El Gobierno avanza con Ficha Limpia, que deja afuera una posible candidatura de Cristina en 2025

Tras un tenso debate y varias horas de discusión, el oficialismo y bloques de la oposición dialoguista -Pro, UCR, Coalición Cívica, Encuentro Federal y CREO- avanzaron con el dictamen de mayoría sobre el proyecto de Ley de Ficha Limpia, que establece la prohibición para que personas condenadas por corrupción sean candidatas a cargos nacionales.

El tema forma parte de la agenda de Javier Milei y de hecho el proyecto que avanzó en la comisión de Asuntos Constitucionales que impulsó el libertario Nicolás Mayoraz, también presidente de ese cuerpo parlamentario.

Proyecto de Ficha Limpia deja excluida a Cristina Kirchner de posible candidatura para elecciones 2025

Los libertarios proponen aplicar la restricción de una candidatura con una condena en primera instancia, incluso aunque cuando la pena quede en suspenso. A su vez, no se limita únicamente a las condenas por corrupción, sino que incluye otros delitos contra la libertad, las personas y el orden económico.

De hecho, bajo estos supuestos, la expresidenta Cristina Kirchner no podría integrar ninguna lista en las próximas elecciones, ya que fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta por el Tribunal Federal 2.

Esa sentencia podría ser revisada por la Cámara de Casación, lo que marca una diferencia clave con otros proyectos bajo análisis.

La propuesta para establecer la Ficha Limpia había llegado a tener dictamen a instancias del PRO en 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, pero no tuvo los votos para ser aprobado. El tema fue presentado por primera vez en el Congreso en 2016.

En ese momento, el entonces interbloque de Cambiemos convocó a una sesión especial, pero no logró alcanzar el quórum para iniciar el debate en el recinto.

Ficha Limpia: una iniciativa del Gobierno que ya está vigente en algunas provincias y otros países

En diferentes provincias ya rige la ficha limpia como en Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan y Santa Fe. También varias ciudades lo implementaron a nivel municipal, como Bahía Blanca, Mar del Plata, San Isidro, Cañuelas, Pergamino u Olavarría.

El dictamen al que se llegó hoy logró firmarse luego de varias reuniones de carácter informativo, por lo que estuvo marcada por las exposiciones de diferentes especialistas, todos a favor de la implementación de Ficha Limpia.

Ficha Limpia es una iniciativa legislativa que propone que personas condenadas por delitos penales no puedan acceder a cargos electivos y países como Brasil, Chile, Uruguay, México, Perú, Honduras y España ya cuentan con legislación de esta naturaleza.

En el texto se contemplan los delitos de cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; encubrimiento; el delito de fraude en perjuicio de la administración pública; y todos los delitos que sean incorporados al Código Penal o por leyes especiales, en virtud del cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Desde la oposición, el bloque de Unión por la Patria presentó un dictamen propio, que establece que la prohibición deberá ser por condena firme de la Corte Suprema de Justicia e incorpora los delitos económicos.

Hubo, además, un dictamen planteado por el diputado radical Fernando Carbajal y otro por Vanina Biasi, del Frente de Izquierda.

Una de las impulsoras desde el PRO de Ficha Limpia fue la diputada del Pro, Silvia Lospennato, quien aseguró que se trata de una iniciativa por la que "miles de argentinos se vienen manifestando y pidiendo hace muchísimos años" y destacó al "movimiento de ciudadanos" que encabeza el reclamo.

También mencionó que ella en 2016 presentó la primera iniciativa y dijo que "este es un proyecto que desde el Pro sentimos como muy propio", al recordar que no se pudo tratar en 2019 porque no tenían los votos en el recinto.

Lospennato indicó que este dictamen "se inspira básicamente" en ese antecedente con la diferencia, dijo, de que ahora "somos más de los 129 diputados necesarios para que en los próximos días tengamos media sanción de ficha limpia".

"Esto es concretar un sueño de los constituyentes de 1994", consideró Lospennato, y explicó que se contemplará la prohibición para quienes posean una condena con doble conforme, ya que "en instancia de imputación o procesamiento, claramente este proyecto sería inconstitucional, porque estaría en contra de tratados (internacionales) incorporados a nuestra Constitución", precisó la diputada del PRO.

Desde la Coalición Cívica, Paula Oliveto, afirmó que se trata de un tema que "también nos interpela a este Congreso sobre qué pasa con los jueces" porque, dijo, "hay jueces que especulan políticamente y deciden que una persona pueda estar años con un proceso sin tener una resolución".

