Lo que viene: el Gobierno prepara un amplio "blanqueo laboral" para estimular el empleo

La ofensiva contra la litigiosidad laboral se ha convertido en otro eje fundamental de las reformas estructurales "de segunda generación" que planteará Mauricio Macri.

Según confirmaron a iProfesional importantes fuentes vinculadas con el ámbito gubernamental, la embestida contra la llamada "industria del juicio" irá cobrando forma luego de las elecciones legislativas de octubre.

Preocupado por la lentitud que se evidencia en la creación de empleo en el sector privado, el Gobierno tiene en carpeta un blanqueo estructurado en tres lineamientos clave:

1. La condonación de multas a quienes regularicen la situación de sus empleados

2. La implementación de mayores castigos a quienes persistan en mantener a dependientes mal registrados o empleo en negro"

3. El otorgamiento de beneficios a quienes han venido cumpliendo con la ley, para que la medida no sólo beneficie a evasores

Por lo pronto, el Gobierno ya comenzó a preparar el terreno para la implementación del blanqueo laboral.

Según confirmaron a iProfesional importantes fuentes, ya hay equipos trabajando en esta iniciativa, que están siendo supervisados por el ministro Jorge Triacca.

Las consultas con la AFIP son frecuentes, ya que el blanqueo laboral se complementará con una reforma impositiva que estará orientada a bajar impuestos locales y nacionales (ver más abajo).

Entre las alternativas en carpeta, se destaca la baja del porcentaje -o directamente la eliminación- del monto de las multas por "empleo en negro" que va al bolsillo de quienes no estuvieron registrados en forma total o parcial.

Este tipo de sanciones está prevista en las leyes 24.013 y 25.323 y no son acumulativas. Los jueces laborales hacen lugar a una u otra, pero pueden terminar duplicando o triplicando los resarcimientos por despidos.

En la actualidad, la tasa de desempleo ronda el 10% y los asalariados no registrados suman cerca de 4,5 millones (33% del total).

La documentación acercada a este medio da cuenta de que las demandas por este incumplimiento reúnen el 30% del stock de juicios existentes.

Estos números significan un dolor de cabeza para el Ejecutivo y llevan a los funcionarios a evaluar alternativas para bajarlos y así disminuir una conflictividad que saturó a los tribunales.

En Casa Rosada están convencidos de que el sistema impositivo vigente más la catarata de juicios laborales no hacen otra cosa que incentivar el trabajo informal.

Según el jefe de Estado, el problema es la existencia de una "mafia" que sólo en un año y medio (diciembre de 2015- junio de 2016) se hizo de $10.000 millones en concepto de honorarios.

De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en los últimos años se produjo un crecimiento exponencial de demandas laborales:

- En 2012 ingresaron 63.000

- En 2014, 78.000

- En 2016, 115.000

Si se consideran sólo las demandas que están a la espera de sentencias vinculadas con las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), son 300.000 los casos acumulados por la friolera de u$s5.000 millones.

En este contexto, los expertos laboralistas alertan sobre el colapso del sistema y por la situación caótica que día a día se vive en los tribunales: en 2016 fueron presentadas a razón de 100 causas diarias promedio por mes y por juzgado, más del doble de lo que pueden asumir.

Del lado de las empresas, una de las principales quejas se vincula con las demoras en la resolución de una causa, ya que esa dilación las obliga a pagar un monto exorbitante en concepto de intereses.

Cámaras y empresas, en alerta

En este marco de conflictividad y de sentencias millonarias, son varias las voces que se hacen oír y las entidades que acercan sus propuestas de solución.

Una de ellas es la del presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Fabián Tarrío, quien sugiere la "eliminación o la modificación del régimen sancionatorio de las leyes 24.013 y 25.323".

Sucede que estas normativas son vistas como un mero sistema de multas que difieren en su naturaleza de la indemnización por despido.

En la entidad proponen desarrollar un nuevo régimen que se adecue a las Pymes eliminando o disminuyendo las penas.

Como variante, la CAME plantea que "las sanciones no integren el capital de la condena y que sean destinadas al verdadero objeto para las que fueron creadas: financiar los regímenes de la Seguridad Social".

Las multas previstas por ambas leyes (24.013 y 25.323) incrementan las indemnizaciones pero no son parte de las mismas. Además, están supeditadas a:

- La intimación fehaciente del dependiente para que el empleador abone esos resarcimientos

- Ante la falta de pago, plantee una acción judicial o instancia previa de carácter administrativo antes del inicio de la demanda judicial

Para las empresas, tener personal sin registrar -ya sea en forma total o parcial- trae aparejada una cantidad de sanciones que elevan el pago de una indemnización laboral normal a cifras impagables para varias firmas.

En este sentido, en Casa Rosada creen que el miedo de las compañías al no saber cuánto les puede llegar a costar un despido incrementa la reticencia a contratar empleados.

Blanqueo laboral, ¿cómo se llevará a cabo?

De acuerdo con fuentes gubernamentales, en primer término se apuntará a eliminar o a reducir el monto de las sanciones a quienes blanqueen a sus dependientes.

