Servicios pro-bono: una herramienta con gran potencialidad
Empresa y comunidad conviven en un mismo contexto dinámico. No hay empresa que pueda progresar eficientemente si no crece en una sociedad que se desarrolle económica, institucional y socialmente. Bajo esta idea que ha surgido el concepto de "responsabilidad empresaria", que se ha convertido en una verdadera bandera de muchas organizaciones empresariales.
También hoy los estudios jurídicos han alcanzado el nivel de verdaderas empresas. Lejos ha quedado en el tiempo la figura del abogado individual como paradigma. Hoy el abogado requiere de una organización que permita la división de tareas y la especialización funcional a fin de responder a los requerimientos de sus clientes en forma integral.
Y estos estudios jurídicos también pueden realizar un aporte a la sociedad en la que desarrollan sus actividades. Un claro ejemplo lo constituye el trabajo pro bono –del latín pro bono público o "para el bien público".
Podemos definirlo como servicios legales donados o proporcionados por profesionales u organizaciones del derecho a un costo considerablemente reducido o nulo a individuos y a organizaciones que de lo contrario no podrían solventar dichos costos. Se trata aquí de la prestación de servicios jurídicos gratuitos (o casi gratuitos) como una forma de permitir el acceso a la justicia de quienes carecen de los recursos necesarios para actuar en defensa de sus derechos.
Estos servicios abarcan distintas áreas . Así, involucran desde la mera atención de conflictos individuales de gente de bajos recursos, hasta temas más amplios como el apoyo a la caridad infantil, la defensa de los condenados, la búsqueda del bienestar de los presos, la protección de los derechos de los desamparados, etc.
Esta actividad –institucionalizada en los países desarrollados-, se transforma en un poderoso mecanismo de protección de las instituciones democráticas. El fenómeno de los servicios pro bono en el mundoEn los Estados Unidos, desde hace ya casi 40 años se ha venido desarrollando una cultura de servicios de asistencia jurídica gratuita a los más necesitados. La penetración cultural de este fenómeno llega al punto de que se considera un deber profesional de todo abogado el que cada persona en la sociedad tenga acceso a los servicios de un profesional idóneo e independiente.
Si bien esta actividad, que nace muy temprano en la historia de ese país con la fundación de la "Legal Aid Society", en 1876, se origina como una actividad propia de organizaciones no gubernamentales, modernamente es protagonizada por estudios jurídicos privados. El recorte en el fondeo de estas organizaciones dado con el conservadurismo de los '80 creó un espacio que fue poco a poco ocupado por los grandes estudios jurídicos. Así, a mediados de la década del '90, los abogados independientes involucrados en trabajo pro bono en los Estados Unidos alcanzaban los 100 mil. Este fenómeno se extiende a la mayoría de los países desarrollados del mundo.
Son varias las razones que explican este fenómeno, siendo quizá la más evidente, según Esther Lardent, la presidenta del Pro Bono Institute, que el "Pro Bono es bueno para el negocio". Es bueno para reclutar y entrenar, es bueno para hacerse de un nombre e impactar, es bueno para las relaciones con los clientes y es bueno para entablar y desarrollar relaciones interpersonales dentro del Estudio. Tipos de servicios pro bono
Es posible identificar dos grandes tipos de servicios pro bono: la asistencia jurídica gratuita individual, y el trabajo pro bono "de interés público". Este último es menos común en nuestro país, pero presenta interesantes particularidades.
Se denominan casos de "interés público" aquellos casos estratégicamente elegidos en los cuales el esfuerzo está destinado a la resolución del conflicto individual como medio de lograr una reacción en cadena a otras situaciones similares.
En definitiva, se trata de una actividad institucional compleja que utiliza el mecanismo de la acción judicial como forma de lograr cambios legislativos o administrativos, o proteger derechos humanos, con la mira siempre puesta en el beneficio a la comunidad en su conjunto, o a un determinado sector de la misma. También se consideran casos de interés público aquellos en los cuales se ve afectado un bien de incidencia colectiva, como situaciones de contaminación del medio ambiente, de violación de normas de defensa de la competencia, de infracción a normas éticas por parte de funcionarios del estado, entre otros .
Si bien el fenómeno no se encuentra extendido en nuestro país, encontramos algunas organizaciones que se dedican a realizar trabajo pro bono, con resultados muy interesantes. En mayo de 2001, ante la negativa de la Secretaría Administrativa del Senado de la Nación de brindar información pública sobre las declaraciones juradas sobre bienes presentadas por los Senadores, Poder Ciudadano, con la asistencia de la Comisión de Trabajo Pro Bono e Interés Público del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, interpuso un recurso de amparo cuyo resultado fue la orden judicial de brindar la información solicitada, la que se hizo pública.
La Clínica Jurídica de la Universidad de Palermo obtuvo un resultado favorable al patrocinar a la asociación Adecua, en la acción de amparo "Adecua c/ Telefónica de Argentina SA", en la que se reclamaba la ilegitimidad de la situación planteada por el hecho de que al hacer una llamada cuyo valor era de $0,22 los usuarios debían depositar como mínimo $0,25 y no tenían ninguna forma de realizar un pago exacto u obtener el vuelto de $0,03. Como resultado de la acción y a partir de la intervención de la Comisión Nacional de Comunicaciones, la empresa redujo el precio de la llamada urbana a $0,20.
Los escasos ejemplos brindados –que se limitan a la acción de sólo unas pocas organizaciones de trabajo pro bono-, dan una pauta de la potencialidad de ésta herramienta.
En conclusión, nuestra intención ha sido presentar el potencial rol que las empresas prestadoras de servicios jurídicos pueden brindar a la sociedad en general, a fin de asegurar el acceso a la justicia de las clases menos agraciadas en la defensa de sus derechos.
Además, la mecánica del servicio "pro bono" cuya difusión se propone tiene la potencialidad de convertirse en una invaluable herramienta de control de las instituciones democráticas, especialmente en lo que se refiere al rol administrador del estado. Ramiro Salvochea, socio del Estudio Salvochea Abogados