Se realizó una audiencia en la Corte por la constitucionalidad de los sindicatos policiales

La Corte Suprema de Justicia realizó hoy una audiencia pública para escuchar a las partes y a las organizaciones que se presentaron como “amigos del tribunal” en la causa en la que debe resolver la constitucionalidad o no de los gremios policiales. 

En la causa ya hay un dictamen de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, en el que se recomienda rechazar la sindicalización de las fuerzas de policía.

La audiencia se llevó a cabo en la sala de audiencias del cuarto piso del Palacio de Tribunales. Se trata de la causa iniciada por el autodenominado Sindicato Policial de Buenos Aires (SIPOBA) que llegó al máximo tribunal del país en 2010, luego de ser rechazado por la Cámara del Trabajo.

Se trata de una de las tres causas sobre sindicatura de policías que hay en el máximo tribunal y que la Corte tomó como “caso testigo” para resolver.

Entre los “amicus curiae” que se presentaron en la causa figuran las presentaciones de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC); el Sindicato de Trabajadores Policiales (SITPO), la Asociación Mutual Estabilidad y Progreso del Personal Policial de la República Argentina (AMEPPRA), el Sindicato de Policía y Penitenciarios de la Provincia de Buenos Aires (SINPOPE); Juan Facundo Moyano y Raúl Federico Maza.

La causa del autodenominado SIPOBA comenzó hace 17 años, en 1998, cuando intentó inscribirse como gremio en el Ministerio de Trabajo. El entonces ministro de esa cartera, Antonio Erman González, rechazó el pedido pero el incipiente sindicato volvió a solicitarlo. En septiembre de 2002 el rechazó se repitió: fue Graciela Camaño, entonces ministra de Trabajo, la que lo decretó.

Allí el caso salió de los despachos ministeriales y pasó a los judiciales. SIPOBA recurrió a la justicia laboral para lograr la autorización pero el pedido fue nuevamente rechazado. La sala V de la Cámara del Trabajo, integrada por  María García Margalejo, Juan Fernández Madrid y Oscar Zas –este último en disidencia- consideró que la situación de las fuerzas policiales “no es asimilable sin más a las de los trabajadores previstos en la normativa general”. 

Pero SIPOBA insistió y llegó al máximo tribunal del país en 2010. Los mismo ocurre con otras dos causas iniciadas por  el llamado Sindicato de Policías y Penitenciarios (Sinpope) -un sindicato emparentado con la CGT de Hugo Moyano- y la de la Unión de Policías y Penitenciarios de Argentina Córdoba (UPPAC) llamada “7 de Agosto”. Esta última es la única que tiene un fallo favorable de la Cámara del Trabajo del 2013. Tambien hay un pedido de una agente penitenciaria, Adriana Rearte, que da vueltas por el cuarto piso del palacio para que se autorice al personal del Servicio Penitenciario de Córdoba a asociarse sindicalmente, señaló Infojus Noticias.

Todas estas causas están en manos de la Corte Suprema y tienen en común que la Procuración General dictaminó en contra de la agremiación en todos los casos basándose en el dictamen de Gis Carbó en el caso testigo tomado por el máximo tribunal. Allí la procuradora recomienda que se rechace el recurso de queja “ante la ausencia de una ley expresa” y porque las normas internacionales que “tratan específicamente los derechos sindicales acogen expresamente las especiales características de la actividad y de las funciones realizadas por las fuerzas policiales”

Para la procuradora es “la legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía las garantías previstas por el presente Convenio", tal y como lo establece el convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).