Pocas veces un "funeral" había sido tan deslucido, intrascendente e injusto con lo que el "fallecido" había generado en vida.

Tanto que cuesta creer que la Ley de Medios, que murió y fue enterrada en el Congreso casi sin que nadie lo notara, haya sido un tema capaz de dividir al país.

El DNU del Gobierno macrista que desactiva los principales puntos de esta normativa -incluyendo el nuevo ente que sustituye al polémico Afsca- acaba de ser ratificado por el Congreso. 

Y no sólo no la lloraron aquellos que siempre la habían criticado o los que opinaban que había "nacido vieja" por su anacronismo con las nuevas tecnologías, sino que tampoco hubo mucho pesar entre aquellos que la defendían como la garantía de la pluralidad de voces y que participaron de apasionados debates y mitines en su defensa.

Esto ocurre, en parte, por una coyuntura plagada de temas urgentes y diversos que dejó en segundo plano la temática de medios, como el arreglo con los holdouts, el avance de la inflación, el caso Panamá Papers o la llamada "ruta del dinero K". 

Además, porque quedó en evidencia que, cuando se cortó la pauta de publicidad oficial, muchos medios empezaron a crujir. 

Lo cierto es que durante seis años, la ley 26.522 fue el centro de la agenda política del primer y segundo gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner.

En este lapso, todas las semanas había novedades. La aprobación y puesta en marcha efectiva de esta normativa era, como bautizara Víctor Hugo Morales, "la madre de todas las batallas".

Era válido allá por 2009 avanzar con la redacción de una nueva ley que sustituyera el decreto/ley 22.285 de Radiodifusión, creado por la dictadura en 1980, vigente durante 29 años, de los cuales 27 habían transcurrido en democracia.

Pero lo más criticado fue que el debate siempre apareció distorsionado por tener como telón de fondo la pelea entre el oficialismo y el Grupo Clarín.

Tras el cambio de Gobierno y la emisión del DNU 267 que eliminó varios de los puntos más polémicos de la ley de servicios de comunicación audiovisual, el tema directamente salió de agenda política. 

Y muchos de los objetivos "épicos" que el kirchnerismo intentaba impulsar con aquella norma fueron desactivados. 

Pluralidad de voces, eliminación de los monopolios, caída del discurso hegemónico y el ingreso de nuevos actores, eran los principales ejes sobre los que giraba aquella ley. Sin embargo, los tiempos cambiaron. 

"Tanto la ley 26.522 como Argentina Digital -aprobada en 2014 para los servicios de telecomunicaciones- siguen vigentes. El decreto 267 sólo modificó el 10% de su articulado. De hecho, la ley de medios ya había sido derogada en parte por los principios establecidos en Argentina Digital que habilitó a las telefónicas a ofrecer televisión paga", dijo a iProfesional, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez.

Para el experto ambas leyes postulan principios anacrónicos porque hoy "todo pasa por Internet" y lo que se debe regular es la convergencia y el acceso universal a Internet como puerta de ingreso a todos los servicios de telecomunicaciones que ofrecen los distintos actores.

Martín Becerra, docente investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y experto en sistemas de medios de comunicación, consideró que "al limitar la concentración de la propiedad, la ley de medios garantizaba la posibilidad de que otros actores sociales participaran más activamente de la distribución de licencias".

"El decreto no anula pero reduce significativamente ese posibilidad porque, al prorrogar las licencias abiertas y quitar las de cables se impide la realización de concursos", sostuvo. 

Así, la chance de que nuevos jugadores ingresen en el conglomerado de medios es, según la visión del investigador, escasa en este nuevo marco.

En su visión, el DNU potencia la concentración: "Si bien está vigente la entrega del 33% de participación al tercer sector, la prórroga de las licencias más la suba de la cantidad de licencias para los operadores actuales obstruye el ingreso de nuevos actores sociales", insistió.

El Ejecutivo no se opone a que haya "guerra" o que haya batallas cotidianas. Pero entre las empresas que participación por una porción del negocio. No entre el Gobierno y un conglomerado de medios, como se postuló en los años anteriores.

Una historia de explosionesSi bien la ley de medios N° 26.522 inició su camino en marzo de 2009, los principios -válidos- que la impulsaron válidos, no tuvieron en cuenta los tiempos que ya se transitaban.

En la apertura de la Asamblea Legislativa de ese año, la ahora ex presidenta anunciaba el envío del proyecto para remplazar la normativa que estaba vigente desde la dictadura.

Finalmente, en octubre de 2009, se aprobó la iniciativa por 44 votos a favor y 24 en contra.

Fue la primera batalla que celebró el oficialismo en la ya declarada guerra contra Clarín. Y quedó de manifiesto que había una connotación más orientada a acabar con un enemigo que a darle vida a un proyecto que estuviera a la altura de los nuevos tiempos. 

Inmediatamente después, se iniciaron los reclamos del multimedio comandado por Héctor Magnetto por la vía judicial.

Las quejas se centraban en los artículos 41 y 161, que establecían topes máximos de licencias y el desguace del Grupo como una manera de evitar los monopolios de información.

Una medida cautelar del juez Eduardo Carbone de diciembre de ese año dejó en suspenso la obligación de desprenderse de algunas licencias para ponerse bajo el mandato de la norma.

A partir de ahí, las idas y vueltas judiciales se convirtieron en una constante. Durante ese perído, la Justicia Civil y Comercial Federal y la Corte Suprema fueron protagonistas. Situación que se mantuvo en el tope de la agenda del gobierno de Cristina Kirchner, inclusive en 2011, cuando fue reelecta como Jefa de Estado.

