Factura electrónica: las claves de su aplicación en la Argentina

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha dado pasos decididos para potenciar la factura electrónica en todos los sectores de la economí­a argentina. Con ello, se pretende ampliar a corto plazo los controles en la emisión de facturas en todos los ámbitos de la sociedad, como pieza fundamental en la lucha contra el fraude.

Esta apuesta por la adopción de las nuevas tecnologí­as fue confirmada y ampliada con el reciente anuncio oficial que convirtió a esa dependencia y la ANSES en los primeros organismos certificadores de firma digital -lo que habilita la efectiva utilización de ese instrumento en Argentina.

Son, sin duda, los primeros pasos hacia la concreción de la identidad digital, una tendencia que ya es una realidad concreta y palpable en muchos paí­ses, y no sólo del "primer mundo".

En cuanto la factura electrónica, la AFIP pretende facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de las obligaciones y optimizar las funciones de fiscalización y control. Para tal fin, ha puesto en marcha una primera fase de implementación dirigida a ciertos sectores económicos con un nivel de facturación, que ya desde enero de 2009 están obligados a utilizar un comprobante electrónico.

En la paulatina expansión -tanto de la e-factura como de la firma digital-, resulta clave el impulso gubernamental a través de leyes que favorezcan su adopción, mientras que la galopante crisis que atraviesa la economí­a mundial podrí­a contribuir a la aceleración del proceso.

Por ejemplo, en lo que respecta al apoyo de las Administraciones Públicas, la propia AFIP obliga a los fabricantes de bienes de capital, informática y telecomunicaciones a emitir sus facturas de forma digital, como condición imprescindible para beneficiarse de los bonos fiscales en el pago de impuestos, como ha informado iProfesional oportunamente. Ahorro de costos y otras ventajas En cuanto a la incidencia que la crisis económica pueda tener en el despegue de la e-factura, viene marcada por los notables ahorros que implica este sistema: una empresa que emite alrededor de 16 mil facturas al año, podrí­a ahorrar la impresión de 130 mil hojas –un importante gasto de tinta y de papel-, unos €1.600 en sobres y cerca de 30 mil anuales en el franqueo de enví­os.

Estos datos, extraí­dos de la experiencia real con uno de nuestros clientes en España, se ven refrendados con lo que estiman algunas de las consultoras más importantes del planeta: según Gartner, la factura electrónica permite reducir costos en torno al 66%, mientras que PriceWaterHouseCoopers habla de un ahorro de entre 60% y 80 por ciento.

A la vista de estas cifras, y con la acuciante necesidad de austeridad, no es de extrañar que el interés por la factura electrónica se haya disparado en los últimos meses. Al eliminar el papel impreso, el sobre, el sello y otros elementos logí­sticos, con la e-factura no sólo se reducen los gastos, además se es más respetuoso con el medio ambiente. Teniendo en cuenta que por cada millón de hojas es necesario talar 56 árboles, nos encontramos ante otro argumento irrefutable a favor del mundo digital.

La reducción de trámites burocráticos es otro de los fuertes de la factura electrónica: se evitan desplazamientos y se simplifica el papeleo. Por su parte, la inmediatez de emisión/recepción y la sencillez a la hora de gestionar el archivo de facturas también resultan determinantes: se elimina la necesidad de disponer de espacio fí­sico para su almacenamiento y en caso de desastre natural -como un incendio o inundación-, bastarí­a con recurrir a la copia de seguridad en servidores externos que hayamos efectuado de todo nuestro archivo.

Por último, la seguridad y privacidad de los documentos se ven igualmente fortalecidas, ya que protege contra posibles falsificaciones al incorporarse diversos mecanismos de autenticación e identificación.