"Quienes en serio hemos denunciado la corrupción en Argentina hemos tenido que ver cómo se aceleraban algunos procesos y se dormían otros", manifestó y llamó a "no seguir designando jueces que son parte del problema", sostuvo Olivetto.

¿Cuál es la postura de los diputados de Unión por la Patria ante este proyecto de Ley?

Desde UP, la diputada Mónica Litza, cuestionó el planteo de Lospennato y señaló: "No sé en qué país vive la diputada Lospennato, porque nosotros no vemos gente manifestándose a lo largo y ancho de toda la Argentina pidiendo por la ficha limpia; a lo sumo vemos jubilados, estudiantes, rectores, trabajadores, realmente esas son las preocupaciones de la Argentina". "¿Es una prioridad de la ciudadanía? ¿O es parte de esta pos verdad donde no son importantes los hechos, sino las percepciones y los relatos?", se preguntó.

El dictamen de UP propone la inhabilitación con condena firme de la Corte; la incorporación de los delitos económicos; que el tiempo de inhabilitación dure por el tiempo de la condena, "para que no quede abierto en forma discrecional a la voluntad de los magistrados"; y que hasta antes del llamado al proceso electoral se puedan oponer las inhabilitaciones.

Al fundamentar el dictamen, el exministro de Justicia del kirchnerismo, Martín Soria, sostuvo que "mientras la Argentina va cuesta abajo, vuelven a poner este proyecto como una cortina de humo para TikTok y redes sociales, porque la verdad que no va a solucionar absolutamente nada y lo saben. Además de que es inconstitucional y así va a ser declarado" y consideró que la propuesta "vulnera garantías y derechos constitucionales".

"El principio de inocencia solo puede desvirtuarse ante una sentencia condenatoria firme en la última instancia", afirmó Soria y alertó que, de aprobarse esta ley, "van a hacer política los que sean amigos o amigas de los Bonadio", en alusión al fallecido juez.

"Si quieren que realmente un corrupto no llegue a la función pública, como bien decía Paula (Oliveto), encarguémonos que no haya jueces corruptos entrando a escondidas a la Casa Rosada, a Olivos o a Los Abrojos", completó, en alusión a la quinta propiedad de la familia Macri.

El compromiso del presidente Javier Milei con Ficha Limpia

Al término del debate, la que planteó la postura del oficialismo fue la diputada de LLA, Nadia Márquez, al destacar "el compromiso del presidente Javier Milei con ficha limpia", quien lo anunció en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo.

"Ficha limpia busca transparencia, responsabilidad política e integridad en los funcionarios públicos", dijo la neuquina y resaltó que "las restricciones al sufragio activo y pasivo deben ser las justas y las necesarias para que no estemos, de cierta manera, vulnerando este derecho que es tan importante. Por eso hemos pensado en un doble conforme".

Según la diputada de LLA, el dictamen va "en consonancia con el Pacto de San José de Costa Rica", que establece la condena penal, y "no vulnera el principio de inocencia".

Ficha Limpia y el caso de Brasil

La ley de Ficha Limpia fue aprobada en Brasil en mayo de 2010 e impedía que un condenado en dos instancias se presente como candidato, como es el caso de Lula Da Silva.

También, impide candidatearse a cargos públicos a personas que hayan atravesado un impeachment o renunciado para evitar un juicio político, en una medida de combate a la corrupción.

Paradógicamente, la iniciativa fue impulsada por el actual presidente de Brasil, Luis Inacio "Lula" Da Silva. Las vueltas del destino hicieron años más tarde que se le vuelva en contra al propio Lula, ya que fue lo que le impidió competir en las elecciones de 2018 en virtud de la pena que se le impusiera.

La ley, impulsada por el juez Marlon Reis, tomó impulso gracias al apoyo de 1.3 millones de firmas.

En febrero de 2012, la Corte Suprema Federal consideró que ley era constitucional y válida para las siguientes elecciones en Brasil.

En abril de 2018, Lula fue encarcelado para cumplir una condena de 12 años de cárcel por corrupción que muchos pensaron que ponía el punto final a su carrera política, ya que tenía de 72 años de edad.

Pero el Supremo Tribunal brasileño anuló la condena en 2021 por errores en el proceso, y Lula se pudo presentar como candidato en las elecciones de 2022 y triunfó en el balotaje presidencial con 50,9% de los votos contra 49,1% del expresidente, Jair Bolsonaro.