Los casos de Toyota y Banco Nación frente a las administraciones fiscales provinciales

Estimados lectores, hoy queremos llamar su atención respecto de dos casos recientemente analizados por la Procuración General de la Nación que tienen gran relevancia en la tributación subnacional. A continuación, los desarrollamos en detalle:

Caso Toyota Argentina S.A. y la Administración Tributaria de Mendoza

El primero de los casos involucra a Toyota Argentina S.A., una empresa automotriz que fabrica y vende vehículos en todo el país. La cuestión se originó cuando la Administración Tributaria de Mendoza determinó que Toyota debía pagar un monto adicional en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) correspondiente a los años 2009 a 2012. Este impuesto grava las ventas realizadas por la empresa en la provincia. Ante el reclamo de la administración, Toyota fue sancionada con multas y recargos por no haber abonado el impuesto en su totalidad.

La empresa argumentó que parte de esa deuda estaba prescripta, es decir, que ya no podía ser reclamada porque había pasado el tiempo legal para hacerlo. Sostuvo que el plazo para reclamar los impuestos debía contarse mes a mes, dado que el IIBB se paga de manera mensual. La Corte Suprema de Mendoza coincidió parcialmente con Toyota, estableciendo que los impuestos correspondientes a los años 2009 y 2010 ya no podían cobrarse por haber transcurrido más de cinco años. Sin embargo, consideró que los montos de 2011 y enero de 2012 aún eran exigibles, ya que una inspección realizada en marzo de 2012 había interrumpido el plazo de prescripción.

No satisfecha con el fallo parcial, Toyota llevó el caso ante la Corte Suprema de la Nación, argumentando que la decisión de Mendoza era incorrecta en dos puntos clave:

1. Que los plazos de prescripción debían contarse mes a mes y no anualmente.

2. Que las multas impuestas por la administración debían prescribirse bajo las normas del Código Penal, ya que estas son sanciones, y no bajo el Código Civil, que regula las deudas.

La Procuración intervino y concluyó que la Corte de Mendoza no había justificado adecuadamente el uso del viejo Código Civil para resolver el caso, cuando ya estaba vigente el Código Civil y Comercial actual. También respaldó la postura de Toyota sobre la aplicación del Código Penal para las multas. Finalmente, recomendó que la sentencia de Mendoza sea anulada y se dicte una nueva, más fundamentada.

Caso Banco Nación y el incremento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en La Pampa

El segundo caso involucra al Banco de la Nación Argentina y la provincia de La Pampa. El conflicto comenzó cuando La Pampa decidió incrementar la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que las entidades financieras deben pagar, subiéndola del 9,10% al 15,47% para los bancos que superaran cierto nivel de ingresos.

El Banco Nación, considerando este aumento excesivo y desproporcionado, presentó una demanda solicitando que se declare inconstitucional la ley provincial que estableció dicha suba. El banco argumentó que esta medida afectaba su capacidad operativa en la provincia, ya que con las ganancias obtenidas en La Pampa no podían cubrir el nuevo monto impositivo, teniendo que recurrir a las utilidades generadas en otras provincias para hacerlo. Asimismo, señalaron que esta alícuota era la más alta del país, lo que violaba los principios de razonabilidad y proporcionalidad establecidos en la Constitución Nacional.

Además, el banco destacó que, de replicarse esta alícuota en otras provincias, se vería afectada la capacidad regulatoria del Banco Central de la República Argentina (BCRA), dado que los bancos no podrían trasladar ese costo a los clientes sin afectar las tasas de interés y comisiones que fija el BCRA.

Frente a esto, el Ministerio Público dictaminó que, por tratarse de un conflicto entre una entidad nacional (el Banco Nación) y una provincia (La Pampa), la Corte Suprema de Justicia tenía competencia originaria para resolver el caso. Así, el tribunal deberá decidir si el incremento del impuesto es razonable y constitucional, o si efectivamente resulta un obstáculo para la actividad financiera del banco en La Pampa.

Ambos casos son ejemplos claros de cómo las decisiones fiscales locales pueden tener repercusiones importantes sobre el sector empresarial y financiero, y cómo estos conflictos llegan a los tribunales más altos del país para resolver cuestiones que no solo afectan a las partes involucradas, sino que podrían sentar precedentes a nivel nacional. Estaremos atentos a las resoluciones de la Corte Suprema, que sin duda tendrán un impacto significativo en el ámbito tributario.

Dra. Andrea Picasso y Dr. Lucas Rebecchi

Especialistas en Tributación