El tire y afloje judicial se extendió hasta 2012. La Corte Suprema dispuso que el 7 de diciembre de ese mismo año la cautelar presentada y extendida por la Justicia civil allá por 2009 debía finalizar, aunque le concedió la posibilidad de una prórroga más.

Fue la época del 7D, una fecha fogoneada por los medios oficiales y paraoficiales como un antes y un después en la historia de los medios en la Argentina, donde no faltaron manifestaciones en Plaza de Mayo por el inicio de una nueva época.

Los memoriosos recordarán a Víctor Hugo Morales en su programa Bajada de línea, por Canal 9, en el que presentó a la aplicación efectiva de la ley 26.522 como la "madre de todas las batallas".

Si bien un día antes del 7D, la cámara Civil y Comercial extendió el recurso que beneficiaba a Clarín para no desprenderse de las licencias, una semana más tarde, el Juzgado 1 en lo Civil y Comercial declaró constitucionales los artículos de la ley objetados por el multimedio.

Nuevamente sobrevino el tire y afloje judicial que favorecía o al Gobierno o al grupo de manera alternada.

En medio de ese clima de tensión se llegó a 2013. En julio de ese año la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gills Carbó, recibió la orden de la Corte para que opine sobre la inconstitucionalidad parcial señalada por la Cámara Civil y Comercial Federal. 

Gills Carbó contraatacó y le aconsejó a la Corte revocar el fallo de la cámara en cuestión por "evidenciar graves defectos de fundamentación y razonamiento que impiden considerarla como acto jurisdiccional válido".

La Corte tomó el guante. En agosto de ese año realizó una audiencia pública y escuchó a las partes en guerra. Finalmente, en octubre de ese año, el máximo órgano de Justicia de la Argentina declaró la constitucionalidad de la ley de medios.

El desguace que no fue

A partir de ahí se inició la demorada etapa del "desguace". El gobierno de Cristina quiso, a través de la desaparecida Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), decidir cómo sería ese proceso de desmembramiento del holding.

Pero no tuvo suerte. Clarín propuso dividir su conglomerado en seis unidades independientes. La AFSCA, en una primera instancia aceptó la decisión, pero tiempo más tarde volvería a oponerse.

Así arrancó 2014. Nuevamente hubo tires y aflojes. En febrero, la AFSCA aprobó la adecuación presentada por el holding. Pero seis meses después dijo que había inconsistencias entre los controlantes de las unidades 1 y 2. El Grupo Clarín buscó, en todo momento, ganar tiempo. Y el tiempo terminó beneficiándolo.

En 2015 la compañía se mantuvo en contacto con interesados en adquirir algunas de sus unidades de negocios. Pero, finalmente, no se vio obligada a desprenderse de ninguna de ellas. En el medio, otra cautelar había suspendido la adecuación de oficio. Volvió a ganar tiempo.

El cambio menos esperado

En julio de 2015 la cautelar volvió a extenderse por seis meses más.

Es decir, finalizaría en enero de 2016. Pero en diciembre de 2015, Mauricio Macri asumió como nuevo Presidente.

Y, desde entonces, las cosas cambiaron. El decreto 267 eliminó los puntos conflictivos y que había mantenido en constante enfrentamiento al Grupo Clarín con la administración kirchnerista.

Macri declaró que, con ese DNU, se terminaba "la guerra contra el periodismo".

Los expertos coinciden en que hoy el mercado está regulado de manera anacrónica, pese al DNU. 

Y que el órgano que debe velar por la buena salud del mercado corre el riesgo a futuro de carecer de independiencia del Poder Ejecutivo.

La misma independencia de la que careció la AFSCA cuando estuvo operativa, por más que haya sido pensada como un órgano objetivo.

En este marco, el Gobierno ya oficializó a través del Boletín Oficial -con la resolución 9/2016 del Ministerio de Comunicaciones-, la conformación de la comisión que tendrá a su cargo la redacción de la futura nueva ley. 

La semana próxima recibirá a las primeras entidades para iniciar la rueda de consultas que mantendrá con todos los actores interesados en la nueva norma.

"Ninguna de estas leyes (la de medios y Argentina Digital) contemplaba la convergencia. Los fundamentos expresados en ellas son obsoletos. Y se espera que la nueva ley que se redacte tenga en cuenta el aspecto tecnológico", enfatizó Gil Domínguez.

Para el constitucionalista, la norma que se elabore a lo largo de este año, tal como anticiparon las autoridades nacionales, debe garantizar un sistema apartidario de medios públicos y alta calidad de contenidos.

También, tendrá que definir políticas públicas operativas que garanticen los medios tecnológicos para brindar los servicios y contenidos de calidad y asegurar en el sector comercial que no haya abusos de posición dominante, es decir, que efectivamente haya competencia.

"Va a tener que repensarse cómo se definen estos principios", subrayó Gil Domínguez.

Para Becerra, uno de los daños ostensibles del DNU es que se lesionó la independencia del organismo regulador.

"Esto contraviene el sistema interamericano de derechos humanos que sostiene que el regulador no debe depender del poder Ejecutivo. Y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) se diseñó y depende del Ejecutivo. Que el Gobierno anterior haya hecho horriblemente el diseño institucional de la AFSCA no quiere decir que en la ley (26522) fuera malo", aseveró.

La guerra terminó. La madre de todas las batallas forma parte del pasado.

Hacia adelante queda realizar un buen trabajo para tener una ley que regule el mercado contemplando la situación actual sin que sea un obstáculo para los cambios tecnológicos que, aunque se desconozcan, se estiman seguros en el futuro.