Coparticipación: Jorge Macri no llegó a un acuerdo con el Gobierno y se amplía el conflicto

Durante esta jornada, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se reunió en una audiencia con las autoridades del Estado nacional en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para hablar sobre el litigio de la Ciudad de Buenos Aires y la Nación respecto a la coparticipación.

Macri pidió que el Gobierno cumpla con los parámetros que fueron establecidos en el fallo realizado por el máximo tribunal en diciembre de 2022. Pero no se llegó a ningún acuerdo. Aunque la reunión era informativa, cada uno presentó diferentes criterios, lo que se suma al conflicto que ya tienen entre el PRO y La Libertad Avanza.

Jorge Macri no llegó a un acuerdo con el Gobierno Nacional por la coparticipación

Desde el Gobierno, el citado por la Justicia fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien no asistió y mandó en su lugar a Carlos Guberman, secretario de Hacienda, José María García Hamilton, secretario Legal y Administrativo, Valeria Sánchez, subsecretaria de coordinación fiscal provincial y Alejandro Speroni, subsecretario Legal.

Por su parte, Jorge Macri estuvo presente, acompañado por el procurador general de la Ciudad, Martín Ocampo; y el abogado constitucionalista, Antonio María Hernández.

Luego de una hora y media que duró la audiencia en la sala Carmen Argibay, en el Palacio de Tribunales, no se llegó a ningún acuerdo.

Qué pide Jorge Macri al Gobierno Nacional por la coparticipación

La demanda del gobierno porteño por los fondos comenzó en septiembre del 2020, cuando el por entonces presidente de Alberto Fernández redujo el porcentaje de fondos que le corresponden en la coparticipación de recursos públicos. 

En ese marco, la Ciudad reclama que se restablezca en forma inmediata su derecho a percibir el porcentaje de participación equivalente al 3,5% originado en el "Consenso Fiscal", ratificado por la ley 27.429 y por el decreto 257/18 y se ordene la restitución de los ilegítimamente retraídos, con intereses. 

A su criterio, la Casa Rosada no podía "modificar unilateralmente" el monto de fondos coparticipables que le correspondía, dado que este fue siempre establecido mediante el acuerdo de la Ciudad de Buenos Aires con el Estado Nacional. También se sostuvo que esos acuerdos deben ser ratificados por la vía legislativa.

A fines del 2022, la Corte Suprema hizo lugar a una medida cautelar a favor de la Ciudad de Buenos Aires y ordenó que el Estado Nacional le entregue el 2,95% de la masa de fondos definida en el artículo 2° de la ley 23.548, que le fuera reducida primero por un Decreto del Presidente Alberto Fernández, y luego por ley sancionada en el Congreso de la Nación. A inicios del 2023, el Gobierno Nacional impulsó un juicio político contra los jueces de la Corte Suprema y el fallo no fue acatado.

En julio, Caputo y Jorge Macri se reunieron para destrabar el conflicto y, luego del encuentro, el jefe de gobierno porteño se mostró optimista. "Se va a cumplir con lo que la Corte indica a partir del 1° de agosto, en el porcentaje que dice. Y vamos a ir juntos a la Corte a dialogar. Por eso, el pago de la deuda va a ser parte de la charla. Tenemos la tranquilidad de que a partir de ese momento se empiece a cumplir con esta indicación y juntos vamos a buscar una solución definitiva a esta discusión", dijo Macri.

La historia del conflicto entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires

En lo que respecta exclusivamente a la relación entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, el "pecado original" de la ley de Coparticipación estriba en que al momento de su sanción legislativa la entonces Capital Federal no contaba con autonomía y, por ende, no participó del reparto, al igual que Tierra del Fuego, por aquella época territorio nacional.

De todos modos, la resolución del caso para porteños y fueguinos no fue similar: los patagónicos -una vez lograda su autonomía en 1991- se sumaron como la provincia 23 dentro de la distribución secundaria (reparto porcentual entre las provincias, luego de la división entre los recursos destinados a estas y los correspondientes a la Nación), pero a CABA se le concedieron los recursos por fuera de ese conjunto, detrayéndolos directamente de la masa reservada al Estado nacional.

Por otra parte, a diferencia de las 23 provincias, con alícuotas determinadas por ley, la Ciudad estuvo hasta 2021 pendiente de la asignación de los recursos a través de sucesivos decretos del Poder Ejecutivo Nacional.

A través de decreto 705 del 25 de marzo de 2003, el presidente Eduardo Duhalde le asignó a la Ciudad un coeficiente del 1,40%.

Poco después de su asunción presidencial, Mauricio Macri elevó esa alícuota al 3,75% mediante el decreto 194 del 18 de enero de 2016, "en aras de asegurar el desenvolvimiento fiscal y patrimonial que permita consolidando la organización y funcionamiento institucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y proseguir asumiendo sus competencias, servicios y funciones inherentes a su régimen autónomo".

El decreto 399 del 24 de febrero del mismo año aclaró a qué se refería el anterior, al precisar que la diferencia entre el 3,75% y el 1,4% previo será destinada "para consolidar la organización y funcionamiento institucional de las funciones de seguridad pública", es decir el traspaso de la Policía Federal a la Metropolitana, tema que ya había generado varias rispideces con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner cuando Macri se desempeñaba como jefe de Gobierno del distrito.

El 28 de marzo de 2018, luego de la firma del Consenso Fiscal y ante el reclamo de las provincias, Macri reduce el porcentaje al 3,50% mediante el decreto 257, "de forma tal de mantenerla en condiciones de igualdad con el resto de las jurisdicciones".

El 9 de septiembre de 2020, en medio de una crisis que desencadenó una protesta de efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el presidente Alberto Fernández anunció el decreto 735, que le adjudica a la Ciudad un coeficiente del 2,32%, además de indicar en sus considerandos que el Congreso deberá fijarlo en el 1,40%, a fin de cumplir "con la manda constitucional de proveer al crecimiento armónico de la Nación" y cuestionar los aumentos dispuestos por Macri, por entender que con ellos "se vieron afectados los intereses generales de la Nación en su conjunto".

Ese 1,40%, vigente hasta que el Gobierno concrete la alícuota del 2,95% fijada por la Corte Suprema de Justicia, fue establecido en la ley 27.606 sancionada el 10 de diciembre de 2020.