En medio del escándalo por supuestas irregularidades del Polo Obrero con comedores, la Corte Suprema de Justicia confirmó de forma unánime la condena de dos punteras por extorsionar a beneficiarios de planes sociales, desde la Municipalidad de José C. Paz.

En un momento clave de la pulseada entre el Gobierno y los piqueteros, la Corte Suprema da una señal clara, que afectará el trámite de la causa por los comedores del Polo Obrero y cuadernos de sanciones a beneficiarios, que lleva adelante el cuestionado juez Sebastián Casanello, tras una advertencia de la Cámara de Apelaciones.

¿Cómo es la causa contra piqueteros que falló la Corte Suprema?

Jésica Karina González y María Teresa Zamora, que respondían al entonces intendente de José C. Paz, Carlos Urquiaga, fueron acusadas de exigir a por lo menos 15 destinatarios de los planes Trabajar y Argentina Trabaja que les abonasen la mitad del dinero que percibían, bajo amenaza de darles de baja los planes sociales.

Ambas mujeres cumplían funciones como empleadas del sector de acción social en la municipalidad y eran referentes de una agrupación social barrial que resultó destinataria de unos 1.000 de esos planes sociales entre marzo de 2010 y diciembre de 2012.

A partir de los conocimientos que tenían acerca de los destinatarios de dichos planes y de las contraprestaciones que debían cumplir, exigían el pago de parte del dinero percibido.

¿Cómo fue la condena de las piqueteras?

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de San Martín impuso a ambas punteras 5 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo de la condena.

Las condenadas recurrieron esa decisión hasta llegar a la Corte y el Máximo Tribunal, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, desestimó de forma unánime los planteos, y ambas condenas quedaron firmes.

La Corte Suprema confirmó la condena de dos piqueteras en medio de la causa comedores

¿De qué se trata la causa contra el Polo Obrero?

La causa de los comedores del Polo Obrero se originó el 20 de diciembre, el día que se preparaba la primera movilización de piqueteros contra Javier Milei y el Gobierno habilitó el número 134 del Ministerio de Seguridad para que los ciudadanos hicieran denuncias anónimamente. S

El Gobierno hizo una denuncia en los tribunales de Comodoro Py, con reportes de todo el país, y el fiscal Pollicita, que recibió la investigación delegada, se focalizó en las 45 que tuvieron lugar en la Capital Federal, su jurisdicción localizó a siete, de las cuales, 5 personas se animaron a declarar.

Para el fiscal Gerardo Pollicita, "al amparo de la apariencia de una actividad solidaria como es la administración de un comedor popular, se montaron al menos tres grupos de personas que, valiéndose de las facultades que les otorgara el ex Ministerio de Desarrollo Social en el marco del Plan Potenciar Trabajo, se dedicaron sistemáticamente a exigir dinero a los beneficiarios de dicha prestación social".

¿Qué dijo Casanello en la causa de los comedores?

Una vez que le llegó la investigación, el juez Casanello adoptó la decisión de "avanzar en el estudio patrimonial de las personas investigadas, en el marco de los acuerdos suscriptos con el Estado, debido a que la percepción y disposición ilegítima de fondos públicos integraba una parte de los hechos objeto de la causa".

Así, Casanello determinó que "diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas Asociación Polo Obrero y Cooperativa El Resplandor Ltda., habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social en el marco del programa Potenciar Trabajo".

El juez basó su apreciación en "la comprobación del empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos"

"Se trató de montos significativos que fueron canalizados a través del uso de diferentes personas jurídicas, con la finalidad de obtener un beneficio particularizado. Así, lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria", subrayó.

Según Casanello, "dicha maniobra se vio complementada con la exigencia a quienes acudían a determinados comedores comunitarios y eran beneficiarios del Plan Trabajar de concurrir a movilizaciones político-partidarias (con banderas identificatorias), aportar sumas de dinero a la organización y hasta votar por un candidato en particular -referenciado en el propio espacio político- en elecciones generales, bajo la amenaza de perder la ayuda estatal".

Ahora la Corte Suprema dio un espaldarazo a la investigación de irregularidades del Polo Obrero, al confirmar la condena de dos piqueteras por extorsión con planes sociales.