Más impuestos disfrazados de tasas y una pregunta: ¿dejará de suceder algún día?

En los últimos meses distintos gobiernos municipales pusieron en marcha medidas que, más allá de los justificativos formales y de su aprobación legislativa, acumulan grandes críticas y rechazos.

En Azul, por caso, el Consejo Deliberante decidió aprobar una tasa que recae sobre el campo. Fueron, precisamente, los productores quienes se manifestaron en contra desde el momento de su anuncio.

En Rosario, en tanto, también se hizo uso (más bien, abuso) de las potestades fiscales para establecer una tasa vial que recae sobre los combustibles, que encareció significativamente el valor de las naftas en la ciudad.

En estos días, como si la dudosa legalidad de estas medidas no hubiese generado mucho ruido, Bolívar aprobó un incremento de la tasa vial en un 500% sin un argumento que justifique la decisión.

Ahora bien, ¿por qué son tan resistidas? Se sabe que los impuestos nunca son bienvenidos por quienes deben afrontarlos. Y no es algo exclusivamente argentino, sino que se encuentra a lo largo y ancho del mundo

Sin embargo, en estos casos, la respuesta se encuentra en los argumentos reales que llevan a tomar estas cuestionables decisiones: la falta de fondos de los municipios para sostener gastos.

Qué características tienen las tasas

Las administraciones de menor jerarquía sólo pueden -en términos constitucionales- imponer tasas, que son tributos muy especiales y que tienen un alcance bastante limitado respecto a montos y alcance en general.

Por Darío Rajmilovich, socio de Expansion Holding

Si bien las facultades tributarias de los gobiernos municipales están establecidas en la Constitución, lo cierto es que fue la Corte Suprema la que ayudó, a través de sus fallos, a definir con precisión las características que deberían tener.

A modo de síntesis, se puede decir que deben cumplir con tres requisitos:

1. Debe existir una contraprestación real o eventual. Contraprestación que puede o no ser recibida por el contribuyente en cuestión.

2. Debe poder individualizarse el contribuyente.

3. El monto debe ser razonable respecto del servicio que se presta (o sea que no deberían ser ni irrisorios ni desproporcionados).

No obstante, pese a la claridad y a la innumerable cantidad de fallos que alimentaron las definiciones del máximo tribunal, las necesidades económicas chocan con la realidad.

Así, en la práctica, los municipios que tienen problemas en la administración de sus ingresos terminan buscando recursos de cualquier lado. Incluso, sabiendo que el resultado sean normas que rocen (o choquen) su legalidad.

Rebelión en puerta

El panorama que se presenta es sumamente complejo. La gran mayoría de las provincias arrastran rojos fiscales que buscan solucionar a través de impuestazos y de recortes que los fondos a los municipios.

Casi todos los intendentes, en vez de sanear las cuentas públicas a través del recorte de gastos, buscan incrementar los ingresos por medio de nuevas tasas o del aumento indiscriminado de sus alícuotas.

Ante esto, los contribuyentes vulnerados sólo tienen dos alternativas: recurrir a la Justicia (reclamando la inconstitucionalidad de los instrumentos usados por los municipios) o a medidas de fuerza, como la rebelión fiscal.

En California, un aumento del 50% de la alícuota del impuesto inmobiliario provocó una resistencia que se materializó en 4 meses de impagos generalizados. El resultado: reconocimiento del error gubernamental, reducción de la alícuota y de los gastos.

Muchas veces se lanzaron advertencias de rebelión tributaria en los últimos años en la Argentina, pero nunca se materializaron. Sin embargo, en un escenario de tanta crispación, nada dice que esto pueda suceder finalmente.

¿Existe una solución?

Pese al oscuro escenario, las cosas pueden revertirse. Para eso es necesario que se lleve adelante una reforma impositiva integral, que incluya tanto a la Nación como a las provincias y los municipios.

Los cuatro pilares sobre los que deberían sostenerse deberían ser la eliminación de impuestos malos, el mejoramiento de los buenos tributos, el establecimiento de límites claros y el control del gasto para evitar déficits reiterados.

Puede sonar a imposible. Pero para encontrar ejemplos de que no lo es, basta con ver las reformas que está implementando Brasil en estos momentos, que busca derrotar su ineficiencia fiscal.

Por eso, es tiempo ya de pensar en una reforma tributaria en serio, que sea integral y que respete, de una buena vez, los principios de equidad, eficiencia y equilibrio presupuestario.

Por Darío Rajmilovich, socio de Expansion Holding