Axel Kicillof creó más de 70 mil cargos públicos desde que asumió su gestión en la provincia
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El gobernador Axel Kicillof aumentó el empleo público en su primera gestión al frente de la provincia de Buenos Aires. De acuerdo a los datos registrados en los presupuestos aprobados por la Legislatura bonaerense, en cuatro años solicitó la creación de 70.804 cargos para ocupar diferentes sectores de la administración del Estado provincial.
En promedio, según se indicó, por cada uno de los 1.460 días que ocupó la Gobernación, designó a 48.3 agentes en ministerios, escuelas, hospitales, dependencias policiales o áreas penitenciarias.
Los datos fueron incluidos en las tres leyes de presupuesto que aprobó el Parlamento bonaerense para definir gastos y recursos en los períodos 2021, 2022 y 2023. Cabe destacar que, el primer año de gobierno, Kicillof tuvo que adecuar la ley de 2019 porque no hubo acuerdo para hacer un proyecto en medio de la transición con María Eugenia Vidal (2015-2019). En este sentido, para el año 2024, ocurrirá lo mismo debido a que si no consigue acordar con la oposición, no habrá ley de Presupuesto.
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El cálculo sobre los pedidos para designar personal figura en un informe que elaboraron asesores del senador provincial Marcelo Daletto (Cambio Federal-UCR), quien integra la comisión de Presupuesto y de Reforma Política. Este informe revela que, al final del primer mandato de Kicillof, se desempeñan en diferentes áreas de la administración 709.974 empleados estatales.
En tanto, el 90% se distribuyen en la Dirección General de Escuelas (398.293); el Ministerio de Seguridad (117.356); Salud (62.490); el Poder Judicial (32.244) y el Ministerio de Justicia y DD.HH. (31.977), donde funciona el Servicio Penitenciario.
Según explicaron los técnicos que confeccionaron el trabajo, "cada uno de esos puestos están fijados en las leyes de Presupuesto. Y en cada confección de la ley, los ministros piden los cupos para cubrir las necesidades de sus áreas para que sean aprobadas por la Legislatura".
En este registro, no obstante, no se incluyen los denominados "cargos políticos", que se formalizan en la administración con otras normas o decretos. En ese ítem, Kicillof también aplicó el compresor para dar aire a la creación de cargos, de manera tal que hasta octubre de 2023, había habilitado la llegada de 1.852 funcionarios, incluyendo ministros, secretarios, subsecretarios y directores provinciales. De hecho, estos funcionarios formaban parte del esquema que hacía funcionar a los 20 ministerios y secretarías diseñados para el armado del Gobierno.
Dicha cifra representa más del doble de los 769 funcionarios que terminaron su mandato en diciembre de 2019 con Vidal. Sin embargo, después de octubre del año pasado, cuando se reveló el exorbitante viaje a Marbella del entonces Jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, el gobernador decidió eliminar esa repartición.
De igual manera, Kicillof redujo la Jefatura de Gabinete de Asesores que se creó para ubicar a Carlos Bianco, quien fue reemplazado por el exintendente de Lomas de Zamora en 2021 tras la derrota en los comicios de medio término; una decisión que fue tomada con Cristina Kirchner luego de una reunión en Calafate.
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Ahora, según un trabajo elaborado por el diputado provincial Claudio Frangul (UCR), siguen en funcionamiento poco más de 1.800 funcionarios en 19 reparticiones públicas. "Es que la jefatura de Asesores no se disolvió. Bianco abandonó el cargo y pasó al ministerio de Gobierno, pero la estructura continúa tal como estaba", afirmó el diputado Frangul en diálogo con Clarín.
De hecho, fue en ese espacio donde se abrieron cupos para algunos exfuncionarios del gobierno de Alberto Fernández. Entre ellos, se encuentra el caso de Marcela Cortiellas, quien era directora del exministerio de Mujeres de Nación, y pasó a ocupar la dirección de Relaciones con las Empresas y las Organizaciones de los/las Trabajadores/as de la jefatura de Asesores del Gobernador.
A su vez, es importante considerar que en el recuento por ley de presupuesto no se contabilizan los contratos, becas, locación de obra y otros formatos de empleo estatal que subsisten en las diferentes áreas. Tampoco se incluyen los asesores y colaboradores de la Legislatura, un sector con muchas zonas grises que emergieron con fuerza en el denominado escándalo de "Chocolate" Rigau.
En todo el presupuesto bonaerense, el pago de los sueldos estatales es considerado el gasto más significativo. Hacia el cierre del ejercicio 2023, el compromiso con los más de 709.900 trabajadores representó un 42,36% del gasto total. Sin embargo, esto no siempre fue así.
Un informe de la oficina de Daletto indicó que, en 2015, el cierre del mandato de Daniel Scioli (2007-2015) representó el 49,98% del gasto total de los haberes públicos. En tanto, durante la gestión de Vidal, esta proporción se redujo al 42,37% y, en 2022, alcanzó un mínimo del 40,94% antes de repuntar nuevamente.
Otra variable a considerar es que el presupuesto de Kicillof recibió una ayuda significativa de partidas "discrecionales" enviadas por el Tesoro nacional, que representaron más del 10% del total de recursos previstos para 2022 y 2023. Con un volumen total de recursos más elevado, la incidencia salarial disminuyó levemente.
Çon la llegada de la gestión libertaria, esa asistencia financiera se interrumpió con la suspensión del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, el Fondo de Incentivo Docente, el Fondo de Transporte y otros programas. Así, en menos de un cuatrimestre, Kicillof dejó de recibir casi $800 mil millones.
Según estimaciones de la oficina del senador del Frente Federal, esa suma equivale a "dos masas salariales", es decir, el costo de pagar dos meses de sueldo a toda la plantilla estatal. Sin embargo, en su rol de firme opositor a las políticas libertarias, Kicillof no planea reducir empleos públicos ni retrasar los salarios de los estatales.
Esta semana, el bonaerense se reunió con los gremios que representan a los trabajadores del sector para la "paritaria mensual" que ha implementado desde que la inflación se descontroló.
Para mayo, Kicillof propuso un aumento del 7,5% promedio, sumándose a los incrementos ya concedidos: 25% en enero, 20% en febrero, 13,5% en marzo y 9,5% en abril. En este contexto, según cálculos sindicales, un salario promedio en la administración provincial supera los 400 mil pesos.