La mayor funcionalidad, manejabilidad, indexación, seguridad y ahorro de tiempo y dinero que trae consigo han propiciado que cada vez más profesionales se interesen por recurrir a la e-factura.La factura electrónica en Argentina: situación actual

Tras sucesivas prórrogas de esta primera fase –la implementación inicial estaba prevista para noviembre del año pasado, desde enero de 2009, la AFIP exige que recurran al Régimen de Emisión de Comprobantes Electrónicos (RECE), a los profesionales de ciertas actividades (abogados, contadores públicos, actuarios, escribanos, ingenieros, arquitectos y licenciados en Administración, Economí­a o Sistemas) cuya facturación anual supere los 600 mil pesos. La norma es aún optativa para los que facturen entre 300 mil y 600 mil pesos.

Los plazos ya son definitivos y la puesta en marcha de la e-factura se convierte en imparable. Con esta medida, la AFIP intensifica su campaña contra la evasión, gracias a las mayores garantí­as que propicia la factura electrónica para ambas partes.

En contra de lo que muchos temen, este sistema apenas presenta dificultades de adaptación y tampoco requiere de grandes desembolsos iniciales. Es más: el gran inconveniente actual es la falta de información y el desconocimiento del sistema por parte de las empresas. No hay de qué preocuparse, y el tiempo nos dará la razón.Europa: pionera en facturación electrónica

Si atendemos a la situación de la e-factura en otros lugares del mundo, podremos hacernos una mejor idea de lo que se avecina. Europa constituye uno de los entornos más avanzado, tanto en facturación electrónica como en identidad digital en general, gracias a la creación en 1999 de una directiva comunitaria europea que perseguí­a su generalización, al igual que ahora pretende la AFIP en Argentina.

Este punto de inflexión sitúa al viejo continente en una situación privilegiada, y junto a los paí­ses escandinavos, España es otro de los grandes referentes y pioneros en su implementación.

La Agencia Tributaria de España fue una de las primeras en aplicar tal directiva, aportando incentivos tan atractivos para los ciudadanos como una mayor agilidad a la hora de recibir las devoluciones de impuestos -cuando el resultado de la declaración fuera favorable al solicitante-, o estableciendo la obligatoriedad de facturar electrónicamente en todo intercambio comercial con la Administración.

Con ello, se buscaba extender las ventajas de la e-factura a todos los ámbitos profesionales de la sociedad española, en aras de mejorar la productividad y los resultados económicos de su tejido empresarial.

En 2008, un 6,1% de las empresas españolas disponí­an ya de factura electrónica, cifra que se prevé siga creciendo exponencialmente en los próximos años. Según datos de la Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC), el ahorro por factura electrónica recibida asciende €0,70, mientras que la empresa emisora evita gastar €1,85 gracias al formato digital, mientras que otras estimaciones indican que la facturación y conservación electrónica podrí­a ahorrar € 18 millones en Europa. La realidad latinoamericana

Por último, si revisamos la situación en los demás paí­ses de la región, un punto especialmente es la importancia que la factura electrónica y la firma digital están cobrando para las empresas exportadoras; en ocasiones, los pedidos se sirven sin firma previa en ningún tipo de contrato, con lo que la cobertura legal a la hora de reclamar los pagos queda en el aire.

Gracias a una herramienta de firma digital, se puede firmar de inmediato un pedido en el mismo momento en el que se efectúa. En este sentido, las empresas latinoamericanas pueden estar más tranquilas, tanto a la hora de importar como de exportar, algo más crucial que nunca dados los altos niveles de impagados que la crisis económica está provocando.

Si observamos la realidad por paí­s, encontramos que Ecuador es hoy el más avanzado, seguido por Chile y México -el caso que más se ajusta al argentino-, donde el del Servicio de Administración Tributario (SAT) ya exige la firma digital avanzada a particulares y empresas para ciertos trámites. Si duda estos paí­ses, junto a Argentina, lideran la apuesta por el sistema digital en la región; sin embargo, a paso lento pero firme, otros estados comienzan a transitar el camino, como Colombia y Costa Rica.

No cabe duda que la identidad digital está todaví­a en pañales en la región, pero también es un hecho que comienzan a hacerse esfuerzos reales y concretos por darle el auge que exigen los tiempos que corren.Rodolfo Lomascolo, Director General de ipsCA