Una copa de langostinos: el comercio interjurisdiccional bajo la lupa de la Corte y el desafío del federalismo
Hoy queremos poner el foco en un caso que está en trámite en la Corte Suprema de Justicia, donde el comercio de los langostinos y el federalismo argentino se encuentran en el centro de un gran debate. El caso, "Unión Pesquera Patagonia S.A. y otras c/ Provincia del Chubut", plantea preguntas sobre los límites de la autonomía provincial y la libertad de comercio entre provincias. En esencia, nos invita a reflexionar sobre el delicado equilibrio entre la independencia económica de cada provincia y la unidad económica nacional.
El Federalismo en la encrucijada
El federalismo argentino está diseñado para balancear la autonomía provincial y la integración nacional. Las provincias tienen el control sobre los recursos naturales en sus territorios, pero la Constitución también protege el libre comercio interprovincial, garantizando que ningún territorio imponga barreras o "aduanas internas" que dificulten el intercambio de bienes. Este principio evita que las provincias actúen como islas económicas independientes, promoviendo una economía nacional unificada.
Este caso, que trata sobre la circulación de langostinos entre provincias, expone una tensión clave: cómo respetar la autonomía de las provincias sin fragmentar el mercado interno. La Corte Suprema ahora debe decidir si permite que Chubut siga exigiendo que los langostinos sean procesados localmente o si, por el contrario, respalda el derecho de las empresas a comercializarlos sin restricciones en todo el país.
Los hechos del caso
Tres empresas pesqueras - Unión Pesquera Patagonia S.A., Pesquera Veraz S.A. y Explotación Pesquera de la Patagonia S.A. - pescan langostinos en aguas de Chubut y quieren transportarlos a Buenos Aires y Santa Cruz, donde cuentan con instalaciones de procesamiento. Sin embargo, Chubut exige, mediante la ley IX-157, que el procesamiento de los langostinos se realice dentro de la provincia antes de su traslado. Las empresas consideran que esta norma vulnera el derecho al libre comercio entre provincias y afecta la eficiencia de sus operaciones, ya que les impide procesar los productos en plantas más avanzadas y optimizar sus recursos en otras regiones. Por ello, han pedido a la Corte que declare inconstitucional esta restricción provincial.
Las demandantes sostienen que la exigencia de procesar el langostino en Chubut atenta contra su derecho constitucional a comerciar libremente entre provincias. Respaldan su postura en un fallo anterior, el caso "Pescargen S.A.", donde la Corte Suprema había declarado inconstitucional una medida similar, afirmando que solo el Congreso Nacional puede regular el tráfico comercial entre provincias.
Chubut defiende que su ley IX-157 es una expresión legítima de su autonomía, basada en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que le otorga la propiedad de los recursos naturales en su territorio. Argumenta que la medida busca fomentar la industria local, garantizar empleos y agregar valor a los productos locales. Desde su perspectiva, Chubut está en su derecho de regular cómo se explotan sus recursos naturales en beneficio del desarrollo económico local.
La Procuración General de la Nación ha respaldado la postura de las empresas, señalando que la ley de Chubut limita el libre comercio interprovincial. El dictamen recuerda que las provincias no pueden imponer restricciones que obstaculicen la circulación de bienes entre jurisdicciones, ya que esto contradice el concepto de un mercado federal integrado. También menciona el fallo "Pescargen S.A.", donde la Corte dejó en claro que las provincias no deben utilizar la titularidad territorial para crear barreras comerciales. En conclusión, la Procuración insta a la Corte a reafirmar el principio de libre comercio interprovincial como un pilar de la economía nacional.
Este caso es mucho más que un debate sobre el procesamiento de langostinos; es un examen del federalismo en su aspecto económico. Un fallo a favor de las empresas podría reforzar el derecho de comerciar sin barreras, incentivando la cooperación económica entre provincias. En cambio, un fallo favorable a Chubut podría abrir la puerta a políticas provinciales más restrictivas en otros sectores, fragmentando el mercado interno y elevando los costos para los consumidores y productores de todo el país.
Este conflicto refleja la necesidad de balancear la autonomía provincial con el desarrollo de un mercado unificado y competitivo. La decisión de la Corte no solo determinará los derechos de estas empresas pesqueras, sino que también sentará un nuevo precedente sobre el alcance del federalismo económico en Argentina.
Dra. Andrea Picasso y Dr. Lucas Rebecchi
Especialistas en Tributación