Esto cobrará la forma de una moratoria o directamente de un blanqueo con condonación de deudas.

En cuanto a la implementación, hay dos grupos de funcionarios: están los que plantean la elaboración de un proyecto de ley y los que se inclinan por una resolución ministerial o decreto que modifique el aún vigente sobre los Regímenes Especiales de Promoción del Trabajo Registrado.

¿De qué dependerá el camino elegido? Del resultado de las elecciones legislativas de octubre.

Si el macrismo logra aumentar su representación, le será más fácil negociar con otros partidos y no necesitará de un número muy elevado de aliados para lograr 129 voluntades en Diputados.

En la actualidad, entre propios y partidos "cercanos", tiene poco menos de 100 representantes. Si realiza una buena elección, podría llegar a 110. Es decir, le faltarán 20 para no depender de negociaciones con otros bloques.

En la cámara alta, la posibilidad de llegar al quórum propio es nula. Si triunfa en las 8 provincias que eligen miembros, Cambiemos apenas rozará los 25 senadores sobre un total de 72.

Allí sí tendrá que buscar un mayor consenso con la oposición.

Reforma impositiva y laboral, de la mano

El blanqueo laboral irá de la mano de una reforma impositiva, de la que ya diera cuenta iProfesional y que se estructura en base a los siguientes puntos:

1.- Ingresos Brutos

Es el gravamen más distorsivo, porque se aplica directamente sobre la facturación de las empresas. La propuesta oficial es que sea reemplazado por otros sobre el patrimonio, por ejemplo el inmobiliario o patentes.

La resistencia de los gobernadores a discutir este tema es muy fuerte, ya que este gravamen, que también aplican las provincias, representa un buen ingreso de caja.

Una alternativa bajo análisis es que se disponga una sustitución gradual del tributo.

2.- Impuesto al cheque

Figura tercero en el ranking de recaudación. Es muy distorsivo y no favorece el blanqueo de la economía.

Este año vence la prórroga respecto a su aplicación, por lo que el Congreso debería renovarlo. Ya se dispuso que las pymes puedan tomar a cuenta de Ganancias el 100% de este gravamen.

Una opción bajo análisis es que este beneficio se extienda a todas las empresas, aunque también de manera gradual. Más del 70% de este impuesto queda para las arcas nacionales y sólo se co-participa en una porción menor.

3. Impuesto a las Ganancias

Se discutirá el ajuste automático para la 4° categoría, es decir empleados en relación de dependencia.

Se apunta a evitar que más asalariados queden alcanzados por el tributo, tal como sucedió hasta el año pasado.

Una de las cuestiones centrales pasará por el 35% de alícuota que deben pagar las empresas.

4.- IVA

Una opción que se pondrá sobre la mesa es la posibilidad de establecer un IVA provincial.

Además, está vigente aunque casi no se utiliza la devolución de 15% para las compras que realizan jubilados y beneficiarios de planes sociales.

Empleo mal registrado y ola de castigos

Luego de un despido, en caso de probarse la irregularidad, la ley penaliza con la multa de una indemnización agravada, que puede llegar al doble de la que le correspondería por un trabajador bien registrado.

Los jueces están facultados a reducir o a suprimir la sanción si estiman que hubo causas que justifican la conducta del empleador, sin que éstas llegaran a acreditar la justa causa del despido.

Desde el estudio Adrogué, Marqués, Zabala & Asociados, afirman que el problema radica en las multas y no en la indemnización, ya que "floreció una cantidad de sanciones laborales que se han ido superponiendo".

El experto Juan Carlos Cerutti recuerda que cuando la empresa pierde un juicio por empleo en negro, el juez debe enviarle ese expediente a la AFIP para que cobre los aportes y contribuciones omitidas, a los que se suman las multas e intereses.

De este modo, se fija un monto aun más alto en sede judicial. Por otro lado, el Ministerio de Trabajo incluye a las empresas infractoras en el REPSAL y esto hace que pierdan varios beneficios.

En materia laboral, el experto plantea como posible solución la creación de un régimen diferenciado para las empresas y emprendedores por el que no se les aplique las excesivas sanciones estipuladas en las leyes 24.013 y 25.323.

El empresario castigado por tener trabajadores no registrados también es objeto de multas por parte de:

1.- Policía del Trabajo (Ministerio de Trabajo).

2.- Sindicatos y Obras sociales por falta de pago de cuota solidaria, aporte obra social, etc.

3.- La AFIP, que inicia una acción por cobro de aportes y contribuciones omitidas.

4.- El ingreso en el REPSAL (Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales), que implica la pérdida de varios beneficios.

Las iniciativas están en fase de definición y sus alcances, en buena medida, dependerán del escenario político que emerja luego de octubre.

Ya sea por un proyecto de ley o por otra vía, Macri está determinado a ponerle fin a la industria del juicio, a propiciar un blanqueo y a alivianar la pesada mochila fiscal.

No quiere que haya excusas a la hora de reclamar inversiones a empresarios o a que contraten más personal.

Sabe que necesitará "brotes verdes" firmes para la segunda parte de su mandato y que ya no podrá echar culpas a la pesada herencia recibida.