postura de la central sindical y de que el Gobierno pueda sumar, al menos, 12 senadores para  avalar la norma en la cámara alta. En Diputados, tendría el número.

Otorga beneficios a los empleadores que tengan empleados en negro. También modifica artículos de la Ley de Empleo (24.013) que prevén multas por mala o nula registración. El proyecto ahora fija la condena en un 50% del salario mínimo vital y móvil vigente con destino a la seguridad social en lugar del bolsillo del trabajador. Asimismo establece cambios a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y a la de pasantías.

- Reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa de la Nación: El proyecto de ley establece que el procurador general de la Nación será designado por el Poder Ejecutivo con el acuerdo del Senado por "mayoría absoluta de sus miembros".

De esta forma, el proyecto elimina el requisito actual de reunir una mayoría de dos tercios de la Cámara alta para designar al procurador y establece, en cambio, que alcanzará con la mitad más uno de los senadores, es decir 37 votos.

También elimina el carácter vitalicio del cargo y señala que el procurador "dura en su función cinco años y podrá ser reelegido por dos años por única vez".

Uno de los puntos neurálgicos del proyecto es el mecanismo de remoción. De acuerdo a la iniciativa, el procurador podrá ser removido de su cargo cuando incurra en mal desempeño, crímenes comunes o delito en el ejercicio de sus funciones "por decisión fundada del Poder Ejecutivo", la cual podrá ser revocada únicamente por el Senado "en el plazo máximo de 10 días hábiles".  En la Ley del Ministerio Público de la Defensa se incluirán los mismos requisitos de designación, remoción y duración en el cargo para el defensor general de la Nación.

La presentación del proyecto fue en el Senado. Sería modificado durante el tratamiento en comisión ya que algunos legisladores (incluyendo oficialistas) consideran que el texto contiene algunas cláusulas que pueden ser considerados inconstitucionales.

- Régimen Especial para la Donación de Alimentos: También se discutirá la modificación a la ley de donación de alimentos, que en la Cámara baja no pudo ser aprobada como consecuencia de la resistencia de algunas bancadas y que generó una áspera discusión entre la líder de Cambiemos, Elisa Carrió, y la dirigente del GEN, Margarita Stolbizer, que terminó por diferir su tratamiento. En caso de aprobarse, pasará al Senado.

- Revalúo Impositivo y Contable. De acuerdo al proyecto que tratará de discutir la cámara de Diputados, las empresas que voluntariamente deseen actualizar el valor de sus activos para mejorar su perfil crediticio o bien desprenderse de ellos sin pagar por esa operación impuesto a las Ganancias por el total de la apreciación nominal -que en gran medida responde a la inflación- podrá optar por pagar una alícuota -que depende del tipo de bien en cuestión- y revaluar sus bienes, con la condición de renunciar a cualquier litigio por este tema.

El Gobierno también buscará aprobar la prórroga del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, previsto en los artículos 1 a 6 de la Ley 25.413 y sus modificaciones (conocida como impuesto al cheque). Esta norma será aprobada con amplitud porque forma parte -desde hace 15 años- de los impuestos coparticipables. Es decir, son una caja determinante para la recaudación de las distintas arcas provinciales.